La Diputación de Segovia ha celebrado el último Pleno del año que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y ha servido para aprobar las nuevas bases del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales en la Provincia dotado con siete millones de euros y que reduce considerablemente el porcentaje aportado por los ayuntamientos, ya que aumenta la aportación de la Diputación en los municipios más pequeños que será del 80% en el caso de los que tienen hasta 100 habitantes, del 75% en los de 101 a 500 y del 70% en los de más de 501 habitantes. Este punto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y de los dos diputados no adscritos, mientras que IU y Vox se han abstenido y el grupo socialista ha votado en contra.

En el debate, José Antonio Mateo ha pedido que “se siga aumentando la dotación en años venideros para que los pueblos puedan realizar esas obras que no podrían hacer con fondos propios”, mientras que Ana Peñalosa se ha congratulado de “este avance en la transparencia y de que empiecen por fin a repartirse con objetividad gracias a la labor de IU, ya que hasta ahora se venía haciendo de manera discrecional”. Por su parte, Pedro Varela se ha alegrado de las mejoras que se han hecho y ha fundamentado su abstención en que “se introduzca la demolición de edificios en ruina, ya que no es el camino para afrontar este problema”. Además, ha lanzado un mensaje asegurando que “los únicos municipios que no pueden acceder a estos planes, serán los que no estén bien gestionados”.

En su turno, Máximo San Macario ha asegurado que “este PAIMP se queda corto, por presupuesto y porque los ayuntamientos necesitan más tiempo para ejecutar las obras”; mientras que el portavoz popular, José María Bravo ha lamentado que las propuestas del PSOE no se hayan expuesto en la Comisión informativa “donde hubiera habido margen de maniobra” y le ha afeado que “usted lanza ideas sin tener en cuenta las reglas fiscales ni la estabilidad presupuestaria”. Para Bravo, las bases “se modifican por las necesidades que nos trasladan los alcaldes en nuestras innumerables visitas a los pueblos, no porque ustedes nos lo digan”.

Al margen de la aprobación de las bases del PAIMP que, además, reducen los trámites administrativos en la solicitud y en la justificación, en la sesión plenaria se ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos el incremento retributivo del 2,5% al personal de la Diputación, que se pagará el 29 de diciembre, con un importe cercano al millón de euros. Además, el acuerdo ya recoge el aumento del 1,5% para 2026, contemplado en el Presupuesto. En este punto, el presidente Miguel Ángel de Vicente ha felicitado a los equipos económicos, de recursos humanos y nóminas “que en este periodo tan cargado de trabajo hayan hecho posible esta medida”. Otro motivo de felicitación han sido los 4,6 días en los que se ha fijado el periodo medio de pago a proveedores en el tercer trimestre del año.

Cinco mociones presentadas

En cuanto al turno de mociones, han salido adelante tres de las cinco propuestas. Uno de ellas sobre el problema del tráfico en la travesía de Chañe, propuesta por el grupo socialista ha sido aprobada por unanimidad tras cambiar ese texto inicial por una enmienda presentada por el grupo popular en la que se acordaba proponer a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Segovia que se realicen los estudios necesarios por parte de las dos administraciones competentes, y a la finalización de dichos estudios se realicen las medidas planteadas entre las partes, en ambos caso a la mayor brevedad posible y contando con el Ayuntamiento de Chañe.

En este sentido, el protagonista del debate ha sido el diputado del PP y alcalde de Chañe, Dionisio García quien ha lamentado que “al PSOE no le interesa nada este tema, sólo le interesan las elecciones que hay en la Junta dentro de tres meses”. Tanto él como el diputado no adscrito, José Antonio Mateo y el diputado de Vox, Pedro Varela han denunciado que “el texto del PSOE nada tiene que ver con el acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Chañe”, un término que había defendido el socialista Carlos Fraile. A esto se ha sumado otra crítica al considerar que “técnicos de la Junta y la Diputación ya han visitado la travesía y se están tomando medidas” y, además, “este es un problema de michos otros pueblos del entorno de los que ustedes no hablan”.

La moción presentada por el diputado no adscrito, David Gutiérrez sobre la implantación de la enfermería escolar en todos los centros escolares públicos como una medida “de prevención e igualdad de oportunidades” ha sido respaldada por todos los grupos, menos el PP ya que, tal y como ha explicado su portavoz, “se trata de un debate autonómico que, además, ya tiene un protocolo establecido y desde 2021 existe una normativa donde se regulan las cuestiones que se han expuesto aquí, abriéndose un importante abanico de posibilidades para dar respuesta a las necesidades”.

En la tercera moción, el grupo popular ha mostrado su preocupación por las consecuencias que traerá al funcionamiento de los ayuntamientos la implantación de las Oficinas de Justicia en el Municipio previstas en la Ley Orgánica 1/2025 y, por tanto, ha instado al Ministerio de Justicia a que clarifique, adecuadamente, las competencias administrativas y financieras que les afectan. Además, reclama al Gobierno de España que asuma plenamente la financiación, dotación de personal y gestión de dichas oficinas en todos los municipios de la provincia de Segovia y, por último, que fortalezca la propia estructura ya creada de las agrupaciones de secretaría de juzgados de paz, “por ser estructuras organizativas fundamentales en el funcionamiento de la justicia en el medio rural”.

A favor de esta medida han votado los dos diputados no adscritos y el diputado de Vox, Pedro Varela quien ha denunciado que se trata de “otro ataque más a la justicia de este Gobierno que roza lo criminal en ese aspecto”. Por su parte, IU y PSOE les han acusado de “dibujar un panorama catastrofista” a lo que el presidente ha respondido que “esta moción defiende a los ayuntamientos, no los utiliza para el debate político”, al tiempo que ha aclarado que es una ley con “muchos debes” exponiendo que “no hay dotación presupuestaria y la Diputación ha pagado la herramienta digital para que los ayuntamientos puedan acceder a la plataforma”.

La cuarta de las mociones, presentada por IU para establecer una ayuda de 18.000 euros para el transporte de personas usuarias de la Asociación Parkinson Segovia ha contado con el apoyo de los dos diputados no adscritos y el de Vox, la abstención del PSOE y los votos en contra del equipo de Gobierno, por lo que no ha prosperado y, Miguel Ángel de Vicente ha interpelado a la proponente cuestionándose “dónde están aquí los criterios justos, objetivos y no discrecionales” y le ha pedido que “retire la moción en base a los criterios que usted utiliza contra este equipo de Gobierno, porque usted no quiere hacerlo llegar a todas las asociaciones sino a la que usted le interesa; y eso en mi pueblo se llama hipocresía”.

Por último, sí ha sido aprobada la moción presentada por el representante de Vox, Pedro Varela para suspender la obligatoriedad de la baliza V16, algo que él ha calificado como “tocomocho o timo de la estampita”, acusando al Gobierno de España de “ser único en el mamoneo de sangrar a los ciudadanos y ponernos en peligro”. Ha contado con el apoyo del grupo popular y el diputado José Antonio Mateo al considerar que “no garantiza la seguridad y van a seguir siendo necesarios los triángulos”.