Antonia es una mujer de 73 años residente en Segovia que vive una complicada situación familiar a causa de la enfermedad de su único hijo, quien padece Síndrome de Asperger.

Tal y como ha confesado en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, le diagnosticaron la enfermedad hace 22 años, cuando por aquel entonces el joven acababa de cumplir la mayoría de edad.

Si bien, en aquel momento, Antonia ya sabía que su hijo "tenía algún problema". "Pero, como siempre ha sido muy inteligente, en el colegio me decían que era un vago y que nos estaba tomando el pelo a todos. Un desastre".

De este modo, Antonia se encontró con un panorama nada favorable, pues, según explica, "no tenía a nadie a quien preguntar sobre cómo iba el tema, ni tampoco había asociaciones de autismo en Segovia que me pudiesen ayudar. Era todo a ciegas y yo estaba bastante perdida", revela.

Por ello, decidió irse a Madrid en busca de ayuda. Allí, por pura casualidad, dio con un grupo de trabajo de autistas en la Universidad Autónoma que consiguió orientarla un poco.

Así, poco a poco fue adquiriendo cada vez más conocimientos sobre el tema que le permitieron entender mejor la enfermedad de su hijo y le brindaron técnicas suficientes con las que poder empezar a hacer frente a la desagradable situación que le acompañaba desde hacía tiempo.

Entonces, Antonia empezó a hablar "horas y horas" con su hijo para intentar hacerle entender lo que le pasaba y también a buscar todo tipo de respaldo que pudiese aliviar su situación.

Con todo ello, ha logrado que este sea una persona "bastante autónoma", que puede desplazarse por su cuenta e incluso trabajar.

De hecho, él vive solo en un piso que Antonia posee en Segovia, aunque si bien es cierto que precisa ayuda para algunas tareas básicas del día a día.

Una situación que le ha llevado a estar bajo la tutela de su progenitora y también a recibir ayuda externa.

"No se destina dinero suficiente"

Hace tiempo que Antonia se acogió a la Ley de Dependencia por tratarse de un servicio que a ella, personalmente, le simplifica la vida. Si bien, según denuncia, no lo hace "como debería".

En este sentido, la septuagenaria explica que, pese a tratarse de una ley nacional, las competencias de esta norma fueron transferidas a las comunidades autónomas.

De tal manera que, aunque las autonomías tienen que respetar el marco legal nacional, estas son las que se encargan de la evaluación de las personas y la gestión y aplicación de los servicios y prestaciones establecidos por la ley, adaptándolos a cada territorio.

Es aquí donde vienen las quejas de Antonia, quien, además de criticar que "la Junta de Castilla y León no destina el dinero suficiente a la Ley de Dependencia", también carga contra la gestión de la Administración regional y de algunos ayuntamientos y diputaciones de dos tipos de atención a las personas dependientes.

Así, explica que por un lado está la atención en centros residenciales y por otro lo referente al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que, precisamente, es lo que afecta a su hijo.

Una atención "degradada"

En cuanto a la primera modalidad, Antonia denuncia el hecho de que estos centros hayan pasado de ser sociosanitarios a sociales, dado que esto ha supuesto que "ya no sea imprescindible que haya al menos un médico y un enfermero".

"El problema es que los usuarios que suelen estar allí son personas con pluripatologías que pueden necesitar atención sanitaria en cualquier momento. Al no haberla en el propio centro, tienen que recurrir a la Atención Primaria, lo que, además de retrasos, supone sobrecargar aún más un sistema que ya de por sí es precario", apunta.

Además, añade, "hay centros con áreas de Enfermería y Medicina integradas por personas no cualificadas para dar medicación, poner insulina, etc., lo que también significa que esta medida ha degradado aún más la atención".

Un servicio "horroroso"

En lo que respecta a la atención domiciliaria, Antonia señala que el hecho de que esta se haya privatizado como "el principal problema".

En este sentido, denuncia que las empresas encargadas de este servicio ofrecen condiciones laborales "horrorosas" que las han llevado a registrar una importante falta de trabajadores.

Según Antonia, esto, a su vez, ha hecho que las entidades se hayan visto obligadas a contratar a personas "no cualificadas" o con "poca formación" para realizar este trabajo, así como que estas tan solo presten servicio de una a tres horas por usuario, como máximo.

Un tiempo que para la septuagenaria es "totalmente escaso", teniendo en cuenta que su hijo únicamente se beneficia de un servicio de una hora de lunes a viernes". Y ni siquiera eso, pues, según denuncia Antonia, este se ve reducido a 55 minutos.

"A ellos les pagan por las horas en las que están prestando servicio en los domicilios, pero sin contar los desplazamientos como tiempo efectivo de trabajo. Por eso, quitan al usuario cinco minutos del tiempo asignado a su cuidado para que así quede cubierto. Es un poco rocambolesco", sostiene.

Este es el resultado del último convenio laboral firmado para Castilla y León, donde se opta por compensar los desplazamientos detrayendo cinco minutos por cada hora de servicio en lugar de abonarlos.

Antonia también se queja de que por una hora de servicio diario se le haya retirado la prestación de cuidados en el entorno familiar de la que se beneficiaba antes de solicitar la Ayuda a Domicilio, así como de que no siempre sea la misma persona la que se encargue de atender a su vástago.

"Casi todos los autistas son personas a las que les cuesta mucho aceptar y entenderse con alguien y aun así, como el servicio es tan horroroso y no hay personas suficientes, cada vez viene alguien diferente".

"Y al final, llega un momento en el que prefieres que no venga nadie porque me resulta más cómodo eso, que ir a enseñar a una persona que a lo mejor no vuelve más", añade.

Reivindicaciones

Por todo ello, Antonia reclama que "profesionalicen la asistencia a las personas con discapacidad y de la tercera edad, formando a la gente y no contratando a cualquiera", y que fomenten "un servicio de control de calidad".

También que las administraciones competentes tengan en cuenta "que el trabajo precario de estas personas repercute tanto en la atención en centros residenciales como en la domiciliaria" y que incluyan una cláusula en la que se prohíba restar esos cinco minutos. "Porque es un atraco al más débil", apunta.

Harta de lo que para ella es una auténtica "injusticia", Antonia decidió presentar una queja en el Procurador del Común.

Si bien, dado que esto no le sirvió para nada, hace dos años optó por dar un paso más lanzándose a crear una asociación para personas con discapacidad y de la tercera edad bajo el nombre de Diversy Más junto a otros dos amigos.

Una agrupación que está a punto de ser una realidad y con la que, más allá de prestar ayuda y apoyo a familias que se encuentren en su situación, también pretenden lograr asesoría jurídica y justicia gratuita con la que poder llevar lo denunciado a la vía penal.

La Junta responde

Por su parte, la Junta de Castilla y León defiende en declaraciones a este periódico que, en primer lugar, la aplicación de la Ley de Dependencia por parte de la Administración regional ha sido merecedora de múltiples reconocimientos por parte de organismos oficiales y privados.

Esto, por "su gestión eficaz, sus niveles de cobertura y la reducción de los plazos". Una afirmación que complementa con datos:

"Mientras que la media de tiempo que las comunidades autónomas tardan en resolver el reconocimiento del grado de dependencia de una persona es de 342 días, en Castilla y León se resuelve en 118".

"Además, reconocemos los derechos de una persona a partir del segundo mes desde que presenta la solicitud, mientras que el resto de las comunidades lo hace a partir del sexto mes", señala.

En cuanto a los centros residenciales, defiende que “la normativa vigente garantiza la asistencia sanitaria en los centros de carácter residencial y en los centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración".

La Junta también sostiene, en relación a la cualificación de los profesionales, que "en Castilla y León se aplican los propios acuerdos de la Secretaría del Estado".

Finalmente, sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio, afirma que esta es una competencia de las entidades locales y que las condiciones que deben cumplir desde el punto de vista laboral son las recogidas en el Convenio Colectivo de Castilla y León para la actividad de ayuda a domicilio.

"Por tanto, deben ser los procedimientos de resolución de conflictos previstos en él o los procedimientos que decidan cada una de las partes, los que deberán ser utilizados para su resolución", añade.

En cualquier caso, recuerda que la propia Junta aporta cada año "los fondos necesarios para que estos presten el SAD". Una cantidad económica, que entre los años 2022 y 2025, "ha pasado de los 83 millones de euros a más de 105", concluye.