La Asociación Nacional de Profesores ANPE de Salamanca ha presentado su programa y candidatura para las elecciones sindicales a delegados para Juntas de Personal Docente en la Enseñanza Pública en toda España del próximo mes de diciembre. ANPE se presenta como “el único defensor del profesor de la enseñanza pública en Castilla y León”, explicó su presidente, Nicolás Ávila, quien también es vicepresidente autonómico.

Javier Riesco, Nicolás, Ana Poveda, Guillermo Bueno y Teresa Polo encabezan una lista de 226 candidatos, “una candidatura nutrida, la más extensa en toda la historia de ANPE porque recoge a todos los colectivos docentes de toda la provincia de Salamanca, todas las enseñanzas, de todas las zonas geográficas, de todas las edades”.

“La importancia de estas elecciones es infinita porque de ellas dependerá la representación en todas las mesas de negociación, no sólo la junta de personal que vela no sólo por defender las condiciones económicas y laborales de todo el profesorado, sino también solucionar los problemas de toda índole”, destacó Nicolás Ávila. Y añadió que espera mantener el apoyo que ha permitido presidir la junta de personal durante los últimos cuatro años.

En este cuadragésimo aniversario de ANPE, “en los que hemos hecho muchísimas cosas”, el programa electoral tiene varios lemas: ‘Vota por la enseñanza pública’, ‘Vota por tu profesión’ y ‘Contigo somos más’.

Los tres pilares reivindicativos de ANPE son el pacto educativo, una ley de la profesión docente que regule los derechos y deberes del docente, con un cambio en la formación inicial del profesorado y unos requisitos para impartir la docencia, “ahora hay un sistema muy subjetivo de acceso”, y una carrera docente hasta la jubilación. Todo ello defendiendo un cuerpo docente estatal, con idénticas retribuciones y derechos en cualquier comunidad autónoma de España.

Estos tres pilares del programa electoral se resumen en diez puntos. En primer lugar, la equiparación salarial. “Los docentes somos un cuerpo estatal y no cabe discriminación salarial ni diferencias en las retribuciones por las funciones que realizamos”, manifestó Nicolás Ávila, a lo que añadió la constante pérdida de poder adquisitivo, superior al 20%, desde el año 2010, cuando comenzaron los recortes del Gobierno.

ANPE también reclama un horario lectivo de 23 horas para la Enseñanza Infantil y 18 para el resto, a lo que se añade un reducción del número máximo de alumnos por aula en todas las enseñanzas, así como del mínimo de alumnos para que se puedan crear grupos, impartir materias y establecer enseñanzas. “Eso supondría calidad educativa por la ampliación de plantilla y más desdobles. No sería una inversión tirada, es formar a las generaciones del futuro”.

El sindicato propone mejorar la normativa de permisos, licencias y excedencias del profesorado, y acabar con la discriminación existente con otros empleados públicos. Por eso, se reclama ayudas sociales como una matrícula gratuita en enseñanzas de régimen especial y universitarias, ayudas de guardería, comedor y estudios, etcétera.

Otra reivindicación de ANPE es una formación inicial y permanente del profesorado, exigiendo el nivel máximo del funcionariado, A1, con la formación permanente gratuita y en horario lectivo, “como cualquier empresa”. Así, “es necesario un sistema de concurso-oposición más objetivo, con temarios actualizados y elaborados por la administración, no meros títulos, y pruebas objetivas. Se debe seguir valorando la experiencia docente hasta el máximo legal permitido y eximir de la fase de prácticas a quienes hayan desempeñado su labor docente como interinos durante un tiempo mínimo”. Además, una carrera profesional y un nuevo modelo de jubilación anticipada.

Todo ello se complementa con una mejora de los recursos humanos y materiales de estas enseñanzas, garantizando la calidad y equidad de todo el sistema educativo, “hay que mimar la escuela rural para que los estudiantes de los pueblos tengan las mismas oportunidades que en la ciudad”. Además, ANPE propone un plan de mejora de la convivencia y la autoridad docente, aplicando la normativa ya existente en Castilla y León, pues “los protocolos y la toma de decisiones son todavía lentos”. Finalmente, menos burocracia en los centros escolares y más protagonismo para los claustros. En resumen, más docencia.