La Alianza UPA-COAG ha recibido con alivio la suspensión cautelar que se ha conocido en las últimas horas y que ha adoptado el Tribunal Supremo sobre la multa impuesta a Castilla y León en relación a las ayudas a explotaciones ganaderas por el coeficiente de pastos.

La Alianza UPA-COAG desea aclarar que en ningún caso la multa de 58 millones de euros, de haberse hecho efectiva, debería repercutirse sobre los ganaderos a título individual, sino a la Administración regional.

La Alianza UPA-COAG recuerda que dado que el auto de suspensión es cautelar, y por lo tanto no es definitivo, la Junta de Castilla y León debería consignar una provisión de gastos en los presupuestos regionales del año 2017, que aún no están aprobados, para que en el caso de que este auto se recurra por parte del Estado no tengan que ser los ganaderos a título particular quienes paguen dicha sanción, ni que la Administración regional detraiga fondos agrarios que corresponden a los profesionales del sector para asumir la mencionada multa.