El Gobierno español reconoce, en respuesta a varias preguntas parlamentarias del Senador del grupo de Compromis Carles Mulet, que “Las actividades de investigación y extracción de recursos minerales de uranio pueden dar lugar a riesgos radiológicos para los trabajadores, para la población en general y para el Medio Ambiente”, pero que “la competencia para realizar la evaluación ambiental del proyecto de explotación del yacimiento de Retortillo y Santidad es de la Junta de Castilla y León”.

La Junta de Castilla y León (Dirección General de Energía y Minas) durante el proceso de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental señaló, respecto de la Planta de concentrado de uranio, que: “Por otra parte al tratarse de una instalación radiactiva de 1ª categoría corresponde su autorización al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y dentro de su tramitación precisa también realizar una tramitación Medio-Ambiental que corresponderá resolver al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.

El resultado de esta disparidad de criterios a la hora de saber quién es el competente para evaluar las consecuencias para la salud de la mina y planta de Retortillo, es que "nadie se ha preocupado en estudiar la incidencia de Planta de concentrado de uranio en la población que vive alrededor de esa instalación radiactiva". En la Declaración de Impacto Ambiental, a la que remite el Gobierno del Estado, aprobada por la Junta de Castilla y León en octubre de 2013, "no hay una sola referencia a los habitantes de la zona, la conclusión debe ser que la mina se instala en un desierto o en un casquete polar", dicen desde Stop Uranio.

Conviene señalar que este tipo de minería resulta "muy peligrosa para la salud", y así lo advierte el médico y científico Eduardo Rodríguez Farré al considerar que “las partículas pequeñas de uranio en contacto con el aire forman un aerosol que al ser inhalado se acumula en el pulmón y puede determinar problemas graves a largo plazo”.

"Causa estupor observar que los salmantinos tienen que sufrir las contradicciones que provoca la España de las Autonomías en la distribución de competencias, pero no debemos permitir que nuestra salud pueda ponerse en peligro porque la Junta o Estado no se preocupen en determinar los efectos reales de la minería de uranio" aseguran desde Stop Uranio.