En este sentido, las diputadas leonesas Ester Muñoz y Silvia Franco inciden en que el argumento esgrimido por Cendón es “falso”, al tiempo que advierten de que el artículo 49 de la nueva normativa “deja abierta la puerta a la eliminación” de paradas en los pueblos.
Así, explican que este fija los servicios estatales entre capitales de provincia y poblaciones importantes.
Concretamente, aseguran que dicho artículo recoge que “los servicios gestionados por el Estado comenzarán y finalizarán principalmente en capitales de provincia o poblaciones principales y que, como norma general, las paradas intermedias también se harán en estas localidades”.
“Es evidente que este planteamiento deja abierta la puerta a la reorganización o eliminación de paradas, especialmente en pueblos”, sostienen las diputadas leonesas.
Así, estas critican que el PSOE de León “oculta y no está explicando con claridad” lo que esta ley “perjudica a quienes dependen del autobús para trabajar, ir al médico o estudiar; a los vecinos de los pueblos que verán desaparecer o reducirse sus paradas; y a los autónomos y pequeñas y medianas empresas que deberán asumir nuevas cargas administrativas que limitarán su capacidad para generar empleo”.
De este modo, destacan que el PP ya presentó una enmienda a esta normativa en la que se solicitaba que “se garantice por ley el mantenimiento de las paradas en las ubicaciones actuales”. Si bien, esta se rechazó.
Por ello, aseguran que “más de 50.000 leoneses repartidos en 40 municipios se verán afectados, esencialmente, del ámbito rural”.
“Mientras Cendón pierde el tiempo con ataques personales y promesas falsas, los leoneses ven peligrar un derecho básico como el transporte público” por una nueva norma “que impone un modelo burocratizado y que no asegura una financiación suficiente para mantener los servicios actuales”.
Algo que para las diputadas “demuestra la falta de compromiso del PSOE con los leoneses”.
Con todo ello, desde el PP de León califican la nueva norma como “una mala ley” y advierten de que “puede servir de excusa para recortar servicios de movilidad, principalmente en las zonas rurales”.