El Partido Popular ha denunciado este martes que la Diputación de León está pagando "sin contrato en vigor" el alquiler de una nave en el polígono industrial de Villacedré para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) desde enero de 2022.

"La institución provincial tramita el pago de las facturas a través de la fórmula de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 1.815 euros mensuales. Las últimas facturas han pasado ya la Comisión de Hacienda de este mes e irán al pleno del mes de julio e incluye el pago de los alquileres de los meses de abril y mayo por un importe total de 3.630 euros", ha señalado el PP.

El partido ha hecho hincapié en que "tal y como refleja el informe del Interventor de la Diputación se trata de la prestación de un servicio que se sigue prestando aunque se ha agotado el periodo de vigencia del contrato que lo respaldaba que caducó el 12 de enero de 2022."

A juicio de los populares, esta situación "demuestra, una vez más, la inacción y la falta de gestión por parte de la institución provincial, cuyo responsable es el vicepresidente cuarto y diputado de Protección Civil y Servicio Provincial de Extinción de Incendios, Luis Alberto Arias, por cuanto no se ha legalizado la situación a través de un nuevo contrato".

El PP ha recordado que el acuerdo formalizado entre la Diputación y el arrendador se suscribió por un período de un año, previéndose tres posibles prórrogas anuales, de año en año, previo acuerdo expreso del órgano de contratación y previa conformidad del propietario de la nave industrial.

"El contrato finalizó el 12 de enero de 2022 sin que se hubiera autorizado previamente la primera prórroga anual prevista en los pliegos, ni la conformación del arrendador por escrito, pero también sin que se produjera la denuncia previa ni la notificación con la antelación prevista del desalojo", ha insistido el partido.

Y ha señalado que "el citado documento también refleja la necesidad de una nave o edificio industrial en el que poder estacionar los vehículos, disponer del control sobre los mismos y poder realizar las operaciones de mantenimiento que requieran mientras se tramita el expediente de contratación del nuevo arrendamiento que satisfaga estas necesidades".

"Se trata de obligaciones nacidas al margen del procedimiento legal previsto en la Ley 9/20017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Se trata, incide el informe de Intervención, de la prestación de un servicio que se sigue prestando, aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba", ha zanjado el PP.