La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha exigido este lunes a la Junta de Castilla y León que impugne el cierre de la planta de Azucarera en el municipio leonés de La Bañeza por "fraude de ley".

Los leonesistas han recordado que el pasado 26 de junio el sindicato UGT en la provincia de León denunciaba" las presuntas irregularidades habidas en la votación en la asamblea de trabajadores de la planta de Azucarera de La Bañeza, a la que solo acudieron 75 de los 141 trabajadores de la misma, votando a favor del preacuerdo 47 de dichos trabajadores".

"Esto representa apenas el 33% de los trabajadores, mientras que el 67% de los mismos no habría dado su beneplácito a dicho preacuerdo que implicaría el cierre de la planta de La Bañeza", han señalado.

En este aspecto desde UPL han manifestado que les "llama la atención" el escaso margen de tiempo con el que se celebró la asamblea de trabajadores, solo 12 horas después de anunciarse el preacuerdo que implicaría el cierre de la fábrica de La Bañeza, con un importante número de trabajadores sin que se hubiesen enterado de la convocatoria de la asamblea".

A ello, señalan desde Unión del Pueblo Leonés que habría que añadir el hecho de que para la votación en dicha asamblea la mesa "no poseía un censo oficial de trabajadores, lo que podría haber llevado a que votasen personas que no eran trabajadores de la planta y, con ello, se podría haber cometido fraude".

Del mismo modo, apuntan que, de forma contraria a la normativa, la urna para dicha votación en la asamblea era una caja de cartón "opaca y sin precinto", hecho que denunció UGT-León, lo que para los leonesistas "siembra más dudas aún sobre la legitimidad de los resultados de la votación en dicha asamblea".

Unos hechos que para UPL podrían llevar a considerar que dicho acuerdo adoptado en la asamblea de trabajadores sobre el preacuerdo con la dirección de Azucarera "y que implicaría el cierre de la fábrica de La Bañeza se pudo hacer mediante fraude, dolo o abuso de derecho".

Impugnación del cierre

Por ello, los leonesistas han pedido a la Junta que "impugne" dicha votación, y lo hacen recordando que el artículo 51.6 del Estatuto de los Trabajadores recoge que la autoridad laboral "puede impugnar los acuerdos adoptados relativos a un despido colectivo cuando se hubiesen alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derechos a efectos de su posible declaración de nulidad".

De este modo, una impugnación de la Junta podría dejar sin efecto la firma del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado el 3 de julio en Madrid por la mesa negociadora, y que ha acordado el cierre de la fábrica de Azucarera de La Bañeza y que implicaría el despido de 194 trabajadores, cuyos despidos serían ejecutados según dicho acuerdo antes del 31 de agosto.

La UPL ha señalado que el cierre de la fábrica de La Bañeza y los despidos "podrían haberse hecho en fraude de ley" al no haber respetado los seis meses de antelación fijados en el Real Decreto 608/2023, por lo que han exigido a la Junta "que impugne la decisión de Azucarera y los acuerdos adoptados que implican el cierre de la fábrica de La Bañeza".