Existen situaciones en la vida que son difíciles de entender. Una de ellas es la de Magdalena Javares, que hoy ha tenido que abandonar su domicilio familiar junto a sus hijos y en beneficio de quien está condenado por sentencia "firme" por un caso de violencia de género contra ella. Y es que la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de León ha decidido que la víctima y su exmarido deberán alternar el inmueble un año cada uno. "A mí ahora de justicia que no me hable nadie, ¿para qué se denuncia al maltratador? Para que pase esto", afirma desesperadamente la víctima en declaraciones a este medio.

Pero la situación se torna más rocambolesca cuando conocemos que Magdalena y sus hijos vivirán a tan solo 20 metros de este hombre, a pesar de que existe una orden de alejamiento de 500 metros, vigente hasta 2025 sobre sus hijos y hasta 2032 sobre la víctima. EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido ponerse en contacto con esta mujer, quien se ha mostrado totalmente desesperada por la situación, para conocer un poco más sobre el caso. 

Magdalena denuncia que la jueza ha tenido a bien "considerar que era más digno de protección el derecho del maltratador que el de la víctima". Y es que la historia se remonta a 2019, cuando esta mujer denunció el maltrato de su exmarido por el que fue condenado por la vía penal a cuatro años de prisión, ya con sentencia firme desde hace un año. Sin embargo, hace relativamente poco, se enteraron que esa pena se conmutó por 290 días en beneficio de la Comunidad, algo que ha provocado que el abogado de la parte acusada pudiera pedir la ejecución provisional de la parte civil de la sentencia, que habla sobre el derecho de la vivienda familiar que tienen los dos, hasta que se aclaren los bienes gananciales.

Dicha sentencia invita a Magdalena a trasladarse a la otra vivienda que tienen, la cual no posee ascensor, por lo que esto supone un impedimento para su estado de salud, pues padece unas "dolencias físicas acreditadas" que no le permiten subir escaleras. Informes, que, según asegura en declaraciones a este periódico, han sido expuestos ante la jueza, que ha hecho "caso omiso".

Ante esta situación, Magdalena solicitó a su abogado que dejase "bien claro" que ella no iba a ir a la otra vivienda donde se encontraba su marido, ya que su estado de salud no se lo permitía. También que quedase constancia que ella se trasladaría al domicilio que heredó de sus padres, ya fallecidos, en el número tres de la calle Río Valdellorma, justo enfrente del domicilio que comparte legalmente con su exmarido.

Precisamente, hoy se ha producido ese lanzamiento, cuando Policía Nacional y personal judicial han acudido hasta el portal número dos de la citada calle para recoger las llaves. Magdalena, que ha entregado las mimas sin oponer resistencias, ha abandonado entonces su casa junto a sus hijos, en una situación que es cuanto menos rocambolesca."A una víctima de violencia de género no la debes mover del entorno donde está su familia y su núcleo de gente, que hace que esté más protegida", aclara.

De la misma manera, Magdalena recalca a este diario que se va a marchar a la casa que fuera de sus padres porque cuenta con los "requisitos que requiere" su estado de salud. Como era previsible, es algo incompatible con la orden de alejamiento que debe cumplir su exmarido sobre ella y sus hijos, por lo que horas después del lanzamiento se ha producido lo inevitable, según afirma la propia víctima a este periódico.

"He tenido que llamar a la Policía Nacional. Debió aparecer mi exmarido más tarde acompañado de un amigo. Entonces acto seguido he denunciado. Se han presentado los agentes, han tomado nota y no se le han llevado detenido porque intentaron hablar con él pero no les abrió la puerta", relata la leonesa.

Dicha situación hace inevitable que deba sucederse una situación que no debería ser ni concebida: que víctima o hijos se encuentren con el hombre. "Me dijeron que cuando yo esté ahí abajo y le veas o en el supermercado, que hay uno justo debajo de la que va a ser mi casa, nos vuelves a llamar", lamenta Magdalena Javares.

Este contexto hace llevar a Magdalena, que se muestra bastante desesperada y nerviosa al otro lado del teléfono en la conversación con este medio, a preguntarse si "esto es justicia". "El maltratador lanza a la exmujer y sus hijos de la vivienda en vez de entrar en la cárcel, que eso sí es sentencia firme. Nos hemos tenido que ir perdiendo de nuestros derechos, que parece que no tenemos ninguno", recalca la víctima de violencia de género.

Esta leonesa y sus hijos se encuentran en estos momentos "fatal", como es lógico, ante la situación que les está tocando vivir. "Yo tenía la esperanza de que los jueces tuvieran dos dedos de frente", recalca, a la vez que asegura que la jueza dijo que "como los dos viven solos", algo que asevera Magdalena no es real: "No puede decir eso porque no es cierto. He justificado fehacientemente con el certificado de empadronamiento que yo vivo con mis hijos".

Además, Magdalena denuncia que "si se hubieran dado más prisa", con respecto a los bienes gananciales, "esto no hubiera llegado a suceder". La noticia de que tenían que abandonar la vivienda llegó ayer, por lo que han tenido que recoger a toda prisa sus pertenencias, ya que lo que quedase en el piso era considerado como "bien abandonado". "Estoy fatal, estoy de baja, con ansiedad y con lumbalgias agudas. Estoy que no me tengo y aún así tuve que hacer de tripas corazón y entre mis hijos y gente que está con nosotros estar llevando ropa y demás", reconoce.

Por último, la víctima leonesa de violencia de género explica que la sentencia de la parte civil cuenta con dos partes, una que era la de la vivienda y otra en la que obliga al "maltratador" a hacerse cargo de los "gastos extraordinarios al 50% conmigo del hijo que en su momento era menor". "Ni un céntimo ha dado. La ejecución provisional se hace sobre algo que nos está haciendo daño a nosotros", denuncia para seguidamente sentenciar con la siguiente frase: "No confío en los jueces ni nada, tengo los motivos para no hacerlo".