Burgohondo es un pueblo tranquilo de la Sierra de Gredos. Casas bajas, fincas abiertas, caminos que huelen a pinar y un ritmo que poco tiene que ver con los grandes focos del tráfico ilegal de fauna. Por eso, cuando los agentes del Seprona cruzaron el portón de un supuesto refugio de animales exóticos en una de las parcelas del municipio, el hallazgo parecía más propio de un documental que de la España rural: casi 500 animales protegidos, hacinados en instalaciones sin licencia y sin un solo documento que acreditara su procedencia.

La operación “Suartx”, cuyo origen se remonta a junio de 2023, empezó casi por casualidad. Las primeras señales llegaron desde las redes sociales, ese escaparate donde nada permanece oculto demasiado tiempo. Fotografías de animales exóticos, promesas de rescate, solicitudes de donaciones… y mensajes que, a ojos de los especialistas del Seprona, no terminaban de encajar.

Un refugio que nunca lo fue

Cuando los agentes irrumpieron en el recinto comprobaron lo que ya sospechaban: aquel refugio no era un centro autorizado, ni cumplía normas básicas de bienestar animal, ni tenía licencia municipal para operar. Allí convivían tortugas leopardo, tortugas mediterráneas, iguanas, gecos de varias variedades, tarántulas y hasta un varano del Nilo, todas ellas especies cuyo comercio está estrictamente regulado por convenios internacionales.

El inventario final fue abrumador: 472 animales exóticos valorados en 85.000 euros. Pero detrás de esa cifra se escondía una realidad más dolorosa. Según determinó la investigación, muchos de los ejemplares procedían de cesiones irregulares y donaciones de particulares de media España —Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza o Sevilla—, y alrededor de 200 habían muerto antes siquiera de que la Guardia Civil entrara en escena.

Los animales hallados —los vivos— estaban en buen estado físico, pero completamente fuera de cualquier control legal. Ninguno tenía trazabilidad.

El negocio de la falsa ONG

La investigación condujo a un grupo de cuatro personas que, según la Guardia Civil, actuaban bajo la apariencia de una ONG. Una supuesta organización dedicada a rescatar fauna exótica y sensibilizar sobre su conservación, pero que operaba sin licencias, sin supervisión y sobre todo sin transparencia.

La fórmula de financiación era tan simple como rentable: donaciones económicas a cambio de publicidad en redes sociales; cursos y voluntariados ofrecidos a particulares, programas de apadrinamiento de pago gestionados por una bióloga y otra persona del equipo, y charlas en centros educativos de Ávila y Madrid.

Ninguna de esas actividades contaba con los permisos correspondientes. Y los voluntarios —jóvenes atraídos por la idea de participar en un proyecto ambiental— trabajaban sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Lo que se proyectaba como un centro de protección de fauna era, según apunta la investigación, un entramado que lograba beneficios a costa de especies protegidas y del engaño a quienes confiaban en la supuesta labor altruista del refugio.

Una trama con implicaciones penales

El desenlace ha llevado a la Guardia Civil a investigar a estas cuatro personas por una batería de delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y pertenencia a organización criminal.

Todo ello tras constatar que la red no solo gestionaba animales de forma ilegal, sino que había construido un modelo de negocio completo sin supervisión administrativa.

La operación, compleja por la cantidad de especies intervenidas, contó con el apoyo de CITES, Tragsatec y agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las diligencias ya están en manos del Decanato de los Juzgados de Ávila y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Burgohondo, epicentro inesperado

En la localidad abulense, el caso ha generado sorpresa. El refugio, que a ojos de muchos parecía una iniciativa solidaria, se había convertido en un foco clandestino para el tráfico de algunas de las especies más vigiladas del mundo. Un comercio invisible alimentado por donaciones, cursos y redes sociales, que encontró en un pequeño municipio de Gredos el escenario perfecto para pasar desapercibido.

La intervención de los casi 500 animales exóticos no solo destapa una trama, sino que reabre un debate incómodo: cómo el tráfico ilegal de fauna ha pasado de felinos y loros característicos a un mercado creciente de tortugas, reptiles y arácnidos que se mueven —físicamente y digitalmente— por Europa con más facilidad de lo que parece.

Un caso que deja huella

La operación “Suartx” es, para el Seprona, un ejemplo de cómo las redes sociales se han convertido en una pista clave para detectar irregularidades y al mismo tiempo en la principal herramienta de quienes operan fuera de la legalidad.

Pero también es un recordatorio de que, incluso en entornos rurales aparentemente ajenos a este tipo de delitos, el tráfico de fauna encuentra espacios donde asentarse.

En Burgohondo, aquel “refugio” ya está vacío. Los animales han sido trasladados para su custodia, el recinto ha quedado clausurado y la investigación continúa. Lo que permanece, al menos por ahora, es la certeza de que, bajo la apariencia de un proyecto solidario, funcionaba un negocio que ponía en riesgo especies protegidas y alimentaba un mercado ilícito que se extiende mucho más allá de Ávila.