El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha pedido "dar una vuelta" al modelo de financiación planteado por el Gobierno a las comunidades autónomas tras el pacto alcanzado por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, al que se han opuesto todas excepto Cataluña.
Martínez no ha dudado en calificar la propuesta del Gobierno de “tremendamente injusta e insuficiente” para la Comunidad, y ha marcado distancias con el modelo planteado al asegurar que no responde a la realidad de Castilla y León, una Comunidad con 95.000 kilómetros cuadrados, 2,5 millones de habitantes y 2.248 municipios.
En este sentido, ha reclamado “dar una vuelta en profundidad” a la propuesta presentada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado hoy en Madrid.
El Consejo ha concluido con el anuncio del Ministerio de Hacienda de que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntaria, lo que abre ahora un escenario de negociación en el que las comunidades podrán decidir si se suman al sistema que se está diseñando o mantienen el actual.
El dirigente socialista ha realizado estas declaraciones en Soria, tras participar en unas jornadas de la Fundación Biodiversidad, y ha exigido una financiación basada en el coste efectivo de los servicios y en factores estructurales como la dispersión de la población.
Además, Carlos Martínez considera difícilmente justificable la diferencia entre los 271 millones de euros previstos para Castilla y León y las cuantías planteadas para otras comunidades. “Hay cuestiones que chirrían”, ha señalado al comparar el reparto con Castilla-La Mancha, una comunidad con características muy similares.
Martínez también ha cargado contra la estrategia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha reprochado su oposición sistemática al Gobierno central, y ha subrayado que la defensa de la Comunidad pasa por reforzar con más peso criterios como el envejecimiento, la dispersión de la población y la superficie.
En ese sentido, ha insistido en que no es momento de “patalear” ni de anunciar recursos al Tribunal Constitucional mientras no exista un modelo aprobado, y ha defendido abrir una negociación real que permita a Castilla y León competir en un escenario en el que otras comunidades presionan para que prime el criterio de población.