El abogado defensor de Rafael Delgado, el principal encausado en la denominada ‘trama eólica, aseguró hoy durante el juicio que se viene celebrando desde el pasado mes de septiembre en la Audiencia Provincial de Valladolid, que la planificación eólica de la Comunidad siempre dependió directamente del entonces consejero de Economía y Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, mientras que la ejecución de sus instrucciones correspondía directamente a la Dirección General de Energía y Minas y al Ente Regional de la Energía, organismo que era presidido por el propio Villanueva.
En su informe definitivo, en el que reclamó la libre absolución para su patrocinado, “al no existir ningún tipo de delito”, también denunció “anomalías procesales” al iniciarse una investigación contra su cliente sin que este fuera informado, a la vez que indicó que los posibles delitos han prescrito, dado que la querella de la Fiscalía se presentó en abril de 2017 por hechos que presuntamente se cometieron entre los años 2003 y 2011 cuando Delgado fue viceconsejero de Economía y después secretario general de la Consejería de Economía.
Además, argumentó que la participación de socios locales en el sector eólico era una “costumbre” y una práctica habitual que ya se venía haciendo en la Comunidad en este tipo de proyectos antes de que Delgado asumiera la viceconsejería y que también era práctica habitual en otras autonomías.
En este sentido, indicó que Delgado nunca favoreció o dirigió la entrada de socios locales y argumentó que los resultados de la gestión de aquellos años han dado como fruto que Castilla y León sea líder en generación eólica y un “ejemplo” de creación de riqueza y empleo en este sector.
A su vez, indicó que las relaciones directas con grandes compañías energéticas como Iberdrola o Endesa era responsabilidad de Tomás Villanueva, así como con Red Eléctrica Española (REE), y apuntó que Delgado tampoco intervino en la puesta en marcha de la avocación, una figura legal que dejaba en manos del entonces viceconsejero la autorización administrativa de los parques.
Sin denuncias
En este punto, indicó que nunca se registraron denuncias penales o recursos contenciosos contra esta actuación de la Junta.
Con relación a los listados en los que se programaba la planificación eólica y en los que incluso aparecen los socios locales, indicó que en el juicio ha quedado demostrado que fueron elaborados por el EREN, la Dirección General de Energía y Minas y la propia Iberdrola, a la vez que recordó que entre 2005 y 2015 se registraron en la Comunidad casi 2.200 solicitudes de parques eólicos, llegándose solo a construir 209, y que en este plazo la potencia solicitada ascendía a 70.000 megavatios, cuando REE tenía un límite de 20.000 megavatios para el conjunto de España, de los que algo más de 4.800 correspondían a Castilla y León.
También, apuntó que nada tuvo que ver en la concesión a Energía Global Castellana, sociedad vehículo formada por Industria San Cayetano e Iberdrola, de 500 megavatios, y aseguró que esta asignación pudo ser acordada en la reunión que mantuvo Villanueva con responsables de Iberdrola en marzo de 2005.
Por último, indicó que nunca recibió ninguna dádiva y que para la compra de las viviendas empleó parte de los fondos ahorrados procedentes de una explotación familiar agraria de Burgos.
En este punto, descartó que no cometió ni delitos tributarios ni blanqueo de capitales y apuntó que cuando dejó la Junta en junio de 2006, trasladó su domicilio fiscal a Madrid, donde creó la sociedad Delgado Núñez Consulting, con la que trabajó para varias empresas que nada tenían que ver con su responsabilidad en la Administración Autonómica.
Delgado, principal encausado en la ‘trama eólica’, se enfrenta a una pena de 36 años de cárcel y multas por 236 millones de euros por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y fraude fiscal.