El presidente en Castilla y León de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Benjamín Castro, ha exigido una Mesa General "inmediata" una vez se apruebe el Real Decreto Ley que regula el acuerdo estatal para la mejora laboral y salarial de los funcionarios, que afecta a los más de 170.000 que hay en la Comunidad dependientes de las tres administraciones.

Así lo ha trasladado antes de participar en unas jornadas de trabajo del sindicato en materia de la Administración General de Castilla y León junto a la coordinadora nacional de CSIF de este sector, Elena Moral, el responsable del mismo a nivel autonómico, Agustín Argulo, y la presidenta provincial del sindicato en Valladolid, María José San Román, en el Hotel Sercotel.

Para Castro es una prioridad poder desarrollar este Real Decreto Ley "antes de que acabe la legislatura", previsto su final para marzo de 2026, y que no solo incluye una subida salarial del 11,4% hasta 2028, con carácter retroactivo a 2024, sino que también contempla otras medidas en materia de conciliación o de indemnización por servicio.

El responsable autonómico, en cualquier caso, ha celebrado este acuerdo que ha fructificado de forma "ventajosa" para los empleados públicos tanto a nivel retributivo como "en condiciones laborales de gran importancia" y por ello ha exigido a la Junta a su aplicación nada más salga adelante el Real Decreto Ley.

Un acuerdo que, precisamente, no se regula mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado a pesar de que las retribuciones del sector público están ligadas a la misma por la falta de acuerdos parlamentarios, pero que no obstante permitirá "recuperar algo de poder adquisitivo", según ha explicado la coordinadora nacional de CSIF de Administración General de las Comunidades Autónomas.

"Ojalá tuviéramos ley de presupuestos y se organizaran e instrumentaran otras cuestiones también necesarias para los empleados públicos, pero con este acuerdo vamos a equilibrar y poner en valor los permisos de conciliación que estaban pendientes y que los procesos selectivos sean más ágiles", ha celebrado.

En este sentido, ha resaltado que la estabilización "no ha dado el fruto que se consideraba necesario" con un nivel de interinidad que "sigue alto", de un 25% en Castilla y León, frente al 8% que exige la ley marcada por la Unión Europea.

"Hay que estabilizar, ordenar y estructurar las plantillas de las administraciones públicas", ha emplazado Moral, quien ha reivindicado el acuerdo porque también "innova y mejora situaciones de promoción interna" y va a poner "un poco más en valor al sector público de la administración con carácter general".

El acuerdo también ha sido valorado por la presidenta de CSIF Valladolid, María José San Román, que ha valorado positivamente el mismo porque con él se va a mejorar "a 37.000 familias" de la provincia.

"Estamos hablando de bomberos, de policías, de enfermeras, de maestros, todos los empleados públicos que nos están atendiendo en esos servicios públicos ", ha apuntado.

El encuentro de trabajo celebrado por CSIF también ha servido para reflexionar sobre distintos aspectos de cara a las selecciones sindicales igualmente previstas para marzo del próximo año.

Se han tratado temas como el convenio colectivo de personal laboral de Castilla y León, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, y que únicamente ha traído "aspectos lesivos" para la "mayoría de la plantilla de personal laboral en esta Comunidad", según ha denunciado Agustín Argulo.

En este sentido, ha criticado que aún esté "pendiente de modificar" los complementos de la Gerencia de Servicios Sociales o la reclasificación laboral de todas las categorías "que se tenía que haber cumplido el 1 de enero de 2025".

Asimismo, ha lamentado la Mesa General que se ha celebrado este martes en la que la Junta "no ha hecho su trabajo" porque tenía que haber desarrollado un Plan de Recursos Humanos, según lleva exigiendo CSIF más de dos años, que hubiera permitido "tener una tasa adicional a la de reposición y que hubiera reducido la temporalidad a lo que dice la ley".

"Al no haber hecho su trabajo, miles de plazas que se podrían añadir a esa tasa de reposición como se ha hecho en lugares como Valencia o Andalucía se van a perder y va a incrementar esa tasa de interinidad y una tasa de vacantes cercana al 30%", ha apuntado.

Por último, se ha referido al "decretazo" del operativo de incendios que ha sido derogado en las Cortes de Castilla y León, aprovechando para hacer un llamamiento a que "se siga negociando" porque muchas de las cuestiones son "factibles" para mejorar al personal del operativo y darles su "correspondiente categoría de bombero forestal".

Por último, Castro, respecto a la próxima campaña electoral, ha emplazado a los partidos políticos a "tomarse en serio" sus programas y que tengan en cuenta a los empleados públicos y la mejora de los servicios públicos.

"En CSIF tendrán un aliado y encantados de dar nuestros postulados al respecto, pero es tarea de todos, esto es serio y hay que mejorar los servicios públicos que recibimos los castellanos y leoneses", ha zanjado el presidente autonómico del sindicato.