El empresario y expresidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Vélez, ha reconocido este lunes ante el tribunal del caso de la trama eólica que cedió derechos de parques eólicos en los Montes Torozos (Valladolid) para obtener autorizaciones en Sahagún (León), siguiendo, según aseguró, indicaciones del entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ya fallecido.
González Vélez, que entre 2000 y 2010 promovió parques a través de una filial de Hidronorte Generación Eólica, entre ellos los de Peñaflor 1, 2, 3 y 4, ha explicado que sus expedientes para la instalación de 750 megavatios permanecieron “paralizados en un cajón” durante al menos dos años.
“Traté con don Tomás Villanueva (sic). Me dijo que tenía que ceder la mitad de los parques a un señor si quería obtener autorización. De lo contrario, podía quedarme sin ninguno”, ha declarado.
El empresario ha asegurado que la cesión fue gratuita y que se formalizó mediante un contrato con el empresario local en cuestión, a quien no conocía previamente, y que no tenía experiencia en el sector ya que hasta ese momento se había dedicado a los piensos para animales.
“A los dos meses de firmar el contrato, el expediente paralizado se desatrancó”, afirmó. También reconoció que su participación en la sociedad promotora era del 5% y que, en la principal, poseía un 20%. Posteriormente, vendió su parte a otros socios “para ganar músculo financiero”, quienes más tarde vendieron los proyectos a Iberdrola.
Sobre la gestión administrativa, González Vélez ha subrayado que “las decisiones dependían de la Consejería de don Tomás Villanueva”, aunque las autorizaciones las firmaba el entonces viceconsejero Rafael Delgado.
“Yo lo saludé, pero no trataba con él. Para mí, aunque firmara, la responsabilidad era de Villanueva”, ha señalado.
Presiones para vender a empresas locales
En la misma línea ha declarado José María Grau Osés, exmiembro del consejo de administración de la empresa Ider, que desarrolló hasta 14 parques eólicos en la Comunidad.
Grau ha asegurado que la tramitación de sus proyectos también sufrió retrasos injustificados y que recibieron presiones para vender las sociedades a empresas locales. “Nos lo dijo el director general, Manuel Fernández, en un consejo: se quería que los parques estuvieran a nombre de empresas locales”, ha manifestado.
Grau ha detallado que el proyecto contaba con financiación de Caja Duero, Caixa Catalunya y Unión de Interiores, y que el grupo se vio “condenado a vender” tras años de trabajo.
“Nos llamó la atención que, teniendo a Caja Duero como socio, nos obligaran a vender. Si no lo hacíamos, nos quedábamos fuera. Acabamos malvendiendo sin emprender acciones judiciales”, ha relatado.
Preguntado por quién dio la orden, el empresario admitió que no podía identificar nombres concretos, aunque señaló que la información “venía de la Junta a través de Manuel Fernández”.
También compareció César Justo Rodríguez Delgado, funcionario de la Junta y jefe de la Sección de Energía Eléctrica durante los años investigados. Rodríguez explicó que su labor consistía en tramitar los expedientes y gestionar la inscripción de los parques en el registro nacional, y reconoció que “los empresarios se mostraban muy preocupados por la lentitud del proceso” y por lograr la inscripción “lo antes posible”.
Además afirmó que Rafael Delgado nunca se interesó por la tramitación de ningún parque. "Directamente conmigo no, pero nos llegaba a mi jefe que estaba interesado en saber cómo estaba la situación de diferentes parques".
El caso de la trama eólica investiga una presunta red de adjudicaciones irregulares de parques eólicos en Castilla y León entre los años 2004 y 2015, que habría reportado beneficios millonarios a altos cargos de la Junta y empresarios locales a cambio de comisiones y cesiones obligadas de derechos.