Nuevo cruce de declaraciones entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente. En esta ocasión debido a las dudas jurídicas planteadas por el Gobierno central sobre la legalidad de las bonificaciones de peajes que el Ejecutivo autonómico prevé aplicar en 2026 en varias autopistas que atraviesan la Comunidad.
En concreto, a las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71, y que podrían extenderse a la AP-66 (León-Asturias).
Este martes, la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, advirtió durante su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados de que la medida anunciada por la Junta podría vulnerar la normativa comunitaria.
Según señaló, los descuentos solo para usuarios recurrentes empadronados en Castilla y León contravendrían el principio de igualdad de trato exigido por la Unión Europea, que impide aplicar tarifas o beneficios diferenciados por residencia.
La respuesta de la Junta ha llegado este miércoles, cuando el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha replicado a Báguena durante la inauguración del primer Foro de Innovación de Carreteras de Castilla y León, celebrado en Valladolid.
“A veces se ve la paja en el ojo ajeno, hipotética, y no se ve la viga en el propio, real”, afirma Sanz Merino, quien pide al Ministerio que revise antes los descuentos del 25% que se aplican en los abonos de media distancia ferroviaria y el sistema Buscyl, que ofrece transporte gratuito en líneas interurbanas y metropolitanas dentro de la Comunidad. “Que yo sepa, no ha habido ninguna dificultad al respecto”, recuerda el consejero.
Sanz Merino defiende la partida de diez millones de euros incluida en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 destinada a estas bonificaciones, que afectarán a las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71, y que podrían extenderse a la AP-66 (León-Asturias).
"Gesto político"
El consejero califica la medida como un “gesto político” que busca cubrir el “vacío” dejado por el Ministerio al no aplicar descuentos en estos tramos, a diferencia de lo que ocurre en la AP-66, la AP-9 o la circunvalación de Alicante.
“No nos queda más remedio que cubrir ese hueco en la medida de nuestras posibilidades”, subraya el titular de Movilidad, quien reprochó al Ministerio su “silencio” ante las reiteradas peticiones de colaboración.
Además, asegura que las críticas del departamento dirigido por Óscar Puente son “infundadas”, recordando que el propio Gobierno central podría enfrentarse a sanciones europeas por otras medidas similares.
La Junta enmarca esta iniciativa en su estrategia contra la despoblación, aunque todavía no ha detallado el procedimiento exacto de implantación ni los criterios que determinarán quiénes podrán beneficiarse de los descuentos.