Las Cortes de Castilla y León afrontan este miércoles, 22 de octubre, un debate decisivo y cargado de polémica. En el pleno de esta semana se someterá a debate y votación el acuerdo del Gobierno autonómico sobre el techo de gasto para 2026, paso previo para la aprobación de los presupuestos autonómicos, que se sitúa en 14.183 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,14% con respecto al año anterior.

La aprobación del techo de gasto en la sesión plenaria de este miércoles no está garantizada ya que tan solo el Grupo Popular, que tiene 31 de los 81 procuradores de la Cámara, y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea han anticipado su voto favorable a la iniciativa. Es decir, tan solo 32 representantes cuando la mayoría absoluta en la Cámara la conforman un total de 41.

Por su parte, el Grupo Socialista, que tiene 28, Vox, con 11 y el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, con 6, no han anticipado el sentido de su voto y de lo que finalmente decidan dependerá que las cuentas públicas para 2026 −las más altas de la historia, con 15.715 millones, un 8% más que en 2024− puedan debatirse y, en su caso, aprobarse. Si el techo de gasto no sale adelante, la Junta tendría que volver a aprobar un nuevo límite de gasto no financiero para, posteriormente, registrarlo de nuevo en las Cortes.

Este mismo sábado, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, advertía de que PSOE y Vox tratarán de tumbar las cuentas por "cálculo electoral". "Fingen estar enfrentados pero se unen contra el PP", aseguraba en un acto en Soria, acompañado del líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, Vox calificaba este viernes de "chapuza" las cuentas y los socialistas acusaban a la Junta de impedir su debate en las Cortes al registrarlas de forma "irregular".

La incógnita de PSOE y Vox

El Grupo Socialista, Vox y el Grupo UPL-Soria ¡Ya! mantienen la incógnita sobre el sentido de su voto este miércoles cuando el pleno de las Cortes debata y someta a aprobación el acuerdo de la Junta que recoge el límite de gasto no financiero para 2026, que sirve de base para la elaboración de los presupuestos, registrados el pasado miércoles en el Parlamento. De momento, el Grupo Popular, que sustenta en minoría al Ejecutivo autonómico, junto al procurador Francisco Igea, ya han desvelado que lo apoyarán.

El pasado jueves, la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces incorporó la aprobación del conocido como techo de gasto como un punto del orden del día del pleno de la próxima semana, previsto para los días 21 y 22 de octubre. La Junta, que adoptó el acuerdo sobre esta cuestión la semana anterior, necesita el concurso de la oposición para que pueda salir adelante, ya que el Grupo Popular cuenta tan solo con 31 de los 81 procuradores de la Cámara.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, no desveló que votará su grupo por ser "respetuosa" con los cauces internos y señaló que "cuando llegue ese momento", es decir, este miércoles, se conocerá la decisión. En cualquier caso, insistió en que harán "lo de siempre", lo que sea "bueno y responsable" para Castilla y León, y no priorizarán los intereses del PSOE, a diferencia de lo que, a su juicio, hace el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien, señaló, ha demostrado que le "dan lo mismo" los presupuestos.

Además, insistió en que los socialistas se toman "muy en serio" las cuentas y señaló que actuarán por "responsabilidad con esta tierra" porque entienden que es "bueno" que haya unos presupuestos, si bien acusó a la Junta de "vulnerar" los trámites y de "engañar" a la ciudadanía con la presentación de unas cuentas "deprisa y corriendo", "incumpliendo" la Ley de Estabilidad.

Igualmente, el procurador de Vox, David Hierro, evitó anticipar qué votará su grupo, si bien insistió en que no puede haber un presupuesto sin que antes se haya fijado un límite de gasto no financiero. "Lo veremos, lo estudiaremos y veremos qué hacemos", dijo con "responsabilidad" y de acuerdo a los intereses de quienes les han votado en las urnas. No obstante, señaló que "lo alarmante y peligroso" es quienes están gobernando "ahora" la Comunidad. "Es alucinante", remachó.

PP e Igea, a favor

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, manifestó que su formación quiere que haya un nuevo presupuesto para 2026 en Castilla y León, pero señaló que el proyecto de ley de la Junta es "continuista", a pesar de que se diga de que son unas cuentas "expansivas" y las "más altas de la historia". Por ello, avanzó que decidirán su voto cuando revisen las partidas previstas para su provincia.

Más claro fue el procurador Francisco Igea, exvicepresidente y exdirigente de Ciudadanos, que trasladó que votará a favor del techo de gasto ya que consideró que "tiene que haber presupuestos" mientras que el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, aseguró que "sorprende" que la oposición se enroque en una "crítica tan estéril" cuando a su juicio la Junta "ha procedido como señaló marca el Estatuto de Autonomía".

El portavoz popular confió en que salga adelante el techo de gasto, porque, explicó, los grupos ya conocen los presupuestos de 2026, que señaló son "muy buenos" y "extraordinarios". "Queda todo dicho", apostilló, al señalar que no emprenderán una negociación con la oposición.

Hace un año, la abstención de PSOE, Por Ávila y el procurador Francisco Igea, junto al sí del PP, permitió que se aprobara el techo de gasto para las cuentas de 2025, que no llegaron a registrarse ni tramitarse. Por el contrario, en aquella ocasión, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Unidas Podemos votaron en contra del límite de gasto no financiero.

Un techo de gasto récord

El pleno de las Cortes debatirá y votará un límite de gasto no financiero para 2026 de 14.183 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,14% respecto al techo de gasto aprobado en 2025, y la cifra más alta desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud que sirve de referencia para la elaboración de los presupuestos autonómicos.

En concreto, se basa en unos ingresos no financieros de 14.122,12 millones de euros, junto a los recursos asociados al déficit, que equivale a 82,9 millones, al representar una décima del PIB. A esta cantidad habría que restar 21,73 millones de ajustes de contabilidad. Además, el ratio de la deuda es del que sea inferior al 18,5% del PIB.

La Junta calculó el límite sobre la previsión de un escenario macroeconómico que contempla un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,2%, una previsión de tasa de paro del ocho por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8%. Estas previsiones fueron avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Admisión a trámite

La Mesa de las Cortes decidirá este martes, 21 de octubre, a partir de las 10:30 horas, si admite o no a trámite el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2026, que registró la Junta el pasado miércoles en el parlamento.

Este asunto es el único que figura en el orden del día, además de los ruegos y preguntas, de acuerdo a la convocatoria remitida por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, al resto de miembros de la Mesa, en la que PP, PSOE y Vox tienen dos representantes cada uno. Además, se prevé que ese mismo día esté ya listo el informe de la letrada mayor, Laura Seseña, relativo a esta cuestión.

Desde la oposición creen que avalará sus argumentos para no aceptar el proyecto de ley, lo que no ha ocurrido nunca con los presupuestos, la norma más importante del año. Tanto los socialistas, como los de Santiago Abascal y otras formaciones, han expresado sus dudas sobre los presupuestos porque señalan que se ha registrado antes de que las Cortes fijaran el límite de gasto no financiero para 2026, como recuerda recogen las leyes de estabilidad.

También, indican que incorpora una sección 20, relativa al legislativo y las instituciones propias, que no había sido aprobada por la Mesa, como establece el Reglamento de la cámara.

Por el contrario, no estará el informe que los grupos Socialista y Vox solicitaron pedir al Consejo Consultivo para que informara sobre la conveniencia de tramitar o no el proyecto de presupuestos. De acuerdo a la normativa, es la Presidencia de las Cortes la que puede dirigirse al Consultivo para que emita un dictamen, para lo que tiene un plazo máximo de 20 días hábiles, que puede reducirse a diez si se aborda por la vía de urgencia.

Un pleno monotemático

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los consejeros afrontarán en la sesión plenaria de este martes un debate anticipado sobre las cuentas pues la oposición ha elegido este asunto como el tema principal en sus preguntas de control al Ejecutivo autonómico. La sesión comenzará a las 16:00 horas con la toma de posesión del procurador socialista por Segovia Sergio Iglesias, que sustituye a José Luis Vázquez, que dimitió tras conocerse una investigación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por prevaricación y malversación.

En la primera jornada, y tras la reunión de la Mesa de las Cortes encargada de admitir o no a trámite el proyecto de presupuestos, la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, se dirigirá a Mañueco para preguntarle si "va a seguir abochornando a Castilla y León", pues el PSOE ha recriminado a la Junta que registre las cuentas sin estar aprobado el límite de gasto no financiero y sin estar ratificado por la cámara el presupuesto de la sección 20, relativa a las Cortes y las instituciones propias.

Seguirá el portavoz de Vox, David Hierro, quien planteará al presidente si cree que debe "cumplir" la ley, pues en este asunto los de Santiago Abascal siempre han mostrado sus dudas, lo que les llevó a pedir un informe jurídico a las Cortes y al Consejo Consultivo para conocer si era conveniente iniciar el trámite parlamentario de los presupuestos. También, el leonesista Luis Mariano Santos preguntará a Mañueco si tiene "voluntad" de negociar las cuentas y Francisco Igea si ha leído el presupuesto "registrado irregularmente".

Los socialistas incorporan a las preguntas de control también la gestión del Itacyl y proyectos sanitarios como el centro de salud de Ávila Norte, el bloque técnico del Hospital Río Carrión de Palencia o el futuro del Virgen del Mirón de Soria, además de la movilidad sostenible, igualdad en el mundo rural o el curso escolar.

Desde Vox, los procuradores se interesarán por las partidas de los nuevos presupuestos para los agentes del Diálogo Social y para la atención de los menores inmigrantes no acompañados, así como por el incremento tributario recogido en las cuentas y los brotes de gripe aviar. Soria ¡Ya! preguntará por la situación de Tableros Losán y el centro de salud de El Burgo de Osma y la UPL, por la partida presupuestaria de 2026 para la actuación en la CL-510, de Salamanca a Alba de Tormes.

La eterna polémica presupuestaria

La aprobación de los presupuestos ha sido una cuestión polémica desde que se inició la legislatura y las dificultades para llegar a un pacto en esta materia han ilustrado la polarización y la falta de acuerdo que ha caracterizado estos últimos tres años. Además, los presupuestos autonómicos se han convertido en un auténtico talón de Aquiles para Mañueco desde que accedió al cargo en julio de 2019.

El presidente de la Junta ha encontrado siempre dificultades para presentar las cuentas a tiempo y el pasado mes de enero se produjo la quinta prórroga presupuestaria de los últimos seis años, la octava de la historia de la Comunidad. Hace dos años, no obstante, aunque las cuentas de 2023 se vieron prorrogadas el 1 de enero de 2024, ante el retraso de la Junta en presentarlas, el Gobierno autonómico sí que logró sacar los presupuestos de 2024 el 2 de mayo, ante la fortaleza de la coalición entre PP y Vox. Una situación que no se repitió el año pasado.

Castilla y León inició enero de 2024 con los presupuestos de 2023 prorrogados, unas cuentas que habían visto la luz en plazo el 1 de enero de aquel año pero sin la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que los acompañan tras un error en la votación en las Cortes en diciembre de 2022.

En aquella ocasión, los dos grupos que sostenían al Gobierno de la Junta, PP y Vox, aceptaron por error las enmiendas del PSOE en la última fase de la tramitación de la norma y, finalmente, aquel pleno debió repetirse en el mes de enero, cuando las dos formaciones que compartían el Gobierno aprobaron definitivamente la Ley de Medidas.

La anterior prórroga presupuestaria se había producido en enero de 2022, año en el que se prorrogaron las cuentas de 2021 debido a la disolución de las Cortes autonómicas y al adelanto electoral anunciado por Mañueco el 21 de diciembre.

Precisamente, la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas se produjo solo dos días antes del pleno en el que debían debatirse las enmiendas parciales de las cuentas impulsadas por el Gobierno que compartían entonces el PP y Ciudadanos.

Una supuesta negociación secreta de los presupuestos entre Ciudadanos y Por Ávila fue la excusa que puso el presidente de la Junta para adelantar los comicios, que se celebraron el 13 de febrero de 2022 y que desembocaron en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, el primero entre ambos partidos en España.

Un historial de prórrogas

Además, previamente, en los años 2019 y 2020 ni siquiera se llegaron a tramitar las cuentas, en el segundo caso, con Mañueco ya en el Gobierno, debido a la compleja situación generada por la pandemia de la COVID-19.

El presupuesto de 2018, por tanto, se prorrogó en tres ocasiones, en 2019, en 2020 y en 2021 y, antes de la llegada de Mañueco al cargo ya se habían producido prórrogas, aunque en aquellas ocasiones las cuentas se aprobaron a mediados de año.

Durante el Gobierno del popular Juan Vicente Herrera (2001-2019) se produjeron prórrogas presupuestarias de 2011 para 2012 y de 2016 para 2017, aunque en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no sucedió ni en 2018 para 2019, aún con Herrera, ni en 2019 para 2020, ya con Mañueco.

La primera prórroga de la historia de la Comunidad se produjo en 2012, cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó elecciones generales para el mes de noviembre de 2011, sin dejar presupuesto para el siguiente año, lo que llevó al Gobierno de Herrera a prorrogar las cuentas de 2011.

Además, Herrera también optó por la prórroga en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que había enviado el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habían variado a la baja y al no contar el entonces presidente, Mariano Rajoy, con apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Una situación de prórroga que se ha convertido en la tónica habitual en Castilla y León.

Las cuentas más altas

Este año, con el objetivo de evitar esa situación, el Gobierno de la Junta ha presentado un ambicioso proyecto de presupuestos para el año 2026: los más altos de la historia de la Comunidad, dotados de 15.715 millones, casi un 8% más que en 2024, y que cuentan con un marcado carácter social, ya que ocho de cada diez euros van destinados a políticas sociales.

Se trata de unas cuentas con un evidente aroma electoral ya que Mañueco tratará de que la oposición se retrate en las negociaciones para su aprobación, que se iniciarán una vez salga adelante el techo de gasto en las Cortes autonómicas, y PSOE y Vox se verán obligados a medir su actuación a sabiendas de que el papel que jueguen será observado con lupa de cara a los comicios.

El Gobierno de la Junta utilizará la baza de estos presupuestos récord y sociales −que albergan importantes novedades, como aumentar el Bono Nacimiento hasta 5.000 euros o una ayuda de 300 euros para los autónomos− para presentarse como un Ejecutivo "eficaz" y recriminará a las formaciones de la oposición cualquier palo en la rueda que puedan poner para su aprobación, achacándolas, si boicotean su salida adelante, la imposibilidad de poner en marcha esas y otras ayudas.

Por su parte, PSOE y Vox tendrán que calcular sus movimientos ante las negociaciones conscientes de que una posición de bloqueo total de las cuentas podría perjudicarlos, al provocar que pudiesen dar la imagen de ser formaciones irresponsables ante los ciudadanos, pero también de que ser poco exigentes desdibujaría su posicionamiento frente a la Junta a solo cinco meses de los comicios.

Este miércoles, en la votación del techo de gasto en las Cortes autonómicas, ambas formaciones de la oposición tendrán que afrontar su primera prueba y el sentido de su voto anticipará su estrategia a seguir con el objetivo puesto en las elecciones autonómicas de marzo de 2026.