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El enfrentamiento entre la Junta de Castilla y León y las Cortes autonómicas ha abierto un nuevo capítulo por la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2026.

La falta de acuerdo sobre la aprobación del presupuesto propio del Parlamento autonómico —la denominada Sección 20— y la ausencia del techo de gasto previo han desencadenado un clima de tensión política e institucional.

Así, la Junta defiende haber cumplido con sus obligaciones y reclama a las Cortes que resuelvan su propio presupuesto, desde la oposición se advierte del riesgo de “irregularidades formales” si el proyecto se tramita sin cumplir los pasos previos que exige el Reglamento.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido hoy la actuación del Ejecutivo autonómico, asegurando que “es el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), y no la Junta, quien tiene que dar explicaciones sobre si se aprueba o no el presupuesto del Parlamento autonómico”.

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Carriedo ha recalcado que el Ejecutivo “ha hecho lo que debía hacer: prever cantidades suficientes en la Sección 20 de los PGC y presentar en plazo el proyecto de presupuestos”.

El consejero insiste en que ahora “las Cortes son soberanas para presentar enmiendas a ese apartado” y abre la puerta a incorporar el presupuesto del Parlamento “vía enmienda durante el trámite parlamentario, si el presidente de las Cortes comunica el acuerdo de la Mesa”.

“¿Deberíamos haber esperado hasta que Pollán nos remita el acuerdo de la Mesa sobre los presupuestos que quiere para las Cortes?”, se pregunta Carriedo, subrayando que Castilla y León “no puede paralizar sus cuentas” a la espera de ese trámite.

Señaló además que el presupuesto reservado a las Cortes en los PGC asciende a 38 millones de euros, ya que “las cantidades previstas en la Sección 20 no van congeladas, que era una posibilidad, si no que se han actualizado y contemplan un crecimiento que ronda el 7 por ciento respecto al ejercicio anterior”.

“Si el presidente de las Cortes considera que con eso no le llega lo puede manifestar”, añadió el portavoz del Ejecutivo.

Al respecto, manifestó que “es la primera vez que las Cortes no son capaces de aprobar un presupuesto propio para incluirlo en el anteproyecto de los PGC” y aclaró que “han tenido tiempo desde julio para aprobarlo”.

“Ni el propio presidente de las Cortes votó a favor del proyecto de presupuesto que él mismo presentó. Ayer se debatió y salió rechazado, y no tuvo ni el voto a favor del propio presidente. A lo mejor Vox tiene que dar explicaciones sobre eso”, deslizó.

Desde las Cortes

Por su parte, en las Cortes y casi a la misma hora que se producía la intervención de Carriedo, se ha anunciado que la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña, ha sido encargada de elaborar un informe que determine si la Mesa del Parlamento debe admitir a trámite el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026. También elaborará otro el Consejo Consultivo. 

Entre los aspectos que analizará figuran la falta de aprobación del techo de gasto no financiero, cuya votación está prevista para el próximo miércoles 22 de octubre, y la ausencia de la partida correspondiente a la Sección 20, que debía haber sido elaborada previamente por la propia Mesa de las Cortes.

El bloqueo en la Mesa, donde el presupuesto de las Cortes no fue aprobado tras el voto en contra del PSOE y la abstención de PP y Vox, ha provocado críticas cruzadas entre los grupos.

“El Reglamento de estas Cortes dice que el presupuesto del Parlamento debe elaborarlo la Mesa”, recordó el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña.

Cruce de acusaciones

Desde la oposición, el procurador de Vox David Hierro calificó las cuentas de 2026 como “el presupuesto del tocomocho”, mientras que la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, las tildó de “timo de la estampita” y “trampantojo”.

Por su parte, el portavoz popular, Ricardo Gavilanes, dirigió sus críticas a los representantes de Vox en la Mesa por su “inaudita abstención” en la votación del presupuesto de las propias Cortes, y reprochó al presidente del Parlamento, Carlos Pollán, no haber presentado las cuentas “con la debida antelación”.

Hierro, junto a Ceña y Francisco Igea, advirtió además de que el proyecto de Presupuestos de 2026 “carece de una ley de acompañamiento”, lo que —según denunciaron— “impide conocer las medidas fiscales, deducciones e incentivos” anunciados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de las cuentas el pasado martes.