El esperado macrojuicio de la llamada trama eólica ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid con movimientos interesantes.
En primer lugar, la defensa del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, considerado el principal acusado y para el que la Fiscalía solicita 42 años de prisión y 239 millones de euros de multa, reclamando la nulidad del procedimiento al alegar que el informe de la Inspección de Hacienda que destapó el caso es “nulo de pleno derecho” por las supuestas irregularidades cometidas en su elaboración.
En este caso, la teoría del fruto del árbol envenenado, junto con la prescripción de los delitos, han sido las principales alegaciones de las defensas de los encausados.
¿En qué consiste? Pues plantea que si una prueba se obtiene de manera ilegal o vulnerando derechos fundamentales, es decir, el ‘árbol envenenado’), todas las pruebas derivadas de ella (los ‘frutos’) también se consideran nulas y no pueden usarse en el juicio.
Las defensas de otros acusados se sumaron a estos argumentos, alegando la prescripción de los delitos.
Así, el abogado de Rafael Delgado ha solicitado la nulidad de actuaciones por entender que la presente causa se inició con un informe elaborado por el inspector de Hacienda Juan Tocino, de fecha 30 de diciembre de 2014, que presenta "numerosas irregularidades".
Otra novedad es que en la fase de cuestiones previas, también se retiraron las acusaciones contra el empresario Carlos Galdón, que finalmente comparecerá solo como testigo tras el sobreseimiento dictado por el tribunal.
El abogado de María del Mar Moreno, exmujer de Alberto Esgueva, denunció incluso la “temeridad” de que su patrocinada siga procesada y advirtió de que podría perder su trabajo si no se la excluye de la causa.
Otra anécdota es que uno de los acusados, el abogado Jesús Rodríguez Recio, supuesto 'testaferro' de Rafael Delgado, ha decidido defenderse a sí mismo.
Entre los acusados también están los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de Collosa, que se enfrentan a multas de 45 millones de euros y seis años de cárcel e inhabilitación por un delito continuado de cohecho.
Otro de los argumentos utilizados por las defensas de los acusados hicieron referencia al auto de apertura del juicio oral.
En este sentido, el abogado de Patricio Llorente alegó que no se respetó el derecho a la tutela judicial efectiva de su cliente, a la vez que reclamó a la presidencia de la Sala que se pronuncie en este momento del juicio sobre la prescripción de los delitos.
Un macrojuicio que también ha visto cómo el magistrado reconocía las dificultades para localizar a algunos testigos y peritos. Por eso pidió disculpas por los posibles defectos en las citaciones. Aseguró, no obstante, que la sala está realizando un “esfuerzo ímprobo” para garantizar la presencia de todos los convocados.
El juicio, que se prolongará hasta enero de 2026 a lo largo de 43 sesiones, sienta en el banquillo a 14 acusados, entre ellos tres exaltos cargos de la Junta y once empresarios.
La Fiscalía Anticorrupción reclama en total 138 años de cárcel para los procesados. Entre ellos figuran, además de Delgado, nombres como Alberto y Francisco Esgueva, Jesús Rodríguez Recio, Ricardo Bravo, Rafael Icaza, Pedro Barriuso y los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente.
La vista oral ha fijado un calendario intenso: desde el 6 de octubre hasta finales de enero, con la declaración de 84 testigos y 19 peritos, antes de que, a partir del 10 de diciembre, se dé paso a los acusados.
La investigación sostiene que la trama se fraguó a partir de 2003, cuando, bajo la dirección del entonces consejero de Economía Tomás Villanueva (ya fallecido) y Delgado, se creó un modelo para controlar la concesión de licencias eólicas.
Según la Fiscalía, se obligaba a las grandes compañías a asociarse con pequeñas empresas locales bajo la amenaza de no obtener autorización, con el objetivo de que estas participaciones se revendieran después a precios inflados.
Además de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, en el proceso actúan como acusaciones populares y particulares Ecologistas en Acción y varias empresas perjudicadas.
El inicio de este juicio marca un nuevo capítulo judicial para Rafael Delgado, ya condenado en enero a dos años y medio de cárcel por el caso Perla Negra.