El Partido Popular vive su momento de mayor soledad y vulnerabilidad en más de tres décadas en Castilla y León. La formación, que lleva gobernando la Comunidad 38 años, desde julio de 1987, ha sufrido en los últimos meses la primera reprobación de un consejero por parte de la oposición y ha visto como salía adelante una Ley con su voto en contra por vez primera en casi 40 años.

Los populares están sufriendo durante el último año las consecuencias de gobernar en minoría por primera vez en 38 años, una situación insólita ya que entre 1987 y 1991 dirigieron la Comunidad en coalición con el Centro Democrático y Social (CDS), entre 1991 y 2019 encadenaron mayorías absolutas, entre 2019 y 2021 gobernaron coaligados con Ciudadanos y entre 2022 y 2024 con Vox.

La salida de los de Santiago Abascal del Ejecutivo de coalición en julio de 2024, tras la aceptación del reparto de menores inmigrantes del Gobierno por parte de la Junta, marcó un antes y un después para el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, en el cargo desde julio de 2019, que se vio obligado, por vez primera, a negociar las iniciativas legislativas con los grupos de la oposición.

Los primeros meses de Gobierno en solitario fueron plácidos para un PP de Castilla y León en posición de fuerza, ante la debilidad de sus más inmediatos rivales, PSOE y Vox, inmersos en duros procesos de transición, con las salidas de Luis Tudanca y Juan García-Gallardo, respectivamente, y turbulencias internas.

Mañueco aprovechó para emprender un giro centrista y rectificó gran parte de las medidas impulsadas por Vox, confiado en acercarse, con un mensaje transversal y aprovechando la debilidad de sus rivales, a las históricas mayorías absolutas que habían permitido a sus predecesores, Juan Vicente Herrera (2001-2019) y Juan José Lucas (1991-2001) gobernar con comodidad.

El presidente de la Junta empezó el año 2025 con las encuestas a su favor, pronosticando la posibilidad de gobernar en solitario con apoyos puntuales de los partidos provinciales tras las elecciones previstas para marzo de 2026, pero la llegada del verano cambió las tornas.

Una Ley histórica

Hasta junio de 2025 el PP había logrado sortear las dificultades de su minoría parlamentaria apoyándose con su socio natural, Vox, e incluso había logrado sacar adelante el techo de gasto gracias a la abstención del PSOE, aunque se vio obligado a la prórroga presupuestaria. Pero el día 25 de ese mes se produjo en las Cortes la primera gran derrota de Mañueco.

Por primera vez en 37 años una norma, la polémica Ley de Publicidad Institucional, salió adelante en las Cortes autonómicas con el voto en contra de los populares, algo que no sucedía desde que el PSOE y el Centro Democrático y Social (CDS) tumbaron los presupuestos del entonces presidente de la Junta por Alianza Popular, José María Aznar, en 1988.

La norma contó con el apoyo de los 28 procuradores del PSOE, de los 11 de Vox, el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y el procurador Francisco Igea, siendo apoyada en total por 41 representantes parlamentarios, la cifra que configura la mayoría absoluta en la Cámara autonómica.

La Ley de Publicidad Institucional recibió 34 votos en contra, los 31 del PP, los dos procuradores no adscritos expulsados de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, y el representante de Por Ávila, Pedro Pascual. Además, se abstuvieron los seis procuradores de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya!.

La Ley limitaba la publicidad institucional para que no supere el 33% del negocio anual de cada medio y planteaba el control parlamentario de Castilla y León Televisión, entre otras medidas. La Junta reaccionó con rapidez y dio luz verde a una subvención directa a Televisión Castilla y León de 47,9 millones de euros en dos años, además de renovar la licencia del ente por otros 15 años.

La histórica aprobación de esta Ley, que unió por vez primera a la oposición frente a un PP en minoría, supuso un duro golpe para el Gobierno autonómico, y los populares comenzaron a hacer referencia a una supuesta alianza entre PSOE y Vox contra ellos, mientras comenzaban a sufrir una soledad insólita hasta el momento en una Cámara que llevaban décadas controlando.

La crisis de los incendios

Cuando el PP comenzaba a padecer más en sus carnes las dificultades de gobernar en minoría, con una relación cada vez más rota y distante con Vox en la Comunidad, especialmente desde el choque de trenes a raíz del desprecio de Mañueco a sus condiciones para negociar los presupuestos, en el mes de agosto estalló la crisis de los incendios.

La cuestionada gestión por parte del Gobierno del PP en minoría de unos fuegos que arrasaron con más de 180.000 hectáreas y dejaron tres personas fallecidas unió aún más a la oposición exigiendo explicaciones y dejó vislumbrar aún más si cabe la soledad de un Mañueco que veía cómo se ponían en riesgo sus expectativas de acercarse a la mayoría absoluta en los próximos comicios.

Una situación especialmente complicada para los populares debido al hecho de que el controvertido consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, preside la gestora del PP de León, la provincia más afectada por los fuegos, desde que su expresidenta Ester Muñoz pasó a ser portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

La provincia de León es la segunda que más escaños reparte a las Cortes de Castilla y León, con 13 representantes en total, superada solo por Valladolid, con 15. En las últimas elecciones autonómicas, en febrero de 2022, el PP obtuvo cuatro procuradores en ese territorio, al igual que el PSOE, mientras que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) logró tres y Vox irrumpió con dos.

El descontento con la gestión autonómica de los fuegos en la provincia de León −en la que fallecieron los voluntarios Abel Ramos y Jaime Aparicio y el bombero Nacho Rumbao−, junto al hecho de que la cara visible del PP de León en la actualidad sea el cuestionado Suárez-Quiñones, podría favorecer un retroceso de la representación de los populares en ese territorio.

Una inédita reprobación

El pasado miércoles, 10 de septiembre, se produjo en las Cortes autonómicas otro hito histórico que puso en evidencia la cada vez mayor vulnerabilidad del PP en su feudo histórico de Castilla y León. Los populares sufrieron la primera reprobación de un consejero en la historia de la Comunidad ya que toda la oposición se unió para reprobar al cuestionado Quiñones.

Vox se distanció aún más del PP en Castilla y León a solo seis meses de las elecciones autonómicas de marzo de 2026 y permitió con su abstención en el pleno de este miércoles en las Cortes la reprobación del consejero, presentada por el PSOE por su gestión de los incendios de este verano.

Se trataba de una iniciativa de los socialistas que, en concreto, instaba al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la reprobación y la revocación del nombramiento del consejero Quiñones "dada su falta de planificación y previsión en la gestión" contra los incendios forestales de este verano y que ha salido adelante gracias a la abstención de los 11 procuradores de Vox.

Los socialistas lograron así reprobar a un consejero de la Junta por primera vez en la historia de Castilla y León, un hecho inédito en los 42 años de trayectoria de la Comunidad.

Vox, que compartió Gobierno con los populares en la Comunidad entre 2022 y 2024, agrandó aún más la ruptura con los populares, incrementada desde su salida del Ejecutivo autonómico, consciente de que votando con el resto de la oposición puede generar mayorías que tumben las medidas impulsadas por el PP o aprueben iniciativas que les perjudiquen.

En ese mismo sentido, Vox también permitió con su abstención la aprobación en el pleno del pasado miércoles de una moción para instar a la Junta a aumentar la inversión en políticas activas de empleo y evaluarlas a través de estudios de las instituciones académicas y centros de investigación de la Comunidad, otro duro golpe al PP por parte de sus exsocios de Gobierno.

Los guiños del partido de David Hierro al resto de la oposición coinciden, además, con un momento de especial crisis para el Gobierno de la Junta y el PP en la Comunidad ante las críticas a su gestión de los devastadores incendios que han asolado la Comunidad este verano.

El doble juego de Vox

Pero la formación de Santiago Abascal en la Comunidad ha optado por llevar a cabo un doble juego político, consciente de que el momento de debilidad del PP puede facilitarles atraer a un votante conservador desencantado que les permita repetir o superar sus históricos resultados electorales de febrero de 2022, cuando consiguieron 13 procuradores.

A pesar de haber permitido con su abstención la reprobación de Quiñones en el pleno del pasado miércoles y de haber pedido la investigación por homicidio imprudente de los tres fallecidos en los fuegos, junto con una querella del partido a nivel nacional contra Mañueco, entre otros dirigentes, Vox no ha pedido la dimisión ni del presidente de la Junta ni de Quiñones.

El partido de David Hierro ha sido la única formación que se ha desmarcado de esa petición de dimisión por parte del resto de la oposición y, además, ha tumbado la comisión de investigación sobre los incendios que habían solicitado el Grupo Mixto y UPL-Soria ¡Ya!.

Vox, por tanto, ha querido mostrar imagen de dureza frente al Gobierno del PP, haciendo hincapié en que los tribunales son el método más eficaz para dirimir responsabilidades, pero no ha querido echarse del todo en brazos del resto de la oposición y no ha dejado en ningún momento de responsabilizar al bipartidismo, incluyendo también al PSOE, de las consecuencias de los fuegos.

El PSOE, el gran beneficiado

El PSOE, por su parte, ha tratado de capitalizar las críticas a la gestión de los incendios por parte de la Junta, vinculando las devastadoras consecuencias de los fuegos a las políticas del PP durante sus 38 años de Gobierno en la Comunidad y a la "privatización", el "abandono" y la "falta de medios" del operativo contra incendios.

Antes de la crisis de los incendios, las perspectivas electorales de los socialistas no eran demasiado halagüeñas y las encuestas vaticinaban un retroceso en su número de procuradores pasando de los 28 actuales, que ya supusieron una decepción en 2022, a unos 24-25 representantes, del todo insuficientes para optar a recuperar el bastón de mando de la Junta 38 años después.

Pero la cuestionada gestión de los incendios de Mañueco ha permitido al PSOECyL recuperar protagonismo, encabezar la petición de dimisión del presidente de la Junta −a la que se ha sumado toda la oposición menos Vox− y tratar de situarse como punta de lanza de la defensa de los derechos laborales de los bomberos forestales.

Los socialistas lograron apuntarse el pasado miércoles, gracias a la abstención de Vox, el tanto de haber sido ellos los impulsores de la reprobación de Quiñones y protagonizaron un auténtico asedio de preguntas parlamentarias al consejero en la sesión plenaria del martes, insistiéndole una y otra vez en que dimitiese y pidiera "perdón" por su gestión.

Además, la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, fue directa exigiendo también a Mañueco que dejase el cargo y "diese la voz a los ciudadanos" tras la "incompetencia" demostrada, a su juicio, por el presidente de la Junta durante la gestión de los incendios de este verano. Una posición combativa contra un Gobierno del PP en un momento de debilidad que podría beneficiarles.

El mayor caso de corrupción

Por si fuera poco, este lunes, 15 de septiembre, comienza el juicio por la conocida como 'trama eólica', el mayor caso de corrupción de la historia de Castilla y León, con varios excargos del Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) encausados, peticiones de 123,5 años de cárcel y multas por valor de 850 millones de euros. Otra dura piedra en el camino para la precampaña de Mañueco.

El PSOECyL tratará de vincular este caso, que pondrá el foco mediático en la Comunidad, con la "corrupción estructural" del PP mientras que los populares, según fuentes consultadas por este medio, tratarán de "marcar distancias, insistir en que son hechos pasados y en que la Justicia debe actuar". Pero existe un claro riesgo de erosión de su imagen en uno de sus feudos históricos.

La situación de minoría de los populares, su cada vez mayor distanciamiento de la oposición y la crisis de los incendios han hecho que se vislumbrase una vulnerabilidad inédita para el PP en su feudo de Castilla y León. PSOE y Vox son conscientes y tratarán de hurgar en la herida mientras Mañueco trata de recomponer sus aspiraciones a solo seis meses de las elecciones autonómicas.