El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido con dureza al anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente de que el Gobierno central estudia reclamar a las comunidades de Galicia y Castilla y León.
Lo hará por los costes ocasionados a Renfe y Adif por el corte del servicio ferroviario de alta velocidad durante los incendios del pasado verano, que tasó en más de tres millones de euros.
En el Congreso, Puente aseguró que la suspensión de las circulaciones entre Madrid y Galicia durante varios días generó unas pérdidas de tres millones de euros.
A su juicio, la responsabilidad corresponde a las autonomías por no dimensionar correctamente los servicios de prevención y extinción de incendios, lo que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario cuando actuaban medios aéreos a petición de Protección Civil.
“Un nuevo ataque”
Las palabras del ministro han recibido una contundente réplica desde la Junta. Carriedo denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “vuelve a atacar a Castilla y León” y advierte de que la comunidad “defenderá sus intereses, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores y ganando”.
El portavoz autonómico acusa al Gobierno central de querer “hacer caja con la desgracia que hemos padecido” en lugar de prestar apoyo a los afectados por los incendios, ha afirmado en declaraciones posteriores al Consejo de Gobierno.
“Nosotros esperábamos que llegaran ayudas, y lo que recibimos es un anuncio de reclamación económica”, lamenta.
Carriedo también reprochó lo que considera un trato desigual hacia Castilla y León y Galicia en comparación con otras comunidades.
Ha recordado que “en Ciudad Real y Guadalajara se produjeron cierres, pero en Castilla-La Mancha no hubo anuncios similares”, y que el año pasado en Cataluña se suspendió el tránsito de 29 trenes “sin que el Gobierno presentara ningún recurso”.
En este sentido, acusó a Puente de actuar con un criterio “ideológico y partidista”, utilizando su cargo para lanzar mensajes contra territorios gobernados por el Partido Popular.
“Las declaraciones del ministro nunca han sido para ayudar a esta tierra, sino para atacarla. Ahora, además, pretende recaudar a costa de una tragedia”, criticó.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo central y la Junta se suma a otros roces recientes por la política ferroviaria en Castilla y León, como la supresión de varias paradas de tren en la comunidad. Carriedo insistió en que la prioridad debería ser “respaldar a los ciudadanos y reparar los daños causados por los incendios”, en lugar de buscar responsabilidades patrimoniales.
