Podemos ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía contra la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León por el "retraso" en la aprobación del Infocal, la privatización "irregular" del operativo contra incendios, la discontinuidad del mismo y la "gestión nefasta" de esta crisis sobre la mala calidad del aire.
El coordinador autonómico de la formación, Miguel Ángel Llamas, ha considerado que la gestión de la Junta, en el marco de sus competencias en los incendios forestales, "ha sido negligente, temeraria y criminal", algo que "ha contribuido", a su juicio, "a incrementar el riesgo de fuegos extremos y que hayan sido devastadores".
Llamas ha señalado que "no tendría que ser necesario acudir a la Justicia para resolver los problemas, pero existe la obligación de denunciar presuntamente acciones delictivas y pedir responsabilidades por esta conducta de la Junta".
El "retraso" en Infocal
El dirigente de Podemos ha desgranado en cuatro ejes la denuncia, con conductas "presuntamente delictivas".
El primero de ellos hace referencia a la "inactividad y demora" a la hora de aprobar el decreto Infocal, que regula la norma de incendios forestales. Llamas ha recordado que la normativa estatal "obligaba a aprobar una modificación desde 2013" y el Procurador del Común ha enviado un requerimiento sobre este documento.
"La Junta no lo hizo hasta marzo de 2025, con 11 años de retraso y cinco desde el envío del Procurador. Este retraso ha debilitado la capacidad de respuesta del operativo", ha comentado Llamas.
Privatización "irregular"
El segundo eje, ha detallado, es el "irregular proceso de privatización" del servicio público de extinción y prevención de incendios en los últimos años, que "ha estado encubierta, sin un marco normativo que la habilitara".
Por ello, ha considerado también que suponen "conductas presuntamente delictivas por la instrumentalización de estos contratos para incorporar personal que dependía de empresas privadas".
"Es un auténtico traslado ilegal de trabajadores", ha apuntado Llamas, quien ha acusado a la Junta de "pretender generar necesidades artificiosas de contratación para que las empresas obtuvieran un beneficio industrial". Además, se ha referido al "fraccionamiento" de contratos y a la "utilización" de Somacyl y la Fundación Patrimonio Natural "para eludir controles y normas procedimentales".
La "discontinuidad" del servicio
En tercer lugar, la denuncia ha apelado a la "discontinuidad del servicio que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido públicamente". "Esto no solo ha provocado riesgos, sino que desde el punto de vista laboral afecta a los trabajadores, con importante proliferación de fijos-discontinuos y temporales", ha afirmado Llamas.
El cuarto punto es la "gestión nefasta de la crisis provocada por la mala calidad del aire a raíz de los incendios forestales, que se vio mermada y para el que la Junta dio una respuesta pasiva". "No realizó recomendaciones para estas personas y en particular a las que tienen patologías respiratorias", ha afirmado.
Llamas, además, ha tachado de "mentiroso" a Suárez-Quiñones, quien "en los últimos meses ha dicho que el operativo tiene 4.700 personas", cuando los "datos de las aseguradores dicen que son 2.500".
"El truco contable es contar por dos a las personas que hacían labores simultáneas de prevención y extinción. No ha podido engañar a la aseguradora. Es una grave mentira a la ciudadanía", ha señalado el dirigente de Podemos, quien, "como mínimo", ha pedido la dimisión "inmediata" del consejero.
"Si Mañueco tiene miedo por si Suárez-Quiñones tira de la manta, Mañueco está inhabilitado para ser presidente de la Junta", ha señalado.