La secretaria de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, ha denunciado que la Junta de Castilla y León, con una orden MAV de 10 de julio y publicada el pasado 1 de agosto en el Bocyl, está incumpliendo la ley estatal de vivienda que fija el alquiler en 610 euros.

Una norma por la que se unifican los regímenes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el alquiler en la Comunidad con el objetivo "de favorecer a las empresas en detrimento de los ciudadanos", denuncia.

Según la política socialista, con esta nueva norma en la Comunidad se permite que el precio se eleve hasta los 840 euros, es decir, 230 euros por encima. “Una medida que solo favorece a las grandes empresas”, ha denunciado Casado, que ha comparado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones con Cristóbal Montoro, por hacer unas leyes a la medida de las grandes empresas.

“Denunciamos que el señor Suárez-Quiñones se ha hecho un Montoro. El PP no gobierna para los ciudadanos, gobierna por y para las grandes promotoras y grandes fondos de inversión, esta orden lo ratifica. Esta orden no es justa”, afirma.

Ha recordado que esta orden ya se plasmó en una instrucción de 2022, que no era de obligado cumplimiento y que estaba “generando una inseguridad jurídica” por lo que ahora que se ha querido enmendar con una nueva "orden 'ad hoc'" para favorecer a las empresas. "El pirómano se presenta como bombero", ha afirmado la secretaria de Vivienda

En concreto, dentro de esta orden MAV, critica el punto 5 del artículo 2. “Mientras esté en vigor el régimen de protección de una vivienda, su precio máximo de referencia para el alquiler de los segundos o posteriores contratos de arrendamiento, ya sean suscritos por las mismas o por distintas partes que el contrato inicial, será el que determine su resolución de calificación, actualizado, mediante la aplicación de la variación porcentual del Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo, desde un año después de la fecha de calificación hasta la fecha de formalización del contrato de arrendamiento de que se trate”.

Para Casado lo que ha hecho la Junta, a través de su Consejería, es “una mala práctica”, que consiste en “adaptar órdenes para favorecer a empresas. No sabemos aún qué beneficio puede sacar la Junta”, ha deslizado la socialista.

Ejemplos

La socialista critica que las viviendas protegidas en Castilla y León no van destinadas a las familias humildes puesto que tienen un precio por encima del de mercado libre y están destinadas a usuarios con ingresos de hasta 78.000 euros.

Casado ha puesto un ejemplo para entender mejor su denuncia. “Una vivienda de 90 metros cuadrados con garaje. Ahora mismo se tendría que alquilar por 610 euros, ya que es su precio máximo con la ley estatal, pues con esta norma de la Junta hay un máximo de 842 euros”.

“Lo que viene a ser 140.000 euros al año para una promotora que tenga 50 viviendas en una promoción. Está bastante claro, se están subiendo los precios de alquiler de manera salvaje, y lo pagan los ciudadanos de Castilla y León. Aquí se beneficia a las empresas”.

Por este motivo, el PSOECyL va a estudiar el caso y presentará un contencioso administrativo para intentar frenar esta norma.