Son días de nervios con los currículums y con los títulos universitarios. En plena tormenta política por las dimisiones de cargos públicos que han mentido sobre su formación académica, como la ya exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid, Noelia Núñez, o el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción por la DANA en la Comunidad Valenciana, José María Ángel, en las Cortes de Castilla y León se respira un ambiente de creciente incomodidad.
Y es que los procuradores no están obligados a hacer públicos ni su currículum vitae ni sus datos personales en el apartado de “Datos biográficos” de la web institucional del Parlamento autonómico. En Castilla y León, la publicación del currículum de los procuradores depende de su voluntad.
Este periódico ha podido confirmar con fuentes oficiales de las Cortes que, al inicio de cada legislatura o cuando se produce un relevo, la institución remite a cada procurador un formulario para cumplimentar.
En él se incluyen campos relativos a la trayectoria profesional, formación y otros datos personales. Sin embargo, también existe una casilla específica en la que se puede marcar si se desea que esa información se haga pública. “Algunos procuradores dicen que sí, otros que no”, explican desde la Cámara autonómica.
De ahí que en las fichas de algunos miembros del Parlamento autonómico aparezcan sus estudios y/o experiencia laboral y en otras no figure absolutamente nada.
Lo que sí están obligados a publicar todos los procuradores son sus declaraciones de bienes y actividades, aunque en la práctica también existen vacíos.
En otros casos, dichas declaraciones no están disponibles o no están actualizadas (de algún procurador se dice que todavía está cursando Derecho), lo que añade una capa más de opacidad a todo lo que se vive en el parlamento de la Avenida de Salamanca.
Nervios
La polémica sobre la veracidad en los currículums de los representantes públicos ha provocado un cambio de clima en las últimas semanas.
Según ha podido saber este medio, “son muchos los procuradores que se han puesto nerviosos” tras las preguntas de periodistas sobre su formación académica y experiencia laboral.
En comparación con otros parlamentos autonómicos o el Congreso de los Diputados, donde sí se publica de forma más sistemática el perfil profesional y formativo de los diputados, el caso de Castilla y León destaca por su laxitud.
No hay ningún reglamento ni norma interna que exija a los procuradores mostrar sus datos biográficos, más allá del citado formulario voluntario.
Así, de los 81 procuradores que forman el parlamento 33 prefieren no marcar la famosa casilla para mostrar sus datos biográficos.
De esta forma, solo hay que entrar en la página web para comparar la situación de cada grupo parlamentario. En este caso, es el Grupo Parlamentario Socialista el que más opacidad muestra. De los 28 procuradores que tiene solo 9 muestran estos datos biográficos, es decir 19 lo ocultan.
Llama la atención la formación del procurador por Burgos, Jesús Puente, que tiene hasta tres carreras. Es enfermero por la Universidad de Alcalá de Henares (1986), licenciado en Sociología por la UNED (1995) y doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid.
En este caso es Fernando Pablos, procurador por Salamanca, el que más datos biográficos y académicos ofrece. Es hijo de emigrantes, nació en Rotterdam (Países Bajos) y Doctor en Ciencias Matemáticas con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca en 1999.Merece la pena leer su CV.
Curiosamente sus dos primeras espadas, Patricia Gómez Urban y Nuria Rubio no lo muestran. Es cierto que en la página web del PSOE autonómico sí se puede ver algo de su trayectoria académica, pero no así en la de las Cortes.
El PP transparente
El Grupo Parlamentario del PP muestra 28 de los 31 procuradores que tiene. Solo tres, Beatriz Coelho, María Antonia López Sáenz de Santa y María Elena Rincón no lo hacen.
Y sí, el jefe del barco, Fernández Mañueco, ofrece todos sus datos. Es Licenciado en Derecho. Además, todos los consejeros que forman parte de la Junta ofrecen detalladamente sus datos biográficos, que como decimos, son opcionales.
Su portavoz Ricardo Gavilanes es también licenciado en Derecho.
Por su parte, en el Grupo Parlamentario de Vox son cinco los que lo ocultan de los 11 que constituyen su grupo. En este caso no tenemos datos de Susana Suárez, Fátima Pinacho, José Antonio Palomo, María Isabel Pérez y de Carlos Pollán. Sí, el presidente de las Cortes, primero en la fila, no da ejemplo.
El portavoz David Hierro sí lo hace y muestra una larga trayectoria académica y laboral, siendo licenciado en Historia.
Los dos expulsados, Javier Teira y Rosa Hernando, tampoco lo hacen público.
No así los tres componentes del Grupo Mixto, tanto Pablo Fernández (Unidas Podemos) como Francisco Igea y Pedro Pascual (Por Ávila) muestran sus logros académicos. En este caso dos médicos y un licenciado en Derecho, como es el caso del primero.
Opacidad también en el caso de UPL-Soria Ya! donde la web de las Cortes solo refleja la trayectoria de sus cabezas de cartel. Ángel Ceña es licenciado en Derecho y Luis Mariano Santos es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad. Del resto de los cuatro procuradores nada de nada.
En resumen, los procuradores son los representantes elegidos por los ciudadanos de Castilla y León para participar en las Cortes, cobran sueldos públicos, y sus datos biográficos se pueden encontrar (o no) en el sitio web oficial del parlamento autonómico.