CC.OO. Castilla y León ha salido al paso de los discursos antimigración que, según denuncia, siguen utilizándose “como herramienta electoral” por parte de algunos partidos políticos.
En un comunicado emitido este viernes, el sindicato defiende que los jóvenes inmigrantes extutelados por el sistema de protección de menores “no solo cumplen con los requisitos legales establecidos, sino que a pesar de trabajar en condiciones precarias, muchas veces, dan mucho más de lo que reciben a nuestro estado de bienestar”.
El análisis parte de los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que revelan que el 65% de los jóvenes extutelados entre 18 y 23 años están afiliados a la Seguridad Social, lo que demuestra —según CC.OO.— que están trabajando legalmente y contribuyendo a la economía “en los sectores más precarios, generalmente”.
De hecho, un 23% de estos jóvenes lo hace en la hostelería, un 11% en la agricultura, otro 11 % en empresas de trabajo temporal y colocación, un 10% en la construcción y un 9% en el comercio.
CC.OO. subraya que estos datos reflejan su “capacidad de integración en el mercado de trabajo” pese a la falta de apoyos y a las condiciones de partida: “abandonan su entorno familiar y sus redes de apoyo para construir su proyecto de vida en un país que no es el suyo”.
Actualmente, 18.967 jóvenes de entre 16 y 23 años tienen autorización de residencia en España vinculada a su paso por los servicios de protección de menores, según los datos oficiales.
Javier Moreno, secretario de Empleo, Protección Social y Nuevas Realidades del Trabajo de CC.OO. Castilla y León, ha denunciado el uso político de estos menores por parte de algunos sectores: “Sigue habiendo partidos políticos que utilizan las instituciones para mantener su discurso antimigración y que se visibilicen como un problema y no como una oportunidad de futuro, simplemente porque les sigue reportando votos en las urnas”.
CC.OO. recuerda, además, que muchos de estos jóvenes son “los supervivientes” de un sistema migratorio profundamente desigual. “Centenares de personas mueren cada año intentando llegar a costas españolas, de las que un alto porcentaje son menores”, advierte el sindicato, que reclama “vías seguras y ordenadas para la inmigración”.
Para ello, piden que las Oficinas de Extranjería y los Consulados españoles cuenten con los medios suficientes para “ser un cauce ágil de entrada regular al Estado español”.
Desde el sindicato insisten en que la mejor respuesta frente al odio es “la verdad de los datos” y el reconocimiento del papel que estos jóvenes desempeñan en los sectores esenciales de la economía.
