El fragor de los envites parlamentarios y los tensos intercambios dialécticos entre el Gobierno y la oposición no se escuchará hasta el mes de septiembre en las Cortes de Castilla y León. El pasado 30 de junio, finalizó el periodo de sesiones en el Parlamento autonómico y, con ello, se suspendió la actividad en la Cámara después de meses de debates intensos.

Acababa así un curso político que se ha caracterizado por una gran presencia de la política nacional en el día a día de las Cortes, con la permanente oposición del Gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y también de los casos de corrupción que han acorralado al PSOE durante los últimos meses.

Además, Vox ha seguido ejerciendo una férrea oposición a Mañueco, del que se divorció políticamente ya hace más de un año, y no ha dudado en aliarse con las formaciones de izquierda para sacar adelante el hito de la Ley de Publicidad Institucional, la primera norma aprobada en la Cámara autonómica sin el apoyo del PP en los últimos 37 años.

Todos los grupos políticos con representación de la Cámara han activado ya el modo precampaña y enfocarán el último periodo de sesiones de la XI Legislatura autonómica, que se extenderá de septiembre a diciembre, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar, como tarde, en marzo de 2026.

Un último periodo de sesiones para el que ha quedado pendiente la tramitación, toma en consideración y debate de una gran variedad de iniciativas legislativas de primer nivel cuya aprobación será prioritaria para algunos grupos en pleno contexto de precampaña, con la intención de asegurar que no se pierdan por el camino con el final de la legislatura.

Una serie de normas entre las que destacan la Ley de Violencia de Género, que cuenta con el consenso de PP y PSOE, la Ley LGTBI, la Ley de puestos de difícil cobertura o la de reforma del Servicio Público de Empleo (Ecyl), entre otras. Una variedad de iniciativas que tendrán que abordarse cuando se inicie el último periodo de sesiones de la XI Legislatura, el 1 de septiembre.

La Ley de Violencia de Género

La Ley de Violencia de Género autonómica es una de las normas de mayor importancia que quedan pendientes para el final de la legislatura. Se trata de una norma para cuya aprobación existe un consenso entre el Partido Popular y el PSOE, que retiró su iniciativa propia para alcanzar un acuerdo en base a la del Gobierno autonómico, por lo que, previsiblemente, saldrá adelante.

La nueva Ley incrementará la prevención y la atención a las mujeres vulnerables, especialmente a aquellas con discapacidades, e incluye aspectos novedosos como regular la violencia digital y la vicaria. Precisamente, la habilitación de la primera quincena de julio en la Cámara se llevó a cabo, entre otros motivos, para avanzar en su tramitación.

78 organizaciones y un centenar de profesionales han participado en la elaboración de este anteproyecto de ley que se estructura en cinco títulos, 69 artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Se incluye la violencia digital, que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales, y la vicaria, sobre los hijos y familiares o allegados a la mujer por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con la finalidad de causarles perjuicio o daño.

También la violencia de segundo orden, y la violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye las actuaciones como la mutilación genital, el matrimonio forzoso y la esterilización forzada.

Por otro lado, la violencia de género en el medio rural figura en la norma como una concreción del principio de equidad territorial, en colaboración con las entidades locales de provincias y municipios de más de 20.000 habitantes, que se considerarán en la planificación y la gestión coordinada de las redes de atención integral a las víctimas.

Finalmente, se regulan los recursos existentes de la Red de Atención a las Víctimas de violencia de género, como los centros específicos,casas de acogida, pisos tutelados y centros de emergencia; los servicios jurídicos, de integración laboral, puntos de encuentro, y atención psicológica a hombres que ejerzan violencia, entre otros.

Y también se hace referencia a las ayudas económicas tanto a la víctima como a las personas huérfanas que además disponen de derecho de preferencia de acceso a la vivienda y gratuidad en las enseñanzas universitarias.

Según han informado fuentes de las Cortes, la nueva Ley se encuentra, en estos momentos, en fase de ponencias y ya están designados los ponentes para esa fase inicial con el objetivo de establecer un texto y que salga un dictamen que vaya a comisión. "De ahí iría a pleno pero todavía no han solicitado los ponentes la convocatoria de la ponencia", han señalado esas mismas fuentes.

La Ley LGTBI

Otra norma de especial relevancia que queda pendiente para el último periodo de sesiones en las Cortes de Castilla y León es la Ley LGTBI, cuya toma en consideración se aprobó el pasado 11 de junio gracias a la abstención del PP. La Comunidad es, en la actualidad, la única que no cuenta con una Ley en este sentido y su aprobación podría estar más cerca que nunca tras años de espera.

Se trata de una Ley impulsada por el Grupo Socialista que cuenta con importantes novedades como la inclusión del concepto 'sexilio', que se refiere a aquellas personas que tienen que abandonar su lugar de origen obligados en contra de su propia voluntad por el mero hecho de pertenecer al colectivo LGTBI, algo que sucede especialmente en el medio rural.

La proposición de Ley hace referencia también a las personas sin hogar, y a las que pertenecen a etnias o religiones minoritarias. Una norma que es transposición de la normativa estatal a la de la Comunidad y que alberga también formación de los profesionales del mundo de la sanidad, de la educación, de la cultura y de los funcionarios públicos de la Junta en esta materia.

También se plantean actuaciones integrales y multidisciplinares en materia de intersexualidad y en los tratamientos de asignación de sexo y se contemplan protocolos acordes a las necesidades de las personas LGTBI y se aborda la lucha contra la "estigmatización" de las personas del VIH, garantizándose la dispensación de la profilaxis postexposición.

En materia educativa, se aborda por impulsar programas y guías de educación sexual que hablen de la diversidad sexual para la concienciación de padres y alumnos en materia de diversidad y, en el ámbito laboral, plantea medidas para que ningún trabajador se vea obligado a esconderse o a no trabajar en empresas o administraciones que "persigan esa condición sexual".

Además, se contempla la apertura de un Centro de Memoria Democrática LGTBI y un régimen de sanciones categorizadas en función de la condición de la víctima, la intencionalidad del agresor, la naturaleza o la gravedad del riesgo que se haya asumido.

Esta Ley cuenta con un plazo de presentación de enmiendas que se extenderá hasta el próximo 25 de septiembre y su aprobación no se da por garantizada ya que las formaciones de la oposición de izquierdas vinculan al electoralismo el movimiento del PP, que se abstuvo para facilitar su toma en consideración, y no confían en que permita que salga adelante.

Los puestos de difícil cobertura

Otra importante norma que queda pendiente para el periodo de sesiones que se iniciará en septiembre es la Ley de provisión de puestos de difícil cobertura, que también se encuentra en la fase de ponencia en la Cámara.

Se trata de una norma presentada por PP y Vox en mayo de 2024, cuando aún compartían Gobierno, que plantea una batería de incentivos, tanto económicos, con un complemento de hasta 6.000 euros anuales para los médicos, como no económicos, con una Oferta de Empleo Público específica e incentivos para la carrera profesional.

En la proposición de ley, cuya toma en consideración fue aprobada en diciembre de 2024 gracias al voto favorable de PP y Vox, se abordan también las actividades de difícil prestación, con la atención continuada en otro centro y permitiendo que un sanitario de un centro de salud pueda hacer guardias en otro, entre otras medidas.

La norma consta de 17 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y cinco finales para conseguir la atracción "de forma continuada y estable" de profesionales sanitarios para cubrir puestos de forma estructural que permanecen vacantes y garantizar la asistencia que no pueda ser realizada por el personal fijo o temporal.

En cuanto a los puestos de difícil cobertura, el texto establece los criterios para identificarlos, regular el procedimiento de declaración y medidas extraordinarias de incentivos. La ley define estos puestos como aquellos puestos de medicina y enfermería "cuya falta de provisión tenga carácter estructural" y cuando un puesto es declarado se abre el procedimiento para su provisión.

Entre los incentivos, la norma plantea el acceso extraordinario, una Oferta de Empleo Público especial, un complemento retributivo de 6.000 euros anuales para el Grupo A1 y de 1.300 para el Grupo A2 y también un incentivo a través de la carrera profesional, ya que estar más de tres años en el mismo puesto computa el doble.

Además, se contempla el cómputo del doble de tiempo de los servicios prestados para las bolsas de empleo, el establecimiento de medidas de flexibilización de horario y jornada y la fijación de ayudas al desplazamiento y al alojamiento.

Para las actividades de difícil prestación, se establece la atención continuada en otro centro, permitiendo que un sanitario que está en un centro de salud pueda hacer guardias en otro centro de salud distinto, recibiendo un complemento al importe que se perciben por las guardias.

También se plantea la gestión compartida, es decir, que centros de salud próximos puedan acordar una gestión compartida de las guardias entre profesionales de uno y otro centro y la posibilidad de la suspensión voluntaria de la exención de las guardias para los médicos mayores de 55 años. La Ley será, previsiblemente, aprobada en la Cámara con los votos de sus impulsores, PP y Vox.

La reforma del Ecyl

La proposición de ley de reforma del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) es la que lleva más tiempo en la lista de las pendientes, ya que fue presentada por los entonces socios PP y Vox en el otoño de 2023 y su toma en consideración se produjo en el pleno del 22 de noviembre de ese año.

La reforma tendrá como objetivo el de crear un centro único directivo del organismo, con el propósito de unificar y homogeneizar competencias, además de eliminar los cargos de gerente y de vicepresidente del Ecyl, que será asumido por el secretario general del Servicio, que tendrá a la vez el cargo de secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

La reforma impulsada por PP y Vox cuando compartían Gobierno plantea una nueva estructura del Servicio, bajo el vértice de la Presidencia, que corresponde al consejero competente, en este caso, Leticia García, y con una "simplificación" de órganos de dirección, creándose la figura del secretario general que asumirá las funciones de gerente y vicepresidente.

Los dos grupos impulsores de la reforma la justificaron por la "flexibilización y adaptación", incluyéndose entre los órganos rectores los centros directivos, suprimiendo la división en secretarias técnicas y habilitando la posibilidad de que se puedan crear direcciones técnicas dentro de los centros directivos que componen el organismo autónomo.

Se trataba, a su juicio, de modificaciones dirigidas a "aumentar las sinergias" permitiendo esa homogeneización de los trámites administrativos con un criterio único desde el principio de la simplificación administrativa. Esta norma también se encuentra en fase de ponencia.

Otras iniciativas pendientes

Para su tramitación en el último periodo de sesiones de la XI Legislatura, que se iniciará en el mes de septiembre en las Cortes de Castilla y León, se encuentran también otras iniciativas como la Ley de Despoblación, impulsada por el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, la Ley del Ruido o la modificación de la Ley Agraria autonómica.

Pendientes de su toma en consideración se encuentran la Ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de su Vida, impulsada por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y la Ley de Agentes Medioambientales.

También en fase para presentar enmiendas están dos proyectos de ley de la Junta remitidos en este periodo: el de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales de la Comunidad y el de coordinación de policías locales en Castilla y León.

Una variedad de iniciativas legislativas que tendrán que abordar los grupos parlamentarios cuando vuelvan al trabajo en las Cortes, en el mes de septiembre, después de dos meses de vacaciones e inactividad parlamentaria en la Comunidad y a falta de menos de seis meses para las próximas elecciones autonómicas.