Un 12,5% de las farmacias de Castilla y León son consideradas de viabilidad económica comprometida (VEC), la cifra más alta del país. El Procurador del Común solicita a la Consejería de Sanidad la adopción de medidas que “garantizasen su viabilidad y reconocimiento”
En el corazón de la Castilla y León despoblada, donde los consultorios médicos abren esporádicamente y el silencio se impone, las farmacias rurales siguen resistiendo como faros de salud y cercanía.
La reciente actuación de oficio del Procurador del Común de Castilla y León ha puesto el foco en estos establecimientos olvidados por la rentabilidad, pero esenciales para la vida en los pueblos.
El órgano presidido por Tomás Quintana solicita a la Consejería de Sanidad la adopción de medidas que “garantizasen su viabilidad y reconocimiento y que en consecuencia se valorase la remuneración de los servicios que presta, tanto sanitarios como asistenciales”.
El informe elaborado por la Procuraduría revela que el 60% de las farmacias de Castilla y León están ubicadas en entornos rurales, muchos en pueblos sin centro de salud.
Para miles de vecinos, especialmente ancianos polimedicados, el farmacéutico no es solo el dispensador de medicinas, sino un consejero, un centinela sanitario y, en ocasiones, el único profesional de bata blanca que pisa la localidad en semanas.
En estas farmacias, se realizan actividades que superan con creces la venta de medicamentos: seguimiento personalizado de tratamientos, programas de vacunación, educación sanitaria, y detección de casos de violencia de género o soledad no deseada.
“Se han convertido en auténticos centros sociosanitarios rurales”, recoge el documento.
“Muchas de estas farmacias se encuentran en municipios sin Centro de Salud, que solo disponen de un consultorio médico que no abre todos los días, o incluso sin consultorio médico, y por lo tanto la farmacia se convierte en el centro sanitario de referencia", explica Quintana.
A pesar de su papel fundamental, las farmacias rurales viven al borde del abismo. En la última década, Castilla y León ha perdido más de treinta, todas en núcleos pequeños.
El problema es económico. Su retribución depende exclusivamente del volumen de ventas. A menor población, menos ingresos.
Hoy, un 12,5% de las farmacias de la comunidad son consideradas de viabilidad económica comprometida (VEC), la cifra más alta del país.
“La supervivencia de este tipo de farmacias se encontraba en muchos casos en una situación comprometida, puesto que las ganancias por ventas en las farmacias de pequeñas localidades resultaban significativamente menores que las del resto de farmacias y porque las conocidas como farmacias VEC eran las que se encuentran en mayor peligro de cierre”, explica el informe.
Los farmacéuticos rurales, muchas veces sin empleados ni posibilidad real de descanso, asumen guardias sin compensación económica y se desplazan a diario a gestionar botiquines en aldeas aún más aisladas.
Igualmente, se hace referencia a que las farmacias ubicadas en los municipios rurales de pequeño tamaño generan un impacto económico positivo.
“Este impacto económico asciende hasta los casi 1.600 millones de euros anuales (de ellos, el 32,6% proviene de la actividad generada por las farmacias ubicadas en micromunicipios rurales).
Con un efecto multiplicador superior al de otros sectores productivos de alto valor añadido, como el transporte terrestre, las telecomunicaciones o la consultoría informática, poniendo de manifiesto la capacidad tractora de la farmacia sobre otras actividades”
"Decisiones valientes"
La resolución del Procurador del Común es clara y se lo pide a la Consejería de Sanidad. “Hay que potenciar el papel de la farmacia rural como motor de desarrollo y salud pública, explorar nuevas formas de remuneración y garantizar su sostenibilidad. Porque salvar una farmacia rural es, en esencia, salvar un pueblo”.
Pero hay que recordar que desde la Consejería ya se han puesto manos a la obra y colaborarán con el Colegio Profesional.
Esta iniciativa ha sido valorada positivamente por María Engracia Pérez Palomero, presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), quien reconoce que la resolución “refleja nuestra realidad con total fidelidad”.
Pérez Palomero subraya a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León la importancia del gesto: “Siempre es relevante que el Procurador del Común se pronuncie, pero en este caso lo ha hecho de oficio, lo que demuestra una especial sensibilidad hacia esta problemática”.
Aunque el informe no tiene carácter vinculante, sí actúa como un “toque de atención” a las autoridades sanitarias para que actúen ante un modelo en riesgo de desaparición.
Castilla y León es la comunidad con mayor dispersión geográfica de España, lo que condiciona enormemente el funcionamiento de los servicios sanitarios en las zonas rurales.
“Estas farmacias hacen una labor clave en pequeños núcleos de población. No solo hablamos de sacrificios económicos, sino también personales: son profesionales que trabajan en solitario, asumen toda la carga horaria y encuentran muchas dificultades para conciliar su vida personal”, explica la presidenta del Concyl.
En este contexto, desde el Consejo se reclama una reformulación del modelo de remuneración: “El índice corrector actual no es suficiente. Lo que pedimos es poder ofrecer servicios retribuidos que respondan a las necesidades reales de la población”.
Entre ellos, destaca los sistemas personalizados de dosificación para pacientes crónicos, el servicio de entrega de medicamentos hospitalarios en zonas rurales, o la posibilidad de vincular farmacias a botiquines o depósitos en residencias de mayores, sin que ello suponga un gasto extra para la administración.
En paralelo, Concyl continúa colaborando con la Consejería de Sanidad en programas como la Farmacia Centinela, las Escuelas Rurales de Salud o las campañas de vacunación contra la gripe, cuyo impacto llega por igual a grandes ciudades y pequeñas localidades.
No más farmacias
Uno de los puntos más contundentes de la intervención de Pérez Palomero es el rechazo a abrir más oficinas de farmacia en el medio rural.
“No necesitamos más farmacias para dar más servicio. Lo que necesitamos es que se dote a las que ya existen de herramientas y recursos que les permitan mantenerse en el tiempo”, afirma.
Actualmente, Castilla y León cuenta con casi 1.600 oficinas de farmacia repartidas por toda la comunidad, lo que, según Concyl, representa una de las redes más capilares del país.
“La clave está en darles estabilidad, servicios y reconocimiento. No se trata de repartir más pescado, sino de mejorar la caña que ya tenemos”, sentencia Pérez Palomero.
Sobre el perfil de quienes hoy en día optan por ejercer en zonas rurales, la presidenta apunta que hay “farmacéuticos de todas las edades”, algunos incluso desplazándose a diario desde municipios cercanos.
Esta vocación se mantiene viva a pesar de las barreras logísticas, económicas y sociales que supone ejercer en el medio rural.
Como advirtió el vicepresidente de la Federación Farmacéutica Internacional: “Salvar nuestros pueblos pasa por mantener vivas sus farmacias, el recurso sanitario más accesible, sin barreras ni burocracia”.