El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha asumido parte de una investigación judicial que salpica al procurador del PSOE en las Cortes autonómicas, José Luis Vázquez, por su etapa como alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).
El dirigente socialista está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, aunque al tratarse de un aforado por las Cortes, su caso tendría que ser llevado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, competente para investigar a personas aforadas.
En este caso se ha sabido que entre la documentación requisada por el juzgado Nº5 se incluyen contratos por los cuales el ayuntamiento habría pagado sin acometer los debidos expedientes más de 800.000 euros a una empresa de jardinería.
Así, en el año 2010 el Ayuntamiento del municipio segoviano adjudicó mediante concurso público el mantenimiento y limpieza de sus jardines a una empresa que al ver que el Ayuntamiento acumulaba deuda y no pagaba, siete años después decidió resolver el contrato, acudir a los juzgados y conseguir que el municipio le pagase a plazos esa deuda.
Pues bien, el alcalde de entonces y actual socialista en las Cortes de Castilla y León José Luis Vázquez decidió dar el mantenimiento a otra empresa, pero lo hizo presuntamente sin concurso público ni contrato de por medio, y esto es lo que se está investigando.
Es decir, que fue un expediente tramitado sin licitación ni concurso público.
"A la espera"
Este medio se ha puesto en contacto con Vázquez, que gentilmente ha rechazado hacer una valoración pero ha afirmado que se encuentra "a la espera de que la Justicia resuelva cuanto antes".
Según ha podido confirmar este medio a través de fuentes judiciales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia levantó hace unas semanas el secreto de las actuaciones relativas a las diligencias de investigación 190/2023.
Sin embargo, los detalles concretos de la instrucción siguen siendo reservados, salvo para las partes personadas en el procedimiento.
En esta causa se distinguen dos líneas de investigación. La primera, aún en manos del juzgado segoviano, se centra en presuntos delitos de falsificación documental y malversación que implican a dos personas, el actual alcalde del municipio, Samuel Alonso, y una funcionaria del Ayuntamiento.
Ambos figuran como investigados y el caso permanece en fase de instrucción, con la práctica de nuevas diligencias.
La segunda línea afecta directamente a José Luis Vázquez, quien fue alcalde del Real Sitio entre 2007 y 2019, y actualmente ocupa un escaño en las Cortes de Castilla y León como procurador del PSOE.
Dado su aforamiento, el juzgado de instrucción ha remitido esta parte del procedimiento a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, competente para investigar a personas aforadas. Por el momento, la Sala está pendiente de pronunciarse sobre si acepta o no la inhibición planteada por el juzgado, aunque se espera una decisión en un periodo corto de plazo.
El caso añade tensión a la actualidad política de un PSOE Castilla y León que sigue en tierra de nadie con el caso de la supresión de paradas de tren, y que pronto tendrá que hacer frente a este caso.
El TSJCyL no ha decidido todavía si admite la inhibición a su favor, aunque la lógica impone que así lo hará, entre otras cuestiones para garantizar los derechos de Vázquez, algo que durante estos días suena a la opinión pública por lo que está sucediendo en Extremadura con Miguel Ángel Gallardo.
Todo se remonta a mayo de 2023 cuando varios agentes de la Guardia Civil entraron en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) donde solicitaron varios expedientes procedentes de los archivos municipales todo ello dentro de una investigación judicial donde la jueza había decretado el secreto de sumario.
José Luis Vázquez fue uno de los procuradores inmersos en el famoso caso de los micro abiertos en las Cortes y que provocó un cisma y una purga dentro del PSOE Castilla y León.
Desde hace un mes se encuentra fuera de la dirección comandada por Carlos Martínez. Esto ha provocado que haya tenido que volver a su profesión, bibliotecario de bibliobús, trabajo que compaginará con su labor en las Cortes de Castilla y León hasta el fin de la legislatura, al no tener ya dedicación exclusiva.