El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha afirmado este lunes que el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) creado por la Constitución Española para corregir desequilibrios y garantizar solidaridad entre los territorios es “insuficiente e incapaz de alcanzar sus objetivos”.
Amilivia ha explicado que es la Ley la que fija la cuantía, así como que los criterios no se han modificado en 24 años y ninguna fuerza política lo ha hecho, de ahí que se “salgamos mal parados”, ha recalcado.
Además, ha destacado que este fondo “no va para provincias ni regiones, sino para las autonomías", siendo ellas "las que determinan los proyectos”.
Del mismo modo, ha expuesto que el descenso de la cantidad total “viene por la caída de la inversión pública”, que se une a que los criterios “no favorecen a Castilla y León”, como la población o el territorio.
Lo ha hecho en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha presentado un informe de los expedientes justificados con cargo al FCI del ejercicio 2022, cuando Castilla y León recibió una dotación de 18,9 millones (el 4,37%) de un importe total de 432,4 millones de euros nacional.
Una auditoría que, según el presidente, constata que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos del FCI en lo respectivo a la naturaleza de los gastos realizados, así como los expedientes revisados se corresponden con el tipo de gasto financiado, gastos de inversión que se han contabilizado correctamente.
Asimismo, ha comentado que desde 2018, la dotación para Castilla y León no ha superado el 5%, lo que explica que la financiación a través de estos fondos tenga un carácter “muy poco significativo”.
Así, los gastos ejecutados en la Comunidad alcanzaron los 58 millones de euros, importe muy superior a lo que se consideró ejecución del FCI. La Administración General de la Comunidad reconoció el 50,4% de los derechos provenientes del Fondo; la Gerencia Regional de Salud el 40,3%, y, el resto, el Instituto Tecnológico Agrario.
Por tipo de política, de los 58 millones, 19 de ellos se reconocieron en Educación; 18 en Agricultura y Ganadería; 15 en Sanidad, y cinco en infraestructuras viarias, mientras que el gasto susceptible de ser imputado al Fondo se realizó principalmente en las provincias de León, Soria y Salamanca.
Recomendaciones
Con todo ello, Amivilia ha realizando una única recomendación, que ha ido dirigida a la Consejería de Economía y Hacienda. En este sentido, ha manifestado que, en aras de un conocimiento más preciso de las actuaciones concretas financiadas por el FCI, la Consejería debería incluir una relación expresa de los proyectos de inversión y, en su caso, gastos de funcionamiento asociados, que se financien con cargo a los Fondos en el Anexo a la Sección 36 de los Presupuestos Generales del Estado.
Y es que, según ha apuntado, en el ámbito de Castilla y León, las inversiones "no corresponden a proyectos concretos de gasto sino a determinados superproyectos" que incluyen como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años.
Son gestionados por las distintas Consejerías del Ejecutivo autonómico y contienen operaciones de capital presupuestadas por un importe muy superior a las dotaciones de los FCI. Sus gastos son también elegibles para ser financiados con otras fuentes de financiación, especialmente fondos europeos.
En esta misma línea, Mario Amilivia ha señalado que 20 ayuntamientos de la Comunidad “no han contestado a ninguna de las recomendaciones” formuladas a lo largo de 2023, una circunstancia que “distorsiona” el resultado de un informe de seguimiento al respecto, que recoge, al mismo tiempo, el cumplimiento total o parcial de 144 recomendaciones, de un total de 306 analizadas.
Amilivia ha apuntado que el grado de aceptación de las recomendaciones fue del 54%, al incluir tanto las cumplidas total o parcialmente como aquellas en las que los entes únicamente manifestaron su conformidad. Además, ha detallado que 21 de las 143 recomendaciones no aplicadas por los entes fiscalizados, es decir, un 7% del total, fueron tomadas en consideración, lo que se traduce, según ha comentado, en que han sido aceptadas en su contenido a pesar de no haber sido todavía puestas en marcha.
En concreto y al profundizar según el tipo de administración, el cumplimiento se segrega en un 41% en el caso de los municipios (83 recomendaciones cumplidas de 203); la Junta de Castilla y León, con el 54% (14 de 26) y las diputaciones el 61% (47 de 77).
De esa forma, según ha señalado, el informe deja patente que estas recomendaciones cumplidas total o parcialmente en 2023 han supuesto “importantes mejoras en ciberseguridad, contratación administrativa, contabilidad y evaluación de políticas públicas”.
Si bien, el presidente del Consejo de Cuentas ha afirmado que con estos datos se puede hacer una “llamada atención” a los distintos ayuntamientos a los efectos de que tengan en cuenta la contestación a las recomendaciones. “Sabemos que los ayuntamientos han cumplido muchísimas de esas recomendaciones, pero al no contestar formalmente este informe, tenemos que darlas por no corregidas y cumplidas cuando podemos tener la certeza contraria”.
"Infrafinanciación y desequilibrio"
El procurador de UPL-Soria Ya, José Ramón García, ha asegurado que si hubiera dos regiones, es decir, la castellana y la leonesa, se recibirían más fondos, porque la leonesa “tiene datos peores en lo socioeconómico”. “Al final salimos perjudicados los de siempre”, ha manifestado en declaraciones recogidas por Ical.
Además, ha criticado la gestión que realiza la Junta, dado que "no imputa proyectos bien definidos y hablan de superproyectos que no están bien concretados y se dotan a las consejerías de manera generalizada”, por lo que ha instado a la existencia de “mayor transparencia y una relación más detallada de los mismos”.
Por su parte, desde Vox, Susana Suárez ha calificado de “obsoletos” estos fondos y mecanismos, al lamentar que Castilla y León sufre una “infrafinanciación”, dado que otras autonomías han recibido más dinero que en otros años.
Lo que, según ha señalado, genera un “desequilibrio” y una desigualdad en actuaciones como en infraestructuras. “Se va de más a menos”.
Además, ha criticado que existan provincias desfavorecidas año tras año, como Zamora o Palencia, en el reparto de fondos, por lo que “ya no solo hay desigualdades entre autonomías, sino que ahora también las hay dentro de la propia Comunidad entre las provincias”, ha lamentado.
“Vivimos en la España de las desigualdades, porque los gobiernos del PP y PSOE no han sabido dar respuesta a todos los españoles por igual y con visión de futuro. Cada vez hay más diferencias entre territorios", ha concluido, apuntando que estos fondos "agravan más las desigualdades, al no tener en cuenta criterios objetivos de necesidad y equidad frente a los aspectos políticos e ideológicos”.
La procuradora popular Noemí Rojo ha destacado que el informe valida la gestión de la Junta, aunque ha cargado contra el "descenso paulatino" de los fondos que proceden del Estado.
Además, ha solicitado que los criterios de reparto actuales sean analizados y actualizados, teniendo en cuenta la “singularidad” de Castilla y León.
"La despoblación y el envejecimiento deben tener más peso en los criterios para la entrega de estos fondos y su dotación, la cual es insuficiente para corregir los desequilibrios económicos y sociales que afectan a Castilla y León”, ha destacado.
Por el contrario, el procurador socialista José Luis Vázquez ha cargado contra la gestión de la Junta, al asegurar que “carece” de un plan para la Comunidad, donde “se pierde la oportunidad de ejercer con efectividad de estos fondos, por pequeña que sea la partida”.
"La falta de proyectos de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco hace que tenga una actuación clientelar para este tipo de fondos”, ha confesado, al tiempo que ha lamentado la “falta de transparencia” en los proyectos que se llevan a cabo y la “falta de cohesión territorial” del Gobierno autonómico.