España está conmocionada con el asesinato de una educadora social en Badajoz a manos de tres menores. Belén, de 35 años, fue asesinada presuntamente por tres menores con los que trabajaba en su reinserción en un piso tutelado este pasado domingo.

Dolor y rabia es lo que sienten todos los educadores de España, porque tienen claro que esto es un caso que se podría haber evitado. Belén había denunciado días atrás a uno de ellos por supuestas amenazas.

Compañeros y compañeras de Belén apenas pueden encontrar palabras tras lo sucedido y los educadores sociales de Castilla y León también se encuentran en la misma situación.

Roberto (Rúper) Muñoz Alonso, vicepresidente Primero de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León, tiene claro que lo ocurrido en Badajoz, “no se trata de un caso aislado”, aunque por desgracia se trata del caso más grave que puede pasar. “Es una situación que en el caso de la intervención social se lleva denunciando años y no se ponen los medios adecuados”, asegura a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

A Rúper le cuesta hablar de ello sin un nudo en la garganta porque “lo vivimos día a día entre compañeras y compañeros de trabajo en un piso tutelado, en un centro joven, en un instituto o en cualquier acción educativa que hagamos”. Por eso, “si de algo nos hemos quejado siempre es de la falta de reconocimiento a la profesión y de la falta de medios”.

“Si de algo nos hemos quejado siempre es de la falta de reconocimiento a la profesión y de la falta de medios”.

Muñoz tiene claro que existen varios factores por los que se ha llegado a esta situación. “La precariedad laboral, la externalización de los servicios públicos, el que se prime más una oferta económica en una licitación que un proyecto educativo, todas esas cosas van en detrimento de los servicios que se ofrecen y de las condiciones de las personas trabajadoras”, lamenta.

El salmantino tiene muy claro que es algo que se podría haber evitado. “Por supuesto, desgracias y accidentes pueden ocurrir en cualquier circunstancia y ninguna profesión está exenta de ellas, pero precisamente es algo que los Colegios Profesionales de Educación Social lleva años peleando, porque precisamente trabajamos desde la prevención y estas situaciones, con condiciones dignas, pueden evitarse”.

Y ahora hay temor en Castilla y León porque creen que esta situación también podría vivirse en los centros de la Comunidad. “Compañeras y compañeros llevan muchísimo tiempo hablando de las condiciones laborales y las condiciones que por ende sufren también las personas destinatarias de nuestra acción educativa. Esperemos que una desgracia de este tipo no vuelva a suceder, aunque viendo la situación en la que estamos, mucho me temo que podemos volver a encontrarlo de nuevo”, critica.

Y uno de esos casos más llamativos es en el famoso centros de menores de Zambrana en Valladolid, aunque no es el único. “Zambrana es siempre de los ejemplos más comentados por ser uno de los centros más grandes y con casos más mediáticos, pues se trata de un centro de reforma, pero como decía antes, hay muchos espacios de intervención social con características muy similares y con un denominador común que es, de nuevo, la precariedad de la que venimos hablando en toda esta entrevista. Muchas compañeras y compañeros que viven estas situaciones no quieren denunciar por miedo a las represalias y a perder el empleo. Parece ser que tienen que pasar una desgracia como la de Belén para que la administración haga algo por fin”.

"Tantas cosas que reivindicar"

Aún con la rabia de lo vivido en Badajoz, el vicepresidente Primero de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León hace una serie de reivindicaciones, “pero hay tantas cosas”.

Así, recuerda que los convenios colectivos no son suficientes y además “no hay representación legal” de, por ejemplo, los colegios profesionales, “que somos quienes nos batimos el cobre en el día a día”.

También cree que debería de haber un reconocimiento profesional a la educación social, unas condiciones laborales dignas y contrataciones justas. “Sabemos que la privatización es una pelea casi imposible de ganar por el sistema en el que vivimos, pero que al menos se revisen las contrataciones o que haya un mayor control laboral de las entidades que precarizan el sector y nuestra labor.

Y por último reivindican el valor del colegio profesional pues “cuantas más personas seamos, más alto se escuchará la voz de todas”.

"Se podría haber evitado"

Muñoz lamenta las condiciones en las que trabajan los educadores sociales en Castilla y León y vuelve a poner de ejemplo el caso de Belén, que, “seguramente se podía haber evitado simplemente con un acompañamiento de otra compañera en el centro”, y “eso no ha sucedido seguramente por recortes”.

"Seguramente se podía haber evitado simplemente con un acompañamiento de otra compañera en el centro”

Y es que el día a día de los educadores en Castilla y León es complicado y complejo. “Como digo es una situación estructural, no se trata de un caso aislado, ni de un caso particular de los centros o los pisos tutelados, todo el sector social está precarizado, trabajamos con personas y la labor de la educación social es vital, sin embargo parece ser que está relegada a recortes, inseguridades, condiciones laborales pésimas... Podemos tener mucha vocación pero todas estas cosas repercuten directamente en la ciudadanía con la que trabajamos”.