La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, asiste en Bruselas a la constitución del octavo mandato de cinco años del Comité de las Regiones, inaugurado por el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, junto a tres miembros de la Comisión.
Un mandato que según señalan será "clave para el devenir del futuro de Europa en un escenario de incertidumbre a nivel global".
En ese sentido, la vicepresidenta considera que es "completamente necesario que se escuche la voz y las preocupaciones de Castilla y León", como ocurre con la redacción del futuro Plan de Acción Integral del Automóvil, que afecta de manera directa a la Comunidad.
Este jueves Isabel Blanco marcará la posición de la Comunidad en materia de Política de Cohesión y Vivienda durante la sesión plenaria.
En este mandato, además, será un representante español quien comparta la Presidencia de la asamblea. Se trata de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, quien ejercerá como vicepresidente de la institución durante la primera mitad del mandato para, después, ocupar el puesto de máxima autoridad.
La número dos del Ejecutivo autonómico va a solicitar al comisario encargado de la redacción del Plan de Acción Integral del sector del automóvil que "la transformación de esta área crucial para la economía autonómica se acometa de manera gradual y ordenada, y adaptándose a la realidad de cada territorio".
Además, va a reivindicar un mecanismo europeo específico que apoye una transición justa, equitativa y satisfactoria para las regiones, a través del establecimiento de unas líneas presupuestarias adicionales en los distintos fondos y programas europeos para estimular la demanda.
Blanco defiende la postura de Castilla y León dentro del denominado Diálogo Estratégico de la Comisión Europea para elaborar dicho plan, donde han participado 22 actores importantes del sector entre asociaciones y empresas.
La vicepresidenta ha explicado detalladamente "la posición autonómica en el futuro del automóvil, donde la Comunidad es referente por producción, exportaciones, facturación, cadena de valor y formación".
Un sector que en Castilla y León genera el 20% de la producción nacional y más de 35.000 empleos, cuenta con 150 proveedores y su industria representa el 15% del Producto Interior Bruto de Castilla y León.
Este ecosistema alrededor del sector del automóvil, ha añadido, se completa con unas universidades y centros tecnológicos que impulsan la innovación y la transferencia de conocimiento en el área.
Así, desde una posición de liderazgo, la Comunidad está plenamente comprometida con esta transición hacia una movilidad sostenible y neutra en emisiones, de acuerdo con las políticas de la Unión Europea.
Pero este proceso de transformación, para que sea justo, equitativo y ordenado, debe ser compatible con la demanda de los consumidores, la capacidad de inversión de las empresas y, fundamentalmente, con el mantenimiento del empleo y la competitividad.
Según la vicepresidenta, si bien el vehículo eléctrico es una oportunidad y un factor definitivo para alcanzar los objetivos del cambio, no es el único, ya que no va a llegar a todos a la misma velocidad, como ocurre con los vehículos pesados.
Por lo que es necesario, señala, contemplar otras medidas alternativas en la progresiva eliminación de los combustibles fósiles.
Castilla y León está preparada para afrontar el cambio, el cual ha de llevarse a cabo a través de una colaboración constante y profunda, en una clara apuesta por el diálogo social, seña de identidad de la Comunidad.
El doble objetivo es que, a través de esta cooperación permanente, ningún territorio quede apartado del proceso y, a la vez, se garantice que Europa sea un sector automovilístico mundial.
Para ello, es preciso apostar de manera potente por la innovación y que el cambio sea flexible y adaptable, lo cual solo puede lograrse a través de un enfoque de abajo hacia arriba.
En este contexto, el apoyo financiero, es decir, ese mecanismo que establezca unas líneas de financiación específicas, se antoja fundamental.
Y estas tienen que ser adaptadas a las necesidades concretas tanto de las regiones como de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que son, fuerza laboral incluida, las que más sufren las consecuencias de la transición.