La Junta de Castilla y León ha iniciado el trámite para la adaptación de la normativa de la Comunidad a la ley de 2024 básica de agentes forestales y medioambientales, para lo que la norma nacional otorga un plazo de un año para que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, dicten las disposiciones necesarias.

De este modo, con el objetivo de cumplir con la disposición final cuarta de esta ley estatal, la Junta ha abierto la consulta pública previa en el procedimiento para la elaboración de un decreto por el que se adapte la normativa de la Comunidad de Castilla y León a lo dispuesto en la norma básica.

Según consta en el procedimiento, se abordará en el decreto la regulación detallada de las funciones de los agentes medioambientales, la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, la actuación como servicio de intervención y asistencia de emergencias o la uniformidad y acreditación.

También, los medios de defensa, la prevención de riesgos laborales, la asistencia jurídica, el acceso al empleo público y la promoción personal, la formación y la igualdad de género.