La sanidad y la prohibición de la caza del lobo han copado los dictámenes del Consejo Consultivo en 2022 y las consultas sobre la administración autonómica han superado a las de las entidades locales por primera vez en siete años. Así se desprende de la memoria anual correspondiente a 2022 de la institución presentada este lunes por su presidente, Agustín Sánchez de Vega, en las Cortes.

Sánchez de Vega ha destacado que el Consejo ha tardado una media de 18 días hábiles en la resolución de dictámenes durante los primeros cinco meses del año 2023, superando el objetivo marcado, que era de 20 días. Además, ha recordado que en 2022 se aprobaron 696 dictámenes, ninguno de ellos con votos particulares, y se resolvieron 208 recursos.

Durante 2022, ha recordado De Vega, el 56,03% de los expedientes (390) se solicitaron por la administración autonómica, el 43,83% (305) por parte de las entidades locales y tan solo uno por las universidades públicas.

Las consultas autonómicas se han incrementado debido a dos bloques: el referente a la sanidad, concretamente en relación a 94 expedientes de responsabilidad patrimonial con motivo "de los daños y perjuicios" derivados de la pandemia de la Covid-19 y también otro referente a los perjuicios por la prohibición de la caza del lobo, con un total de 78 expedientes.

De Vega destaca al Consejo como "garante de la legalidad"

De Vega ha destacado la labor del Consejo Consultivo como "garante de la legalidad" de las decisiones administrativas y sobre contratación pública y ha explicado que las normas y su interpretación "fundamentan tanto los dictámenes del Consejo como las resoluciones del Tribunal".

Respecto a las materias dictaminadas, De Vega ha señalado que los asuntos de responsabilidad patrimonial "han sido los más numerosos", como suele ser habitual, y que versan sobre esta materia 530 de los 696 dictámenes.

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