Los funcionarios de Justicia de Castilla y León vuelven a manifestarse ante la "cerrazón" del Ministerio de abrir la Mesa de Negociación. Ya son varios meses los que llevan reivindicando mejoras y, sobre todo, la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).  Juanjo Banciella, el responsable autonómico del sector de Justicia de CSIF, vuelve a repetir lo que decía en días anteriores: "La Justicia funciona gracias a mis compañeros y exigimos que se negocien de manera adecuada las funciones". 

Piden que vayan "acompañadas de unas retribuciones correctas" puesto que, afirman, es el momento de "acabar" con que ellos hagan el trabajo y "sean otros quienes lo cobren". Asimismo, cuestionan a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que la ley "no puede salir adelante sin el apoyo de los trabajadores". Quienes representan el 93% del personal. 

A su juicio, Llop es una ministra "clasista" dado que "no se puede reunir sólo con el 7% de los trabajadores para subirles el sueldo". Y quieren que "se reconozca en la ley a quienes están en el día a día y eso sólo se puede conseguir con el diálogo mediante las organizaciones sindicales". 

Gritan alto y claro porque desde el Ministerio se han reunido con los jueces en dos ocasiones y en ambas les ha puesto dinero. "A los que están en el día a día de los juzgados se niegan a sentarse con ellos en una mesa", asegura. Y critican que la ministra "debe seguir en la Feria de Abril" porque "no ha llamado a los legítimos representantes de los trabajadores". Los funcionarios aseveran que no van a "consentir" esta situación y que van a "alzar la voz" para que sepan que no van a parar hasta que "se atiendan" sus reivindicaciones. 

Respecto a las subidas salariales piden 400 euros para gestores, 375 para tramitadores y 350 para auxiliares. Tras el incremento de los letrados les parece una cantidad "aceptable y moderada" para el trabajo que realizan. 

Lo cierto es que este problema a quien más está afectando es a la propia ciudadanía. Se están suspendiendo vistas y actuaciones judiciales "por doquier" y la paralización en los órganos judiciales "es total". En Valladolid, cada día, se están suspendiendo 100 vistas y está causando un "grave prejuicio" a los ciudadanos. Por ello, aseguran que se debe mandar un "mensaje claro" a los responsables políticos: "Pueden legislar muchas leyes pero esto solo se soluciona si la Justicia tiene medios para aplicarla".