El papel pierde terreno en la Administración de Castilla y León, donde el 64 por ciento de los formularios ya se presentan a través de la vía electrónica, una opción que el pasado año experimentó un incremento del seis por ciento, hasta superar los 2,68 millones. Esto contrasta con los 1,51 millones de solicitudes que llegaron a la Junta a través del canal presencial, que desde hace cinco años ya no es el mayoritario.

De acuerdo a los datos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital consultados por Ical, el dominio de la red se ha afianzado desde 2018, el primer año en que el las solicitudes electrónicas superaron a las de papel, lo que se ha visto reforzado con el paso de la pandemia del COVID-19. Con ello, entre 2005 y 2022, los servicios autonómicos han recibido un total de 19,29 millones de formularios digitales.

Además de las solicitudes, se incrementaron en 2022 las consultas de interoperabilidad un 36 por ciento hasta los 4,63 millones y las notificaciones electrónicas un siete por ciento, hasta superar las 461.000. De la misma forma, los documentos en depósito de originales electrónicos rebasan los 8,8 millones, un 22 por ciento más, de los que 8,2 millones son documentos administrativos y algo más de medio millón facturas electrónicas.

En cuanto a la oferta de servicios de la administración electrónica, la Junta contabilizó durante 2022 un total de 1.410 procedimientos administrativos -997 con inicio y fin electrónico-, un cinco por ciento más que un año antes. En el ámbito interno, la utilización del Portafirmas permitió que 538.496 documentos recibieran la firma electrónica y se intercambiaran 742.098 notas, evitando el trabajo de ordenanzas o conductores para trasladar los documentos de un centro directivo a otro.

Nuevos proyectos

La Plataforma de Administración Electrónica engloba todos los sistemas que sustentan la relación con los ciudadanos y el trabajo de los empleados públicos en condiciones de seguridad y con la garantía de la validez jurídica. Durante 2022 se implantó de forma generalizada la posibilidad de realizar firmas electrónicas con Cl@veFirma, la solución desarrollada por la Administración General del Estado, lo que evita la necesidad de instalar certificados en el equipo local.

Además, la Administración de la Comunidad tiene intermediados más de 47 consultas que evitan tener que presentar otros tantos documentos acreditativos. El pasado año se añadieron el Servicio Consulta del Valor de Referencia, que certifica el valor y ubicación de un inmueble a partir de su referencia catastral, y el de Verificación de Ámbito de Residencia, que acredita en qué provincia y municipio se reside.

También, la Junta llevó a cabo el pasado año el despliegue del Registro Electrónico de Apoderamientos, una base de datos de ámbito nacional que contiene la información de apoderamientos y representaciones entre personas físicas y jurídicas, así como la capacidad de realizar determinados trámites ante la Administración.

La gestión de una representación puede realizarse a través de Internet si el usuario está debidamente acreditado, pero también se puede realizar presencialmente en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro.