Las dos formaciones que sustentan al Gobierno autonómico, el Partido Popular y Vox, han sacado adelante este miércoles en el pleno de las Cortes una de sus medidas estrella: la Ley de rebajas tributarias. Se trata de una ambiciosa reforma fiscal que convertirá a Castilla y León en la segunda Comunidad con el tipo impositivo mínimo más reducido después de la Comunidad de Madrid, con una reducción de medio punto en el tramo más bajo del IRPF autonómico, que pasará del 9,5% a solo el 9%.
Según el Ejecutivo autonómico, esa reducción fiscal conllevará un ahorro anual de más de 20 millones, con un total de 80 en el global de la legislatura, para los contribuyentes de la Comunidad que realicen la declaración de la renta, y el objetivo principal es "aliviar a las familias" frente a la subida de los precios, especialmente "a las rentas bajas y medias".
La medida ha contado con el apoyo de los dos partidos impulsores, que han hecho valer su mayoría de 44 procuradores, mientras que la oposición ha mostrado su firme rechazo a la nueva norma. Una Ley de rebajas tributarias en la que destaca también el impulso de una fiscalidad diferenciada para el medio rural y el apoyo a la natalidad contemplado en el incremento de las cuantías deducibles por nacimiento o adopción en las localidades de menos de 5.000 habitantes.
En concreto, una rebaja que será de un total de 1.420 euros en el caso del primer hijo, de 2.070 en el segundo y de 3.300 a partir del tercer hijo. Un aspecto en el que Castilla y León se ha convertido en punta de lanza en España, contando, tras la aprobación de esta Ley, con las deducciones más elevadas del país tanto en el medio urbano como en el medio rural.
La oposición carga contra la medida
La procuradora del PSOE Rosa Rubio ha asegurado que la Ley es un "corta y pega" de una serie de medidas propuestas en julio de 2021 y que, por tanto, "no tienen que ver con la situación actual de guerra e inflación". La socialista ha considerado "una chapuza" el proyecto de ley y ha criticado que "deje fuera" a las personas que no se ven obligadas a realizar la declaración de la renta.
Para los socialistas, que han presentado un total de 30 enmiendas, todas ellas rechazadas, las medidas contempladas en la Ley "no son efectivas" y tienen "una alta carga ideológica". El procurador de UPL-Soria Ya Ángel Ceña, cuyas enmiendas también han sido rechazadas, ha asegurado que el Gobierno autonómico "vende humo" con esta Ley y que la norma "es inservible". Y ha criticado especialmente las medidas para fomentar la natalidad en el mundo rural, que ha calificado como "ineficaces".
El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha recriminado al PP "no cumplir" con lo que exigen los mismos populares al Gobierno de Pedro Sánchez al no deflactar el IRPF, además de calificar la bonificación de las licencias de caza y pesca como "un regalo clientelar". El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, por su parte, ha achacado al Gobierno autonómico profesar "el más puro neoliberalismo". Las enmiendas de ambos han sido rechazadas por los 44 votos de PP y Vox.
Las Cortes convalidan dos Decretos-ley
Las Cortes de Castilla y León han convalidado además dos Decretos-ley en la sesión plenaria de este miércoles. El primero de ellos, que ha salido por unanimidad, contemplando modificaciones a la regulación de la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria. En concreto, el importe máximo anual de esa ayuda económica queda se eleva a partir de ahora al 50% de la cuantía del IPREM en un total de 14 pagas.
El segundo de ellos, aprobado también con una amplia mayoría, 73 votos favorables y cuatro abstenciones, contempla medidas en materia de sostenibilidad ambiental y un incremento de retribuciones al personal del sector público autonómico, con un incremento retributivo global máximo que en el ejercicio de 2022 queda en un 3,5%.