España y Castilla y León se han convertido en polos opuestos en el último mes a cuenta de la memoria histórica. Mientras el Gobierno central aprobará este mes de julio el proyecto de la Ley de Memoria Democrática para ampliar las prerrogativas de la Ley de Memoria Histórica de 2007, el Ejecutivo autonómico de Partido Popular y Vox ha iniciado a finales de junio la tramitación de una nueva normativa de concordia que sustituirá al Decreto de Memoria Histórica autonómico impulsado por el mismo PP en 2018. Dos caminos opuestos que alejan al Gobierno central de la Comunidad en una materia en la que hasta hace unos meses eran coincidentes, ya que Castilla y León es la única comunidad presidida por el PP con legislación sobre memoria histórica en vigor.
Ambos Ejecutivos se han visto arrastrados por sus socios de Gobierno para impulsar estas leyes. En el caso del Gobierno central, el papel del socio del PSOE, Unidas Podemos, y de EH Bildu –formación que ha facilitado la investidura de Pedro Sánchez desde 2018– ha sido clave a la hora de crear una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos desde 1978 hasta finales de 1983. En Castilla y León, el PP de Alfonso Fernández Mañueco ha tenido que ceder en la pretensión de su socio de Gobierno, Vox, de poner en marcha un Decreto de Concordia que sustituya al de Memoria Histórica –que el mismo PP impulsó en 2018– para "unir y reconciliar a los españoles".
Un decreto de memoria pionero en una comunidad del PP
El decreto de memoria histórica de Castilla y León fue una norma pionera en una comunidad del PP, un partido que, desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica nacional en 2007, se opuso frontalmente a llevar a cabo cualquier política en este sentido. Cuatro años después, tras la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa en noviembre de 2011, el nuevo presidente no cumplió con su promesa electoral de derogar la norma pero dejó sin fondos la búsqueda de fosas comunes de la Guerra Civil y otras medidas memorialistas en las sucesivas aprobaciones de los Presupuestos Generales del Estado, hasta su salida del poder en junio de 2018.
El PP de Castilla y León, sin embargo, mostró desde un inicio una mayor sensibilidad ante esta cuestión y se abrió al diálogo. El decreto de memoria histórica autonómico fue aprobado, finalmente, en abril de 2018, después de años de negociaciones entre el Gobierno autonómico del popular Juan Vicente Herrera (2001-2019), las asociaciones memorialistas de la región y los sindicatos CCOO y UGT. La aprobación de la norma llevó consigo la conformación del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, un organismo que presidió desde sus inicios Ángel Hernández, de Comisiones Obreras.
La aprobación del decreto y la conformación del Consejo Asesor supusieron el pistoletazo de salida para una serie de iniciativas en materia de localización de fosas comunes, exhumación e identificación de restos de represaliados republicanos durante la Guerra Civil y la represión posterior. Los trabajos se extendieron por toda la región durante los años siguientes y tuvieron su colofón en el gran acto celebrado en el Cementerio del Carmen de Valladolid –donde se habían llevado a cabo varias exhumaciones– en febrero de 2020, con la inauguración de un memorial que recoge los restos de 245 víctimas del franquismo. En aquel acto estuvo presente el entonces vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en representación del Gobierno autonómico presidido por Mañueco.
El anuncio del acuerdo entre PP y Vox, y el posterior anuncio por parte de ambas formaciones de que impulsarían una normativa en materia de concordia "para reconciliar a los españoles", provocó que el presidente del Consejo, Ángel Hernández, anunciara su dimisión. "Estar en el Consejo con Vox es imposible. Mi trayectoria personal, mi ética personal y mi ética democrática me impiden sentarme con miembros de un Gobierno donde está esta gente", aseguraba Hernández tras anunciar su dimisión poco después de conocerse el pacto. El ya dimitido presidente hacía referencia también a los siguientes pasos que, a su juicio, quedan por darse en la región en esta materia. "Una vez finalizado el mapa de fosas deberían venir los trabajos de identificación, que ya se han venido haciendo, y después se debe hacer un censo", señalaba.
La concordia que sustituirá a la memoria histórica
PP y Vox se comprometieron a impulsar la nueva normativa de concordia –que según anunció el jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, podrá tener forma de ley o de decreto, según el contenido– antes de que finalizase el período ordinario de sesiones en las Cortes. Cumplieron. Ambas formaciones anunciaron el pasado miércoles el inicio de la tramitación de la nueva norma y mostraron su unidad, defendiendo la utilidad de esta medida para "unir a los españoles". "Se ha iniciado el trámite para la nueva normativa en materia de Concordia. Y son tres puntos comunes los que la inspiran: reivindicar nuestra historia común, que esa reivindicación se realice desde una perspectiva integradora y que se pueda combatir cualquier intento de utilizar nuestra historia para dividir a los españoles", señalaba Carriedo tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves.
El portavoz detalló los pasos a seguir después del inicio de la tramitación de esta nueva normativa. "Lo primero es definir el contenido de la normativa, la compatibilidad con la ley nacional que sigue vigente y su disposición en la página web de la Junta, el inicio del trámite para que se puedan formular cualquier tipo de alegaciones e ir viendo las opiniones del conjunto de consejerías", afirmaba, asegurando que lo que busca la Junta "es el máximo nivel de consenso y acuerdo". "Esa es la dirección en la que estamos trabajando", zanjaba el portavoz de la Junta.
El PP de Castilla y León, pues, certificaba así la ruptura con su pasado reciente y asumía las tesis de Vox, ya que fueron los populares quienes impulsaron, bajo el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera (2001-2019) el Decreto de Memoria Histórica de 2018 que, hasta ahora, sigue vigente. Con todo, Carriedo reconoció la "virtud desde el punto de vista humano" del Decreto impulsado por Herrera -al haber permitido que los familiares de los asesinados en la Guerra Civil encontrasen sus restos- pero aseguró que la nueva normativa serviría para "que la Historia sirva como elemento de unión y sea un elemento de reconciliación entre españoles y nunca sea un elemento de división, de desunión o de buscar distancias".
La polémica por la Ley de Memoria Democrática
Mientras el Ejecutivo de coalición entre PP y Vox en Castilla y León, el primero del que forma parte el partido de Santiago Abascal, certifica la rectificación de la política de la Junta en materia de memoria histórica de los últimos cuatro años e impulsa esa nueva normativa de concordia, el Congreso de los Diputados aprobará este mismo mes la nueva Ley de Memoria Democrática. Una ley que no ha estado exenta de polémica en las últimas semanas, principalmente porque implica la creación de una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos desde 1978 hasta finales de 1983.
Esta medida, exigencia de EH Bildu para apoyar la norma en el Congreso, amplía la materia susceptible de ser revisada a los primeros años de la democracia, incluyendo incluso los primeros meses del Gobierno de Felipe González, del PSOE, que accedió al poder tras la victoria electoral de octubre de 1982. El propio González ha mostrado en los últimos días su contrariedad con la norma y ha asegurado que teme que "las memorias se conviertan en desmemorias". Otros veteranos políticos como el expresidente José María Aznar (1996-2004), del PP, han calificado de "disparate" la nueva ley y han asegurado que "ha sido pactada con terroristas", por el papel de EH Bildu en su aprobación.
La nueva norma declarará ilegal el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista, así como sus tribunales y las resoluciones que emanaron de ellos. La cuestión más polémica es la extensión del período de investigación hasta la aprobación de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978, y la creación de esa comisión para analizar vulneraciones de derechos humanos hasta 1983. Fundamentalmente, porque la norma no hace referencia a las víctimas de ETA, que en los primeros años 80 perpetró centenares de asesinatos, y, además, la organización terrorista podría considerarse como un grupo de resistencia antifranquista en esos años al extenderse la ley hasta finales de 1983.
La Ley de Memoria Democrática reconocerá, además, a las instituciones de autogobierno de País Vasco y Cataluña y las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega como víctimas de la dictadura. Se modificará, por otro lado, el nombre oficial del Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros, y se reconvertirá ese espacio en "un lugar de memoria democrática", además de procederse a la exhumación de las víctimas de la represión franquista que allí se encuentran.
El fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, saldrá del lugar "preminente" que tiene actualmente en el Valle, aunque podrá permanecer en el conjunto en un lugar aún sin determinar, ya que fue una víctima de la Guerra Civil, al morir asesinado por tropas republicanas en la cárcel de Alicante en noviembre de 1936. El Estado será el encargado de buscar, identificar y exhumar los restos de los desaparecidos y se hará una auditoría de los bienes incautados durante la guerra y la dictadura. Se declararán extinguidas las fundaciones franquistas, se impartirán contenidos de memoria democrática en las aulas y se incorporan sanciones de hasta 15.000 euros por el incumplimiento de alguno de los aspectos de la ley.
España y Castilla y León, por tanto, han emprendido dos caminos diametralmente opuestos en la cuestión de la memoria histórica y los partidos que detentan ambos Gobiernos –el PSOE a nivel nacional y el PP en el ámbito autonómico– se han visto arrastrados a unas modificaciones legislativas que, de gobernar con mayoría absoluta, es improbable que hubieran puesto en marcha. El tiempo dirá si el absoluto antagonismo entre ambas normas conduce a algún tipo de confrontación entre ambas administraciones o si, por el contrario, cada una respeta el ámbito de actuación legislativo de la otra.