El Grupo Parlamentario Socialista denunció hoy en las Cortes de Castilla y León que la Junta es “tozuda” en sus incumplimientos y es incapaz de seguir la línea de la legalidad establecida en la contratación pública en el ámbito de la administración autonómica, tras asegurar que de los 85 contratos evaluados de 2020 por el Consejo de Cuentas, solamente catorce han superado el examen y han pasado el listado de no tener deficiencias, según informa Ical. Por su parte, el Partido Popular respondió que ese ejercicio, el primero de la pandemia del COVID, fue “excepcional” y que la Comunidad tuvo un porcentaje de incidencias similar al resto de España.

Con motivo de la presentación en la Comisión de Economía y Hacienda del informe del Consejo de Cuentas sobre la contratación administrativa en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad en el ejercicio de 2020, por su presidente Mario Amilivia, la procuradora socialista Rosa Rubio subrayó que de los 85 contratos analizados, solamente catorce superaron el listado de no tener deficiencias. Es decir, precisó, que solo el 16 por ciento del total de los contratos que realiza la Junta no tiene ninguna deficiencia en alguna de sus fases.

“No queremos ni imaginar lo que nos vamos a encontrar en los contratos menores y los contratos COVID, por que el órgano de contratación fue la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en manos de quien se jactaba que ‘la administración soy yo’. En cuanto al procedimiento de emergencia, no nos caerá la breva a los castellanos y leones que aquí, detrás de las mascarillas, no haya primos, hermanos o condes-duques. En pocos meses, saldremos de dudas”, aseveró.

Además, Rubio señaló, según recogió la Agencia Ical, que el Consejo de Cuentas refleja un “cúmulo variopinto” de anomalías en la contratación como la composición “defectuosa” de la Mesa de Contratación, no figura el documento de formalización del contrato o no existen actas de comprobación de replanteo en la fase de ejecución. Reiteró que en el 32 por ciento de los contratos auditados, se ha incumplido el plazo de inicio o de ejecución final ni se justifica su ampliación.

Por su parte, Mercedes Cófreces, del Grupo Parlamentario Popular, recordó que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contratación administrativa en el ámbito estatal detecta incidencias en uno de cada cuatro contratos del Ministerio de Sanidad en 2020, con Salvador Illa al frente. En todo caso, valoró que el análisis del órgano de fiscalización autonómico llega a la ejecución de los contratos para verificar el cumplimiento de determinadas prescripciones, por lo que no se queda solo en el procedimiento de contratación.

Además, mencionó el informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) sobre 2020 en España y las comunidades autónomas, con incidencias y recomendaciones “semejantes” a las que ha concluido el Tribunal de Cuentas de Castilla y León como es el caso en relación a los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución. Por otro lado, valoró la conclusión del órgano autonómico que precisa que la Junta cumple “razonablemente” con la legalidad de la contratación pública.

En este sentido, precisó que la mayor parte de los expedientes analizados de la muestra de contratación no presenta incidencias. En todo caso, declaró que el PP acepta las 12 recomendaciones del Consejo de Cuentas y apuntó que la Junta ya trabaja para mejorar la conexión entre las plataformas de contratación de la Gerencia Regional de Salud (Saturno) y la de la Consejería de Economía (Duero), lo que permitirá “limar” la transmisión de datos para que sean “reales” e “íntegros”.

La procuradora socialista puso el acento en que los tres contratos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con alto impacto en el medio ambiente no se han incluido para su adjudicación de criterios de valoración de condiciones medioambientales mensurables. “Medio Ambiente no establece como criterio de adjudicación preservar el medio ambiente, por lo que no extraña lo que ha pasado en el incendio de la Sierra de la Culebra”, sentenció. Por último, denunció el contrato de los comedores en las residencias escuelas hogar de la provincia de Salamanca, con un importe de adjudicación de más de un millón de euros. No en vano, habló de un cúmulo de incidencias y anomalías “inmensurable” al no justificar la no división en lotes del contrato, a pesar de cinco centros diferenciadas y con plantillas definidas en cada caso; ausencia de los cálculos realizados para obtener el presupuesto de la licitación ni existe una aprobación del pliego de prescripciones técnicas, entre otras.

Muestra poco representativa

Francisco Javier Carrera, del Grupo Parlamentario Vox, denunció que la muestra escogida por el Tribunal de Cuentas es “poco representativa”, al suponer solo el 1,7 por ciento del total de contratos de la Junta examinados en el año 2020, además de significar solo el 10 por ciento del total del importe. También, echó en falta que no se hayan analizados más contratos negociados sin publicidad, cuando por número e importe son más elevados que cualquier otra forma de licitación

Además, el procurador de Vox se preguntó que, ante los niveles de incumplimiento “generalizados” que pone de manifiesto el órgano de fiscalización, si la “hipertrofia” normativa no provoca que la propia administración no pueda cumplir con las normas. A su juicio, la simplificación administrativa y los excesos regulatorios afectan al crecimiento económico y generan inseguridad jurídicas, al no ser cumplidas.

Capacidad coercitiva

Por su parte, José Ramón García -de UPL-Soria Ya- y Francisco Igea -Grupo Mixto- preguntaron si no es posible una capacidad coercitiva para conseguir que haya un mayor cumplimiento de la ley en la contratación pública, con la posibilidad de imponer sanciones o multas.

El procurador de Ciudadanos mostró su sorpresa por el elevado número de procedimientos negociados en la Junta a lo largo de 2020. También puso el acento en el contrato de la Consejería de Educación al incumplir “casi todos” los aspectos de la contratación. El parlamentario de UPL puso el acento, según Ical, en la escasa muestra de los contratos analizados, al estudiar solo 85 pese a que el total alcanzó los 3.390. “Si hubiera una auditoría de una muestra mayoría, seguramente nos encontraríamos cosas muy llamativas y que habría que corregir”, apuntó.