El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Santiago Mena Cerdá, será uno de los nueve miembros electos del nuevo Consejo Fiscal. Mena ha sido el 8º fiscal más votado y el mejor valorado de entre los candidatos de la Unión Progresista de Fiscales, al recibir 498 nominaciones en las elecciones al máximo órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado.
Otros ochos fiscales se han impuesto junto al Fiscal Superior de Castilla y León de entre los quince candidatos a estas elecciones y asumirán sendas Vocalías en el Consejo Fiscal.
Entre los cargos electos, se encuentran nombres como Jorge Andújar González, Fiscal Anticorrupción (1.216 votos); Isabel Gómez, Fiscal Jefe de Cuenca (1.091); Eva Más (1.089), Fiscal de Sevilla; Miguel Rodríguez, Fiscal del Principado de Asturias (1.076); Roberto Valverde, Fiscal de Criminalidad Informática de Barcelona (1.072); Beatriz Sánchez, Fiscal Jefe de Las Palmas (993); Salvador Viadia, que ejerce en el Tribunal Supremo (552); y Yolanda Ortiz, Fiscal de Medio Ambiente de Sevilla (445).
Las mesas electorales en las provincias de Castilla y León se constituyeron a las 9:00 horas del miércoles y la jornada transcurrió con total normalidad. En la Comunidad Autónoma han votado la práctica totalidad de los fiscales, con 126 votos emitidos de 131 miembros de la carrera en activo. El dato de participación global supone un 96,2% del censo.
Por fiscalías provinciales y de área, Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora y Ponferrada han logrado el 100% de participación, mientras en Burgos ha sido del 95,6% y en León, del 76,5%. La candidatura de Don Santiago Mena Cerdà fue la que más votos recibió en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con 73 nominaciones.
Estos resultados son provisionales, a falta del escrutinio definitivo que se llevará a cabo el próximo 12 de mayo por la Junta Electoral Central de la Fiscalía General del Estado.
Una oportunidad para Castilla y León
La candidatura de Santiago Mena Cerdá abre la posibilidad de que la Comunidad Autónoma obtenga representación en el Consejo Fiscal. Esta cuestión adquiere especial relevancia para Castilla y León, puesto que entre las funciones que asume el Consejo Fiscal se encuentran el conocer e informar de los planes de formación y selección de los fiscales, y el instar a las reformas para la mejora del servicio y el ejercicio de la función fiscal. Las decisiones adoptadas por este órgano consultivo pueden repercutir en la consolidación del modelo territorial y de especialización del Ministerio Fiscal.
El Consejo Fiscal debe ser oído, y, por tanto, puede pujar en favor de la designación de nuevos Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales — Antidroga y Contra la corrupción y la criminalidad organizada— y de Fiscales de Sala Especialistas. El buen uso de esta potestad contribuiría a satisfacer el déficit de recursos humanos y de personal especializado que padece el Ministerio Público en algunos lugares concretos, especialmente, en aquellos donde destaca un alto volumen de procedimientos de un mismo tipo.
Además, como órgano asesor, el Consejo Fiscal puede determinar el número de Fiscalías de Área, Secciones Territoriales y Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, y la fijación de sus respectivas plantillas. Las Secciones Territoriales permiten acceder a las poblaciones más recónditas y acercar los servicios del Ministerio Público a los ciudadanos, y en una Comunidad Autónoma tan grande y diseminada como Castilla y León, está pendiente su creación.