El ultimátum programático presentado por Vox este miércoles, con el que pretendían presionar al presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, solo 24 horas antes de la constitución de las Cortes, no ha suscitado los efectos esperados. Las principales medidas que exigían los de Juan García-Gallardo han quedado en papel mojado y el programa del PP se ha impuesto, al ser la fuerza política más votada en las elecciones del pasado 13 de febrero, en el acuerdo rubricado por ambas formaciones tras la sesión inaugural de la XI Legislatura.
Vox renuncia a las medidas los primeros 90 días y a la derogación del decreto de memoria histórica
En el documento presentado ayer, Vox exigía una serie de medidas durante los primeros 90 días del nuevo Ejecutivo de coalición: reducir las subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones patronales, derogar el decreto de memoria histórica autonómico y eliminar las partidas presupuestarias que promuevan el efecto llamada de inmigrantes. En el acuerdo firmado, en cambio, no se concreta ninguna medida urgente para los primeros tres meses de Gobierno, como exigía Vox, y estas cuestiones se encuentran desglosadas en diferentes apartados del pacto de una forma más genérica.
En concreto, se habla de "una reducción significativa del gasto institucional superfluo e ineficaz" y de "promover una inmigración ordenada que contribuya al futuro de Castilla y León", lo que supone una rebaja de las pretensiones de Vox en materia migratoria, aunque si que han logrado introducir el tema en la agenda. En lo referente a la derogación del decreto de memoria histórica, uno de esos aspectos clave para Vox, el acuerdo no menciona una sola palabra al respecto. Cede Vox, por tanto, en una de sus principales reivindicaciones tanto durante la campaña electoral que precedió al 13-F como posteriormente durante la ronda de negociaciones con los populares.
Los ejes de Gobierno propuestos por Vox en su documento del miércoles, en cambio, se mantienen en el pacto, con ligeras modificaciones terminológicas. Por ejemplo, en el punto en el que se hablaba de "promover la solidaridad entre todos los territorios de España" los populares han introducido una modificación y en el pacto se presenta este punto como "promover la solidaridad entre todas las comunidades autónomas de España", haciendo hincapié en la defensa de un Estado autonómico al que Vox se opone mientras que el PP ha incidido en varias ocasiones en que es uno de sus principios innegociables.
También han cedido los de García-Gallardo en su pretensión de reducir de 10 a 9 las consejerías del nuevo Ejecutivo ya que, finalmente, el número de departamentos continuará como hasta ahora. El acuerdo de Gobierno, en cambio, si que contempla las reclamaciones de Vox en lo referente a la reindustrialización de Castilla y León y la defensa del campo y la industria regionales, si bien son aspectos que el PP también llevaba en su programa y que ambas formaciones ya anticiparon que compartían en su primera reunión en la ronda de negociaciones.
"Instaremos al gobierno de la Nación y a las instituciones europeas a proteger el producto de nuestro campo y de nuestra industria, en contra de la competencia desleal del producto extracomunitario, que no cumple los mismos requisitos a los que están sometidos nuestros productores", se detalla en el documento del pacto.
El PP acepta hablar de violencia intrafamiliar
A pesar de estas cesiones de Vox y de que el PP ha logrado imponer la mayor parte de su programa en el acuerdo para conformar el Gobierno de coalición, los populares también se han visto obligados a ceder en algunas cuestiones de especial importancia simbólica. En concreto, el documento del acuerdo habla de la aprobación de "una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas".
Esto coincide con la pretensión de Vox de derogar la ley de violencia de género autonómica que si bien continuará en vigor, es previsible que sea modificada en los términos que siempre ha reclamado Vox, una formación que niega la existencia de una violencia específicamente de género y la incluye en una general violencia intrafamiliar.
Un acuerdo de Gobierno, en definitiva, en el que la mayor parte de las principales exigencias de Vox en su ultimátum del miércoles han quedado en papel mojado y en el que los de García-Gallardo han tenido que rebajar sus pretensiones ante el golpe de realidad de que el PP es la fuerza más votada en la región. Pero que, con todo, ha permitido a los de Abascal introducir algunas de sus peticiones en el documento que guiará los designios de la nueva legislatura, sobre todo en materia de violencia de género e inmigración, y que, más allá de los aspectos programáticos, permitirá a Vox formar parte de un Ejecutivo por primera vez en su historia.