No es fácil sentar sobre la mesa a ocho presidentes de Comunidades Autónomas, de tres partidos diferentes, y encima, lograr un acuerdo. Sin embargo, la situación de desigualdad que se vive en la España de las 17 autonomías ha provocado que las que se sienten perjudicadas por la financiación autonómica del Estado hayan dicho basta. Así, en Santiago de Compostela se ha visto hoy una imagen poco usual pero necesaria.

Los presidentes autonómicos Javier Lambán (Aragón-PSOE), Emiliano García-Page (Castilla La Mancha-PSOE), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León-PP), Guillermo Fernández Vara (Extremadura-PSOE), Concha Andreu (La Rioja-PSOE), Miguel Ángel Revilla (Cantabria-Partido Regionalista Cántabro) y Alberto Núñez Feijoo (Galicia-PP), que ejerció de anfitrión, han firmado un acuerdo con 35 puntos y un objetivo común: una financiación autonómica más justa, equilibrada, solidaria. Una financiación que tenga en cuenta el “coste real de los servicios”, más caros allí donde la población está más envejecida y dispersa en territorios poco poblados. [Consulte los 35 puntos del acuerdo aquí].

Despoblación

Estas ocho comunidades representan un 62 % del territorio de España, pero solo a un 24 % de su población, por lo que su principal reto es la lucha contra la despoblación a través de una financiación más justa. Algunos de los puntos firmados en este acuerdo son la gratuidad para el acceso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, una media que Castilla y León va a implantar el próximo curso, en el tramo de 2 a 3. También se apostará por el regreso de españoles en el extranjero. También piden que se garanticen los servicios bancarios y farmacéuticos en las poblaciones menos habitadas, todo ello desde una apuesta digital.

Igualdad

Además trasladan la necesidad de que España “acomete de manera pronta el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica, que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, vivan donde vivan”. Por este motivo creen que la asignación de recursos entre las comunidades autónomas debe tener como objetivo inexcusables que todas puedan prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios.

Sanidad

En cuanto a la Sanidad, los ocho presidentes han pactado un sistema más homogéneo en todos los territorios, y para ello solicitan al Gobierno que habiliten la formación y creación de nuevas plazas de médicos para afrontar las jubilaciones masivas que se avecinan, así como la falta de médicos de familia y pediatras en las zonas rurales, un problema que se arrastra en Castilla y León y que ha sido ya denunciado en varias ocasiones. 

Nuevo grupo de edad

También se ha solicitado crear un nuevo grupo de edad para analizar la población de más de 85 años en cada uno de los territorios como factor a tener en cuenta a la hora de diseñar el modelo de financiación. Este nuevo grupo de edad serviría para testar no sólo cuánto cuesta el servicio sanitario, sino además el Sistema de Dependencia.

Entidades locales

Las comunidades también han mirado por las entidades locales. Han exigido que se aborde de forma inminente la reforma de la financiación de los ayuntamientos, y piden que se cumpla por parte del Estado con las normas adelantadas para la gestión de los fondos europeos Next Generation. El objetivo es que las comunidades tengan acceso a la gestión directa de un 50 % de los fondos.

Economía más verde

Las 8 comunidades apoyan el objetivo de una transición económica hacia un “modelo más verde y sostenible” que debe acometerse de “forma justa ordenada e inclusiva” muy en especial con las personas trabajadoras de las zonas afectadas por el cambio del sistema productivo. para ello se deben garantizar las medidas adecuadas para evitar los impactos negativos sobre el tejido empresarial e industrial e incrementar la cuantía de los fondos destinados a los territorios más perjudicados por esta transformación.

Con la caza del lobo no hay acuerdo

Sin embargo, donde no ha habido quorum ha sido en el tema de la conservación del lobo, un asunto que incluyó en el argumentario el presidente cántabro Revilla, ya que el proteger a este animal por ley, supone, en su opinión, una amenaza para la agricultura y la ganadería, y pone en peligro la actividad que sustenta la presencia del hombre en el medio natural. El texto aprobado salió adelante sin el apoyo de Extremadura y La Rioja.