A escasas fechas para constituirse la nueva Corporación Provincial, es decir, la Diputación de Salamanca, salta a la luz la falta de cumplimiento de la paridad de género. Es decir, la participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida, que constituye una condición destacada para la igualdad entre los sexos.

Pues bien, esta nueva Corporación de 25 diputados electos, tan sólo tiene 4 mujeres, es decir, no alcanza ni el 20% del total, se queda en el 16,6%. Pero aún más llama la atención que el PP, que preside Javier Iglesias -qeu será investido presidente al conseguir la mayoría absoluta- de 13 diputados tan sólo tiene en su grupo a una mujer, la alcaldesa de Machacón, Eva Picado. No iba mucho más allá en la anterior legislatura, donde ocupaban su sillón dos mujeres, la mencionada Picado y Chabela de la Torre, fulminada por Iglesias a favor de otro hombre, el alcalde de Santa Marta, David Mingo.

El Grupo Socialista sube el listón, ya que son tres mujeres, al igual que la legislatura anterior. Así de 10 diputados, mujeres son tres, la concejala en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Cuesta, Beatríz Martín, la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, y la concejala en el Ayuntamiento de Villares de la Reina, María Ángeles Giménez Maderal, que sustituye a Carmen García Romero -nueva procuradora-. Pero aún y así, solo es el 30% de sus diputados.

Para poder hablar de una democracia plena no sólo han de cumplirse los criterios de voto individualizado, diversidad de partidos y periodos electorales, sino corregir también los fallos de representatividad. De ahí que el feminismo entienda la paridad como un derecho que asegura la representatividad proporcional de los sexos. La paridad garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la ciudadanía.

La paridad no es una concesión a la representatividad de las mujeres que dependa del voluntarismo de los partidos políticos, o del presidente de turno, es un derecho que no puede ser alterado dependiendo de las circunstancias políticas exactamente igual que el derecho al voto y por ello debe ser registrado como derecho constitucional de las mujeres. Sin embargo, podemos constatar la resistencia a la admisión de este derecho cuando sólo unos partidos suscriben las cuotas de representación de las mujeres y otros las niegan formalmente.

Es el caso concreto que se vive en la Diputación de Salamanca y nadie, ni el mismo presidente Javier Iglesias, se ha parado a reparar e, incluso, a analizar para buscar un remedio. La Diputación de Salamanca no es lugar para mujeres.