¿Estamos en un Estado social democrático de Derecho o en un Estado Judicial? La pregunta no es baladí a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la medida más dura del Estado de Alarma, como es el confinamiento, al considerar que habría que haber declarado el Estado de Excepción, que exige un acuerdo favorable del Congreso.

Esto es, se declara inconstitucional el confinamiento que suspendía los derechos fundamentales de libre circulación, de fijación de domicilio y de reunión de particulares.

Ahora todas las interrogantes se abren y todas las hipótesis se plantean y, sin duda, habrá opiniones para todos los gustos con una avalancha de críticas contra el Gobierno y también contra los jueces del Tribunal, a los que se tachará de conservadores o progresistas, según convenga. Es más, al haberse estimado el recurso de VOX, los de Podemos ya han bautizado a dicho Tribunal como “Voxtitucional” y el co-portavoz de Podemos y coordinador del partido en Castilla y León, Pablo Fernández, considera que la cabeza política de la derecha y la ultraderecha en España no es el líder del PP Pablo Casado ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ni el presidente del VOX Santiago Abascal ‘sino una parte importante del Poder Judicial’”.

Uno, que tiene ya algunos años, recuerda que había una especie de consulta previa al Tribunal y con arreglo a su dictamen se actuaba en un sentido u otro sin peligro a equivocarse. Era una cautela que evitaba estas desagradables sorpresas. Luego. este recurso previo se suprimió y ¿ahora qué?

Pues ahora el terremoto puede ser de primera magnitud si los despachos de abogados, que ya están afilando los dientes, comienzan a ofrecer sus servicios para reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios que se digan causados, aunque el fallo deja claro que no existe una responsabilidad patrimonial del Estado por las pérdidas que registraron comercios y negocios que vieron suspendida su actividad. Creo que de no ser así ni con los cuantiosos fondos europeos sería suficiente para indemnizar todo lo que se pediría. Sin embargo, sí se anularán las sanciones impuestas a quienes vulneraron el confinamiento. En fin, un lío morrocotudo.

Y ahora la segunda interrogante ¿quién manda aquí? Los representantes del pueblo democráticamente elegidos o los jueces y magistrados, que sin origen democrático sino funcionarial, imponen su voluntad convirtiendo a nuestro Estado en un Estado Judicial juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, pero por lo que se ve sin ninguna unanimidad, ya que el resultado ha sido seis a cinco. O sea, a los penaltis, como está de moda. Y es que, distinguir entre alarma y excepción y entre modificación o restricción, se las trae.