Son días muy triste para la democracia, para las personas que -de izquierdas o derechas- creen firmemente en la división de poderes, en la generación y regeneración de controles al poder, en la responsabilidad colectiva y exigente respecto del dirigente o responsable político.

En estos días, se ha nombrado Fiscal General de Estado, no a una exministra de justicia, no a una dirigente de un  partido político, no a una persona con un marcado perfil político que, además, se jacta y alardea de ser una persona pública de “trinchera”, es decir, con una determinación política marcada y predispuesta al sectarismo, de forma que, con dificultad no utilizará el servicio público en favor de un determinado sesgo pero, por nada de ello es un problema y un momento luctuoso para la democracia.             

Lo es por ser una servidora pública, fiscal de profesión y, por tanto, con la obligación y misión sistémica de ser “garante de la legalidad” que, con conocimiento e información sobre la comisión de delitos no actúa, no interviene, sino que se mofa, facta y regocija, en modo ciertamente chabacano, vulgar y cateto, de que el uso de vaginas de alquiler permita  la extorsión de jueces, magistrados, políticos y empresarios con lo que, según ella, en reunión con delincuentes se obtiene un “éxito asegurado” y/o presume de saber que determinados altos miembros de la judicatura acuden al disfrute sexual, corrompiendo y violando, con menores en lo que ella llama “menorero”.

Tenemos pues, una persona que, por más medallas profesionales que tenga -todos sabemos cómo se obtienen en demasiadas ocasiones-, ha demostrado en conversaciones grabadas, no contradichas y comprobadamente ciertas, que es capaz de, por mor de sus intereses personales o políticos, amparar el delito, olvidando la obligación, de todo ciudadano, de denunciar el mismo y la exigencia, profesional, de perseguir el incumplimiento de la ley

Sea la Excma. Sra. Fiscal Jefe, la Sr. ministra, Dña. María Dolores, Dolores o la Lola, ha colocado a la justicia, a la que debería de servir, al Ministerio Fiscal al que debería respetar por pertenecer a él y a la democracia y la libertad judicial, no al pie de los caballos, sino inmersa en la más repugnante ponzoña y en el detritus más indigno, por lo que su nombramiento como Fiscal General, no es un desdora para la democracia , ni para el Poder Judicial, ni mucho menos para el Ministerio Público, son la vergüenza más grande y el daño más profundo.

España no se merece un gobierno que nos mienta, hasta antes de ser gobierno, pero mucho menos unos dirigentes de trinchera que manipulan, usan y mal usan el poder, incumplen flagrante y descaradamente sus deberes profesionales, tuercen la democracia y perturban no sólo la división de poderes, sino la más mínima obligación de accountability democrático.

Estamos en un momento en el que el clamor ciudadano, la libertad, la democracia, precisan un fortalecimiento, la reconstrucción de los controles perturbados por el tiempo, la redefinición de los métodos de sometimiento del poder a la evaluación pública, la más absoluta independencia judicial y la división de poderes que permita el desarrollo democrático en favor y beneficio de todos, es el momento en el que un gobierno débil, maniatado por sectores antisistema o delictuales, pero que ese autodenomina progresista, avanza y/o mejor dicho retrocede, devolviéndonos a periodos superados, y ahonda en la sima más tóxica del pasado y dañina de la democracia y todo ello con el regocijo,  disfrute y apoyo de la ideología, patria e internacional, más asesina, perjudicial y dañina de la humanidad: el comunismo. (mira Rusia, China, Cuba, Venezuela…etc. ¿quieres eso para España?, ni el más despreciable y repugnante fascismo asesino tanto como este cáncer social)

Tristes, muy tristes días para una democracia, ya madurita por el tiempo, que no se merece la falta de respeto, la indignidad, de poner a un Fiscal General del Estado que debió de abandonar la carrera fiscal por manchar su toga con la mierda del camino, con actitudes delictivas y, sobre todo, por ser conocedora del delito para en lugar de actuar, cumplir su obligación de “garante de la legalidad”, mofarse y divertirse con los delincuentes.