"Un pijama barato no puede pagarse con la desaparición de un cultivo histórico". COAG ha cargado duramente contra la empresa dueña de Primark, Associated British Foods (ABF), de la que es filial British Sugar, encargada de Azucarera, de presumir de "responsabilidad social en su millonario negocio de ropa" mientras está "descapitalizando al territorio rural que depende del azúcar".
La organización agraria ha cargado contra "el conglomerado empresarial que inunda las calles de ropa low-cost" a la vez que "está ejecutando en España una estrategia industrial que pone al borde de la desaparición al sector remolachero español", después de que British Sugar haya decidido cerrar la molturación en Miranda de Ebro (Burgos) y la planta de La Bañeza (León), para enviar la remolacha a Toro (Zamora), a 250 kilómetros.
"Y rebajar los precios a niveles ilegales, muy por debajo de los costes de producción, un 40% menos con respecto a la campaña pasada", han añadido. COAG ha resaltado que cada vez que alguien compre "una camiseta de 5 euros debería saber que la matriz de esa empresa está dejando sin futuro a los agricultores del norte de España".
"Ese es el verdadero coste del low-cost", ha avisado el responsable del sector remolachero de COAG, Javier Briñas, en relación a este caso aplicado al campo español.
Desde la organización han denunciado que ABF "saca pecho" en sus memorias anuales de crecimiento, expansión y rentabilidad "gracias al tirón de Primark", pero, sin embargo, aplica a la remolacha en nuestro país una "política comercial que estrangula a los productores y desmantela el tejido rural, trasladando los costes de su reestructuración a quienes menos capacidad tienen para soportarlos".
En este sentido, han advertido de que British Sugar plantea pagar entre 36 y 37 euros la tonelada de remolacha cuando los costes reales de producción están entre los 44 y 45. "Para el año que viene, la oferta que se ha puesto sobre la mesa rebajaría el precio percibido por los remolacheros a 18-20 euros la tonelada", han avanzado.
De esta forma, para la organización agraria es un "caso claro de abuso de posición dominante, ya que la empresa opera prácticamente en régimen de monopolio" porque ninguna otra empresa en España "podría imponer precios por debajo de costes sin consecuencias".
Además, han precisado que la decisión de mandar la remolacha a molturar a Toro, a pesar de que Miranda contaba con las infraestructuras necesarias, "agrava el problema" por un "sobrecoste estructural que, tarde o temprano, recaerá en las explotaciones, comprometiendo la viabilidad futura del cultivo".
COAG también ha querido alertar de que la situación "no es un hecho aislado, sino parte de una crisis estructural que está desmantelando la producción remolachera en todo el país".
"El cese definitivo de la actividad de molturación en la Azucarera de Jerez de la Frontera (Cádiz), anunciado por British Sugar hace apenas un par de meses, supone el final de más de un siglo de historia industrial y agrícola y confirma la deriva de un modelo que prioriza la rentabilidad global sobre la sostenibilidad y el arraigo territorial", han lamentado.
Según el responsable de COAG, con la desaparición de la industria se llega a la destrucción de los cultivos, con lo que "se pierde empleo rural, valor añadido, sostenibilidad y, lo más grave, nuestra soberanía alimentaria", después de que España haya pasado de 90 fábricas azucareras "a tan sólo una, la de Toro".
Un proceso que "se agrava" por factores que llevan "deliberadamente" la actividad fuera de España, con "precios a la baja, costes de producción disparados, restricciones fitosanitarios sin alternativas viables y una disminución del apoyo público".
"A todo ello se suman las importaciones masivas de cañas de azúcar que llegan a nuestros puertos y luego se refinan. Las importaciones han aumentado un 33% en la última década, pasando de poco más de un millón de TM en 2015 a elevarse a los 1,4 millones en 2023, según datos de Statista y el Ministerio de Agricultura", han aclarado.
La entrada en vigor del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, también han advertido de que "agravaría" todo esto, ya que Brasil es el principal exportador mundial de caña de azúcar.
Y para COAG la inversión de Azucarera de 42 millones de dólares para llevar la producción a Paraguay "evidencia esta deslocalización, que deja tras de sí incertidumbre para los maquileros, interrogantes sobre los compromisos agroambientales y un tejido empresarial histórico condenado a desaparecer".
Un contexto que convierte a España en un país "cada vez más dependiente del azúcar importado, sin garantías de trazabilidad ni sostenibilidad. Estamos asistiendo al final de uno de los cultivos más sociales y emblemáticos de nuestras zonas rurales", han aventurado sobre el futuro de la remolacha, "víctima de políticas que han ignorado su valor social, económico y ambiental".
Asimismo, han anunciado que desde COAG van a denunciar los contratos por debajo de costes ante la Agencia de Información y Control Alimentarios, además de pedir al Ministerio que "vigile de cerca" la actuación de la empresa y proteja a los productores ante estrategias corporativas que nada tienen que ver con la sostenibilidad del sector remolachero".
"El low-cost no puede significar 'campo-cost'. No vamos a permitir que decisiones tomadas en lujosos despachos de Londres hundan a las familias remolacheras del norte y sur de España", ha zanjado Briñas.