La última subida de los tipos de interés (ya en el 4,25%) anunciada por la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, para dificultar el consumo y frenar así la inflación, repercutirá directamente no sólo al bolsillo de los ciudadanos que quieran acceder a un préstamo sino, de forma especial, a las posibilidades de acceso a dicha financiación por parte de las empresas.

Un tejido empresarial que en Castilla y León sigue dominado por las microempresas, es decir, negocios con menos de diez empleados en plantilla, que suponen el 85% del total de las 30.315 que hay contabilizadas en la Comunidad, según un informe de la consultora Informa D&B, por lo que el acceso a esta financiación será más difícil tras la octava subida de los tipos desde 2022.

Los pasos dados por Bruselas dejan ahora más complicada la inversión empresarial como principal motor del empleo a la que se suma ahora la incertidumbre política generada tras las últimas elecciones generales del pasado 23 de julio.

Fue la propia CEOECyL (patronal de Castilla y León) la que antes de la cita electoral emitió un comunicado en el que pedía al nuevo Gobierno que resultara de las urnas, que basara la sostenibilidad presupuestaria en una mayor eficiencia del gasto público y no en una mayor fiscalidad para las empresas, con el fin de allanar el camino para nuevas contrataciones.

El encarecimiento del acceso a la financiación con esa subida de tipos de interés que los analistas económicos creen que no será la última de 2023, dificultará las inversiones de las empresas también en Castilla y León, en donde sólo el 2,8% son grandes empresas, es decir, tienen más de 250 empleados y facturan más de 50 millones de euros al año.

Se trata de la comunidad autónoma que menos porcentaje de grandes empresas aporta al cómputo nacional, sólo por delante de Castilla La-Mancha con un 2,5%.

Sin embargo, Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma que más empresas aporta al total nacional, por delante del País Vasco (30.286), Castilla La-Mancha (26.097), Aragón (22.284), Canarias (21.938), así como Murcia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Baleares, La Rioja y Navarra, además de las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).

La CEOECyL pide más seguridad jurídica

La senda alcista que mantiene el BCE para contener una inflación que ha supuesto un fuerte golpe al poder adquisitivo y que en Castilla y León llegó al 11% el pasado mes de abril, endurecerá las condiciones de acceso a nuevos créditos por lo que todo parece indicar que se producirá un freno en nuevas inversiones, sobre todo en aquellas compañías con un menor margen de beneficio.

En este contexto y dado que análisis como el del Colegio de Economistas de Palencia, Valladolid y Zamora (Ecova) apuntan a que la economía de Castilla y León entrará en recesión en 2024 junto al correspondiente frenazo que experimentará toda España en el segundo semestre del año, la patronal castellano y leonesa (CEOECyL) también pidió al nuevo Ejecutivo nacional que finalmente se forme, una menor presión fiscal sobre las empresas y mayor seguridad jurídica para "garantizar el derecho de propiedad y la libertad de empresa". Cuestión ésta especialmente relevante si tenemos en cuenta el malestar que se produjo en la patronal a lo largo de la primera mitad del año a raíz de los ataques verbales que perpetraron algunos miembros del Gobierno nacional contra grandes empresas del país señalando a los empresarios como culpables de algunos de los problemas económicos de España. 

Así, el propio decano del Ecova, Juan Carlos de Margarida, ha indicado a este periódico que, aunque la decisión del BCE de elevar los tipos de interés "era necesaria para frenar la inflación para poder volver a cifras del 2%, las empresas de Castilla y León reducirán sus márgenes de forma desproporcionada".

Sin embargo, entiende y comparte la dificultad de establecer la política más acertada cuando las empresas "necesitan acceder al mercado del crédito para innovar y ofrecer productos nuevos y con la incertidumbre que hay y los elevados tipos de interés, esto se paraliza porque las inversiones necesitan de cierta garantía a largo y medio plazo".

Subir los tipos para bajar la inflación

Además, la actual "incertidumbre política" tras las últimas elecciones generales "genera dudas e incertidumbre que frena aún más la inversión de los empresarios para poner en el mercado nuevos productos, innovar y ser más competitivos", sostiene el decano del Ecova.

Para volver a la senda del crecimiento y que las empresas de Castilla y León puedan asegurar también el suyo, en un contexto en el que Eurostat ya ha asumido que la UE ha entrado en recesión técnica aunque sea por una décima, "es necesario que los Gobiernos de los países que forman el mercado del euro no apliquen políticas fiscales que entorpecen el objetivo que persigue el BCE". Es decir, "bajar los impuestos ahora mismo y según cuáles, como los de los carburantes o el IVA de los alimentos, es enviar un mensaje a los ciudadanos de que se puede seguir consumiendo más de lo que se necesita, cuando la política monetaria de la UE está pidiendo que se frene el consumo innecesario para controlar la inflación".

Respecto a la petición de la CEOECyL de rebajar la presión fiscal a las empresas, De Margarida apunta que "esto podría contrarrestar la subida de los tipos de interés, pero siempre que estén estabilizadas otras variables que permitan que el consumidor compre más, porque si no, no tiene sentido rebajar los impuestos para invertir más".

Por lo tanto, y a su juicio, el último semestre del año será "determinante" para crecer o decrecer porque al ciudadano y a las empresas se les han acabado los colchones de que disponían con el ahorro de la pandemia".