Castilla y León se enfrenta a uno de los mayores desafíos estructurales en materia de sostenibilidad fiscal entre las comunidades autónomas, según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
La institución calcula que la comunidad necesitaría un ajuste del 1,2% de su PIB regional para alcanzar una posición de equilibrio presupuestario en el medio plazo.
El informe, que evalúa los presupuestos autonómicos iniciales de 2025, pone el foco en el crecimiento estructural del gasto público en Castilla y León.
A pesar de que la región ha cumplido en los últimos años los objetivos fiscales y mantiene su deuda por debajo de la media, la AIReF advierte de que el actual ritmo de gasto no es sostenible si no se adoptan medidas de consolidación.
Entre los factores de presión identificados, destacan el envejecimiento de la población, la despoblación y el elevado peso del gasto en servicios públicos como sanidad, educación y dependencia.
Castilla y León presenta uno de los mayores niveles de gasto por habitante del conjunto de comunidades, lo que, en un contexto de débil crecimiento demográfico y bajo dinamismo económico, tensiona la estabilidad de sus cuentas públicas.
La AIReF prevé que la comunidad cerrará 2025 con un déficit en torno al 0,7% del PIB, muy por encima del objetivo del 0,1% previsto en la senda fiscal.
Esta desviación, advierte el organismo, no puede atribuirse a factores coyunturales, sino que responde a un desequilibrio estructural que debe corregirse mediante una estrategia de consolidación creíble y progresiva.
Además, el informe urge a revisar la eficiencia del gasto público y a orientar la inversión hacia áreas que generen mayor retorno económico y social. En particular, recomienda evaluar el impacto real de las políticas de gasto corriente y reforzar la planificación estratégica de inversiones.
Con la reactivación de las reglas fiscales europeas, Castilla y León deberá adaptarse a un nuevo escenario de mayor disciplina presupuestaria.
La AIReF concluye que la comunidad tiene margen para actuar si impulsa reformas orientadas a la racionalización del gasto, la eficiencia administrativa y la mejora de los servicios públicos esenciales. Sin esos cambios, advierte, la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo podría verse comprometida.