El arranque del curso 2025-2026 parece que no ha sido fácil para el profesorado de Castilla y León. Así lo refleja el registro de incidencias abierto durante todo septiembre por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios , que recoge cientos de quejas por problemas informáticos, retrasos en sustituciones, exceso de burocracia, dificultades de conciliación y pérdida de poder adquisitivo.
Una de las principales fuentes de malestar ha sido el programa informático de gestión escolar STILUS, dependiente de la Consejería de Educación. Según la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, esta herramienta "ha sido un auténtico quebradero de cabeza" para los equipos docentes y directivos.
Muchos centros "no tenían ningún docente dado de alta en la aplicación y han tenido que rehacer los horarios con datos ficticios, algo totalmente inaceptable porque ha agravado su carga de trabajo".
El sindicato advierte además del impacto de la nueva Ley de Formación Profesional, que está generando "una privatización inaceptable", según Madruga.
"Se han cerrado ciclos en centros públicos mientras se mantienen en concertados", denuncia, subrayando que la falta de flexibilidad en la matriculación está desviando alumnado hacia la FP privada. A ello, se suman las dificultades para encontrar prácticas en empresas y la falta de recursos para atender la diversidad.
Los docentes también se quejan de los retrasos en las sustituciones, de las vacantes con perfiles mal definidos y de la sobrecarga burocrática. CSIF insiste en que los trámites administrativos, la elaboración de horarios y las programaciones pedagógicas "consumen tiempo que debería dedicarse al alumnado".
El sindicato reclama aplicar cuanto antes las medidas recogidas en el acuerdo firmado con la Junta el pasado 22 de septiembre para aliviar esta situación y revisar las licencias y permisos docentes.
La conciliación familiar y laboral es otro de los grandes problemas. Muchos profesores encuentran dificultades para acogerse a permisos o reducciones de jornada, especialmente los mayores de 55 años.
CSIF recuerda que un tercio del profesorado de la Comunidad se encuentra en ese tramo de edad y exige que se concrete la reducción de jornada sin pérdida retributiva, tal como contempla el acuerdo firmado con la Administración autonómica.
A la sobrecarga laboral se suma el desfase salarial con respecto a otras comunidades. "El profesorado de Castilla y León cobra hasta 850 euros menos al mes que en otras regiones, algo absolutamente inaceptable", recalca Madruga.
Por ello, CSIF pide que se revisen las retribuciones autonómicas y que se actualice la carrera profesional, especialmente en las categorías 3 y 4, que no se han convocado todavía.
En el ámbito nacional, el presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, denuncia la ausencia de una subida retributiva en todo el país durante 2025 y la pérdida de más del 20% del poder adquisitivo del profesorado en la última década.
"No es de recibo que los empleados públicos sigamos sin aumento salarial cuando se han incrementado las pensiones sin presupuestos nuevos", lamenta.
Gutiérrez alerta de que los problemas estructurales de la educación "son los mismos desde hace 35 años". Entre ellos cita "la interinidad superior al 30%, el paro juvenil, el fracaso escolar y las dificultades de convivencia y atención a la diversidad".
A su juicio, solo una reforma estructural del sistema educativo y un estatuto docente que homogeneice las condiciones laborales desde el inicio de la carrera hasta la jubilación podrán revertir esta situación.
Sobre Castilla y León, reconoce que la Comunidad mantiene buenos resultados en los informes PISA, pero advierte que "también presenta una de las peores tasas de repetición y un nivel formativo general inferior a la media de la OCDE".
"No vale quedarse con lo bueno; hay que mirar el conjunto y asumir que España no ha cumplido prácticamente ninguno de los objetivos educativos marcados para 2020", afirma.
Recogida de firmas por la enfermera escolar
En paralelo, CSIF ha lanzado una campaña de recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular sobre la enfermería escolar, con el apoyo del Consejo de Enfermería y de las asociaciones de madres y padres de la enseñanza pública.
El objetivo es que las Cortes autonómicas aprueben una ley que garantice la presencia de un profesional sanitario en todos los centros educativos.
"Es una demanda de la comunidad educativa y una necesidad sanitaria que hay que cubrir", subraya Madruga. En provincias como Soria ya se han recogido más de mil firmas en apenas un mes.
El presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, destaca "el respaldo ciudadano y la fuerza de esta iniciativa", que continuará abierta en toda la Comunidad para demostrar el amplio apoyo social con el que cuenta.
CSIF concluye que el profesorado afronta este curso "con hartazgo y sobrecarga", mientras espera que las administraciones cumplan los compromisos adquiridos y escuchen las propuestas de quienes mejor conocen las aulas. "Hay que alejarse de debates políticos y centrarse en los problemas reales que arrastramos desde hace décadas", reclama Isabel Madruga.