La nueva normalidad y el Estado Minotauro
En los momentos de emergencia social las constituciones habilitan a los gobiernos a ampliar sus poderes en el Estado. Este ha sido el caso de las democracias occidentales, también el de España, ante la irrupción y expansión de la pandemia. El comprensible miedo de los ciudadanos ante la propagación de la enfermedad ha contribuido igualmente a reforzar la legitimidad social de tales medidas coactivas. Pero la obediencia que comienza siendo estrictamente un deber jurídico, se torna en servidumbre cuando se instrumentaliza para otros fines.
A nadie puede extrañar que un gobierno de corte populista como el actual pueda convenirle la reducción del tejido social como el que constituyen las clases medias. Los grupos sociales independientes del poder político suelen ser el peor enemigo de las ideologías colectivistas que se nutren de las viejas dialécticas de tensión social que ellas mismas azuzan.
El hecho de que las clases medias del sector privado (autónomos, comerciantes, pymes) por lo general se procuren sus propios medios de vida sin dependencia de los aparatos políticos del Estado colisiona con el interés de algunas instancias para imponer una agenda de control social, apalancamiento financiero, presión fiscal y sumisión a los presupuestos públicos. La sociedad de un país se precipita hacia la demagogia cuando en ella desaparece o disminuye mucho la clase media, que es el principal factor de estabilidad y paz social.
El populismo aparece y se realimenta sobre una sociedad empobrecida, una sociedad en el que el acceso a la propiedad se haya prácticamente restringido, hasta impedir incluso la autosubsistencia de las familias. El colectivismo estatalista no trata de reequilibrar la sociedad mediante políticas activas de acceso a la propiedad de los factores productivos, sino que precisamente construye un megacapitalismo de Estado que maximiza la propiedad pública a costa de fagocitar la privada y en el que los poderes públicos se apropian de los recursos comunes y establecen un sistema de confiscación y redistribución de rentas de acuerdo con los intereses coyunturales de sus dirigentes.
La situación de emergencia y crisis está induciendo legalmente estas medidas populistas, en la línea de acrecentar la alienación social aprovechando la creciente vulnerabilidad y temor social. La pauperización de la clase media constituye un elemento de igualación que permite a un gobierno populista propiciar programas de subsidiación y control masivo.
En el plano partitocrático, el desbarajuste presupuestario consecuencia de la crisis de la pandemia trae consigo la imposibilidad de cumplir desde el gobierno los pactos de investidura y el programa electoral. Esto ha implicado un cambio de estrategia: la agenda del gobierno formado en enero ya es una quimera, cuya ejecución es imposible en casi su totalidad. Ahora bien, esto no significa que los partidos del gobierno no puedan instrumentalizar y politizar la emergencia sanitaria desde La Moncloa, el BOE y los mass media afectos al régimen.
Nunca en la historia reciente un gobierno se había encontrado con una situación tan crítica, pero tampoco con una capacidad tan insólita para extender a discreción y durante largo tiempo sus tentáculos de intromisión en la sociedad, gracias a las subvenciones a colectivos afines, los sistemas de contratación pública, la nacionalización de empresas o los procedimientos expropiatorios. De hecho, muchas de las medidas aprobadas van a poder desarrollarse reglamentariamente en los próximos meses de forma muy sibilina para redundar en sus planes de ingeniería social.
Es todavía pronto para comprobar la capacidad de adaptación y resistencia de la sociedad española ante esta “nueva normalidad”. La incógnita está en si tras el confinamiento la población demandará audazmente el regreso a los estándares democráticos perdidos. Cabe esperar que el oligopolio mediático, y específicamente el duopolio televisivo (que controla el mercado publicitario español y está altamente politizado y bancarizado), haga todo lo que pueda para programar mentalmente a la sociedad para que asuma dócilmente esta “nueva normalidad”.
El totalitarismo, ya sea estatal como mercantil, siempre promete protección a cambio de libertad. ¿Estaremos asistiendo a una regresión democrática sin punto de retorno si no se derogan cuanto antes las normativas coercitivas y policíacas de los últimos dos meses?
La situación de nuestro país cada vez se acerca más al mito del Estado Minotauro, postulado por el pensador francés Bertrand de Jouvenel. Un Estado que opera por medio de un “derecho bestial” aplicando una disciplina legislativa sociológica que persigue que la conciencia colectiva se adapte a las pautas estatales. ¿Podremos dar marcha atrás al Estado Minotauro?