Golpe de estado

España está sufriendo un golpe de estado. ¿Se han dado cuenta? Tras estas navidades católicas, los "odiadores" de este hermoso país, están a punto de tomar las instituciones.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha contraído una serie de acuerdos con diferentes partidos políticos separatistas, independentistas, terroristas y racistas. El anuncio del apoyo siempre tiene un alto coste o precio, ya que su ambición es conseguir un trozo de la tarta en millones de euros, sobre el resto de comunidades autónomas. Sin embargo, estos acuerdos, que casi nadie lee y muy pocos medios de comunicación se dedican a publicar o publicitar a los ciudadanos, van más allá del "dinero público no es de nadie", según la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo. He aquí dos apuntes del pacto con el PNV:

"Mantener una comunicación fluida con el gobierno vasco en aras de evitar la judicialización de las discrepancias, que debe ser sustituida por el acuerdo político.

...

Acordar previamente con EAJ-PNV las medidas fiscales que el Gobierno quiera proponer a las Cortes, así como encauzar las discrepancias que puedan producirse en las relaciones en el ámbito fiscal o el financiero establecidas por el Concierto Económico".

La formación política vasca ha conseguido del PSOE dos tratos muy importantes. Por un lado evitarán la aplicación de la ley por medio de los juzgados. Es decir, de la separación de poderes en democracia, se ha pasado a eliminar los juzgados para vigilar el cumplimiento de la ley. ¿Quién garantiza que los políticos actúen conforme a la Constitución Española de 1978 o los estatutos de autonomía? Ahora "ellos" son la ley.

El segundo punto se arroga el acuerdo "previo" sobre medidas fiscales. Es decir, todo aquellos impuestos que el gobierno socialista pretenda llevara a "Cortes" deben ser "acordados" con el PNV antes. "Ellos", un sector de la comunidad autónoma vasca, tendrá control sobre los impuestos del resto de España, además de su propio "concierto económico", que destaca una diferencia entre sus ciudadanos y "nosotros".

La aceptación del "conflicto político" entre España y "Catalunya" —transcribo literal el término, en español se escribe Cataluña—, es una cesión que recuerda el terrorismo de ETA:

"Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya.

Como cualquier conflicto de esta naturaleza, sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo.»

Aquellos dieron un golpe de estado en esa región. Fracasaron y, aunque fueron penados por sedición, siguen en su motivación y fines. Una parte de sus líderes están cumpliendo condena, otros evadidos de la acción de la justicia en refugio de esa falsa Unión Europea. ¿Quién cree en la posibilidad de un diálogo con alguien que ha decidido, intentado y continúa con el proyecto de romper el sistema democrático de España? Un socialista incapaz de conseguir una mayoría absoluta por tercera vez.

De nuevo en el acuerdo, muy semejante con los vascos, han conseguido que las dos partes —ERC y PSOE— se encuentren por encima de la aplicación de la ley por el poder judicial. La separación de poderes murió hace años. Alfonso Guerra, otrora vicepresidente del gobierno y vicesecretario general socialista, anunció la defunción de Montesquieu en España. Años después, Sánchez Pérez-Castejón firma el certificado de defunción por duplicado, triplicado o las veces que hagan falta, dependiendo del partido correspondiente.

El presidente del gobierno está fuera de la ley, por encima de ella para ser más concreto. Esta vez, a diferencia de la hemeroteca, no ha dicho unas palabras que el viento se llevaría. Han firmado documentos que avalan la comisión de un golpe de estado desde las instituciones, sin violencia ni generar caos, de momento, pero con toda la intención de subvertir el orden constitucional.

La urgencia de ser investido —aunque coloquialmente parecerá "embestido" por las huestes separatistas— tiene como única finalidad alcanzar la meta de ser nombrado Presidente del Gobierno. Una vez alcance llegue al Palacio de la Moncloa como titular, ¿cómo va a ser expulsado de allí? En él recaerá la convocatoria electoral; él decidirá el nombramiento del Consejo de Ministros; él deberá intentar que se cumpla, respete y haga respetar la ley en toda, toda España. ¿Tendrá el coraje de respetar el juramento ante S.M. El Rey de España y la Constitución Española de 1978?

Si así lo hiciere, incumplirá sus acuerdos de investidura con los partidos que facilitaron su nombramiento. En caso contrario, se certificarán varios presuntos delitos y se habrá completado un golpe de estado a la democracia española. Confiemos en su costumbre de mentir: nos irá mejor a todos "nosotros", quienes creemos en el imperio de la ley y la justicia sobre todos, "todos".