Estos días se habla mucho de si se aprobará o no el presupuesto municipal para el año 2026. Todo el mundo habla, pero pocos lo conocen.

Se trata de un documento complejo, denso y difícil de interpretar. Sin un análisis por capítulos, una visión rápida a la vista de las noticias de la prensa seguramente resta valor a la opinión que pueda verterse.

Aparte del juego político relativo al apoyo, abstención o voto en contra del partido que había consensuado su contenido, es de suponer que nuestros representantes encontrarán el modo de salir adelante, porque las elecciones municipales se producen inexorablemente cada cuatro años.

Desde este punto de vista (el del juego político), los ciudadanos no podemos entender que por segundo año consecutivo no exista un convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza para acometer obras en los barrios rurales.

Hay que reconocer la excelente labor de Blanca Solans, consejera de Hacienda y Fondos Europeos, como ya demostró en la anterior corporación en su cargo como directora general de fondos europeos.

El presupuesto es similar al de las ciudades de su tamaño, como Sevilla, y presume de destinar aproximadamente un 10,38% del total a las diferentes inversiones (108 millones de casi mil cuarenta millones de presupuesto total). La verdad es que la mayor parte del presupuesto se destina al funcionamiento propio de la administración y a las grandes contratas, como transporte público, limpieza, etc.

Y eso pasa en cualquier ayuntamiento. Repasar uno por uno todos los gastos que se prevén es misión ardua, y más cuando apenas se ha tenido tiempo para consultar el documento completo.

No obstante, una gran parte de las inversiones ya se habían previsto, anunciado, o iniciado hace tiempo (han sido ampliamente publicitadas), aunque se echan en falta cuestiones como la venta del suelo junto al pirulí de Telefónica en vía Hispanidad u otros que han creado polémica en la ciudad.

Se aprecian inversiones en los distintos barrios de la ciudad, como corresponde a la obligación que tiene cualquier regidor de equilibrar la ciudad de conseguir una calidad de vida similar en cualquier parte de ella. Y eso debería pasar por consultar con los ciudadanos; al igual que se hace cada año con la operación asfalto (se consulta a los habitantes de cada junta de distrito para validar sus propuestas por los técnicos municipales), podría efectuarse una consulta periódica sobre cuáles son las necesidades más perentorias de cada parte de la ciudad para gobernar de acuerdo con los habitantes. Pero eso no ha pasado nunca.

En cualquier caso, a nuestro entender, es más interesante conocer cómo y en qué se ha gastado el presupuesto del año que acaba. Es bastante fácil anunciar inversiones y presumir de hacerlo bien gastando más sin subir impuestos y tasas, pero lo que siempre queda en la sombra es el grado de cumplimiento del ejercicio que acaba.

Un presupuesto es un documento lo suficientemente importante para tomárselo en serio; deben preverse ingresos y gastos y debe intentarse cumplir a rajatabla. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a escuchar que hay partidas que año tras año no se ejecutan o un número altísimo de modificaciones presupuestarias, que deberían ser las mínimas para poder adaptarse a gastos imprevistos.

Como garantía de buen gobierno, se debería justificar la ejecución presupuestaria antes de presentar uno nuevo para el año siguiente. Los gestores de nuestro dinero deberían esforzarse en explicar con el suficiente detalle qué se ha hecho con él.

Y por último, si a los ciudadanos les preguntaran qué hay que mejorar en el funcionamiento de la administración municipal, seguramente habría una lista infinita, pero por falta de espacio nos quedamos con una sola cosa: la intervención municipal debería ser mucho más ágil de lo que es (seguramente debería incrementarse el personal que lo integra), porque sus retrasos pueden provocar problemas económicos graves difícilmente superables.

Y para muestra un botón: el año 2025, las subvenciones al tejido social de la ciudad para su apoyo y funcionamiento se han abonado la primera quincena de diciembre.

Una administración, como es la municipal en este caso, que tarda mucho tiempo en pagar a sus acreedores no es una administración eficiente.